Dos décadas tuvieron que pasar para que un gobierno, por fin, tome medidas sobre los malhadados contratos que la empresa brasileña Norberto Odebrecht obtenía afectando los intereses del país. La decisión de Rafael Correa de expulsar a la constructora del proyecto San Francisco, afloró una serie de irregularidades cometidas, tanto en el aspecto técnico como en el económico, de este y otros proyectos entregados a dicha compañía brasileña.

Acostumbrada a la corruptela de anteriores gobiernos y funcionarios, la constructora Norberto Odebrecht no tenía previsto que el actual gobierno supervise los trabajos realizados en la represa San Francisco, lo que permitió revelar las fallas técnicas que detuvieron el funcionamiento de la central hidroeléctrica. Obviamente, esto llevó al gobierno a tomar medidas pertinentes y demandar la investigación inmediata sobre la ejecución de otros proyectos hidroeléctricos, como por ejemplo, el Toachi - Pilatón.

Odebrecht obtuvo 13,6 millones de dólares (rubro que no estuvo contemplado dentro del contrato), por concluir la construcción de San Francisco antes del tiempo acordado: la central fue entregada en junio de 2007, pero un año después, en junio de 2008, suspendió sus operaciones. Hoy, las pérdidas generadas por la mala construcción de la hidroeléctrica superan los 40 millones de dólares, es decir, 200 mil dólares diarios, en los cuatro meses (de junio a octubre) de paralización. Además, la constructora ofreció concluir los trabajos de reparación en San Francisco el 4 de octubre y reanudar inmediatamente las operaciones de la misma, situación que tampoco se cumplió.

A las denuncias de las irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica, deben sumarse las investigaciones acerca de la factibilidad del proyecto, tanto técnica como de impacto ambiental, pues es conocido el desacuerdo de varias comunidades del sector (cantón Baños, provincia del Tungurahua) por los problemas ambientales que esta obra causaría, situación por la cual, también, Norberto Odebrecht debería responder. El proyecto fue promocionado desde un inicio como técnicamente viable, eficiente para cubrir la demanda energética y económicamente rentable para el Estado. ¡Esto no se ha cumplido!

La empresa Odebrecht, aunque ha “lamentado los inconvenientes causados al Estado”, está ejerciendo presión sobre el gobierno brasileño para que interceda en la solución de este tema, pretendiendo una reconsideración del presidente ecuatoriano. Pero en la posición patriótica de Rafael Correa han primado los intereses de los ecuatorianos; el mandatario ha reiterado su compromiso de hacer respetar la soberanía del país.

En este contexto, el Gobierno debe suspender en su totalidad los contratos acordados con esta empresa. Los proyectos San Francisco, Toachi Pilatón, proyecto Baba, entre otros, deben ser revisados y fiscalizados.