Luego del triunfo del SÍ en el referéndum del 28 de septiembre, varias son las proyecciones y perspectivas que tienen los sectores populares; una de ellas es la expectativa por el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución.

Entre los derechos que se encuentran estipulados está el de la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel, el mismo que comprende la escolaridad de los estudiantes universitarios.

La Universidad Central históricamente ha sido una institución democrática y progresista, fue la primera institución en implantar la autonomía universitaria, a pesar del dominio español en la Real Audiencia de Quito (1651); fue la primera institución de educación superior en consagrar el cogobierno en la década de los veinte, y el cogobierno paritario en 1977; luego de la masacre de bachilleres realizada en la Universidad de Guayaquil, el 30 de mayo del mismo año, la UCE establece el libre ingreso a la Universidad. Esta tradición democrática ha sido ratificada por el H. Consejo Universitario, el 7 de octubre del año en curso, al acoger el precepto constitucional de la gratuidad en este centro de educación superior del país.

La decisión tomada por el máximo organismo de dirección universitaria guarda sindéresis con los postulados que esta institución ha venido levantando hace varios años; ya que su movimiento estudiantil ha sido uno de los principales actores en la lucha contra la implantación del neoliberalismo en el país.

¿Qué significa esta decisión?

Significa que el estudiante deje de pagar por concepto de su escolaridad, la misma que se resume en: pago de inscripciones, matrículas, arrastres, cursos obligatorios, derechos de laboratorios, pago de reactivos y materiales, tanto de lo presencial como lo semipresencial, y las extensiones.

El costo que la universidad dejará de percibir por este concepto es de veinte y dos millones de dólares, cifra que cubre también los gastos de desarrollo que la institución necesita, puesto que la gratuidad trae consigo la ampliación de la cobertura.

A decir de Marcelo Rivera, dirigente estudiantil universitario, “la escolaridad no solo es la matrícula, sino todo lo que el estudiante paga para cubrir sus estudios durante todo el año lectivo. El Estad estaría entregando 36 dólares por estudiante al mes, mientras hay países como Argentina que invierten 600 por cada educando”.

La gratuidad de la educación trae consigo la necesidad imperiosa de que la institución corresponda al momento político, social y económico que vive el Ecuador. Es el momento para concebir a la reforma universitaria como un proceso de ruptura con el pasado, con lo tradicional, que establezca los pilares para construir una educación al servicio del proceso emancipador del país.

Temas como acceso, evaluación, gobierno universitario, extensión universitaria, planes y programas de estudio, son temas que entran al debate y en donde la juventud estudiantil, la intelectualidad progresista y de izquierda los pueblos del Ecuador tienen la tarea de actuar con iniciativa y ofensiva para desmontar el proyecto neoliberal.