Con la disputa entre la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), en torno a la gratuidad de la educación superior, se inició la nueva etapa política que se veía venir luego del triunfo del SÍ en la consulta popular del pasado 28 de septiembre. Esta nueva etapa está caracterizada por la puja entre quienes quieren hacer de esa Carta política un instrumento de avance, de concreciones, y quienes pretenden mediatizarla, tergiversarla y hasta anularla.

Protagonismo importante han jugado las organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios en este tema. Aunque todo se inició con la resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, de aplicar, al pie de la letra, sin más trámite, lo que dispone el cuarto párrafo del Artículo 28 de la nueva Constitución. Esto trajo, como es obvio, una encrucijada al Gobierno Central: ¿cómo cubrir las rentas (alrededor de 22 millones de dólares) que ello demanda?, además, a partir de esta decisión, vendrían decisiones similares, en cadena, por parte de las 28 universidades públicas del país. La cifra total de las compensaciones ascendería entonces, según algunos análisis, a más de 300 millones de dólares.

El régimen tuvo que recurrir a la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), que apareció en escena interpretando a su manera dicha disposición constitucional. Según los técnicos de este organismo, la norma solo es aplicable para los “buenos estudiantes”, no para “los mediocres”, y ese discurso entusiasmó al Ministro de Educación, que desde hace rato tiene en las organizaciones de maestros y estudiantes del país a sus principal es enemigos.

Ahora la discusión gira alrededor de qué cosa es la “responsabilidad académica” que establece el segundo párrafo del artículo 356, concepto que está vinculado al de la gratuidad. Para comenzar, uno de los argumentos de peso de la dirigencia estudiantil es que la Senplades no es el organismo que puede interpretar la Constitución, ello tendrá que hacerlo únicamente la nueva Asamblea Nacional que remplaza al Congreso, y deberá hacerlo únicamente a través de una norma legal específica, y no de simple palabra.

Por otro lado, la responsabilidad académica no solo depende del estudiante, en términos de notas, o de materias aprobadas, tiene que ver, de manera fundamental, con cómo está diseñado el papel de la universidad en relación al desarrollo nacional. Si el Estado pretende exigir excelencia académica, es obvio que debe dar las mínimas condiciones para que ésta se produzca, como norma, y no como excepción. Es decir, deberá garantizar un cambio en el sistema educativo en general, que implique que a la universidad lleguen estudiantes con un nivel adecuado, y ello quiere decir escuelas y colegios en otras condiciones, con maestros capacitados, remunerados dignamente de forma que puedan hacer de su profesión su fundamental forma de vida y no que tengan que combinarla con el taxismo o el comercio, entre otras actividades. Que esas escuelas y colegios tengan la infraestructura necesaria, que cuenten con laboratorios, que cuenten con los suficientes profesores y no sigan existiendo esas escuelas unidocentes que son un dramático síntoma del atraso de la educación en nuestro país.

La excelencia también tiene que ver, sobre todo, con que esos niños y jóvenes tengan una situación estable en su hogar, tanto en el aspecto económico como psicológico y familiar (y la migración no permite esto), que estén bien alimentados, bien atendidos su salud, es decir, los estudiantes de 10 sobre 10 solo vendrán de un país que en materia social tenga 10 sobre 10.

Además, si el Estado reclama excelencia, éste debería también mostrarla en todos sus procesos. No es posible, por ejemplo, que el Ministro de Educación, por negligencia (¿o por mala fe?), haya dejado de entregar el carné estudiantil a los jóvenes de escuelas y colegios, por lo cual los jóvenes de los colegios dirigidos por su organización, la FESE, tuvieron que salir a las calles a manifestarse. Si ese Ministro tuviera que ser evaluado en términos de notas, seguro que hace rato habría reprobado el año.

Por otro lado, ¿se puede excluir del derecho a la gratuidad a un joven que por problemas económicos tiene que dejar de estudiar a medio ciclo académico, y luego quiere reincorporarse a la universidad? ¿Se puede excluir, en general, del derecho a estudiar a cualquier joven?

Los estudiantes de las universidades públicas significan para el país un recurso humano de primera línea para empujar el desarrollo, para enfrentar los retos del cambio, que no solo implican generar ciencia y tecnología, resultados en términos académicos, sino también participación política en la lucha contra el pasado, contra quienes pretenden ponerle zancadillas al cambio.

Si se siguen mirando las cosas desde el atril del intelectual funcional y no desde la realidad y desde los reales protagonistas de esa realidad, unas serán las elaboraciones teóricas que se planteen para definir el cambio, y otras las tristes realidades que lo impidan. La teoría solo debe provenir de la praxis, de la realidad objetiva, de quienes hacen la vida misma del hecho educativo, no de meras elucubraciones de intelectuales que, por más respetables que sean, siguen mirando al país con el lente de escenarios extraños al nuestro.

Estoy totalmente confiado en la responsabilidad de nuestros estudiantes

Msc. Franklin Cabascango, Vicerrector Académico Universidad Central del Ecuador

La Universidad Central, desde siempre, ha defendido principios, tesis, ha defendido derechos, por eso es que con mucha frecuencia en los momentos más importantes y decisivos para la historia del país, esta institución ha dicho con mucha decisión su palabra orientadora, ha defendido la justicia, la libertad, la democracia, la soberanía nacional, la salud, la educación, ha luchado siempre contra la corrupción.

La Universidad ha sido la conciencia ética del país, por eso es que también ha defendido la gratuidad de la educación, porque hemos creído que un país como el nuestro necesita de manera urgente una educación incluyente, que todos los niños y los jóvenes puedan tener acceso a la educación, sin limitaciones y sin diferencia de ninguna naturaleza, ésta ha sido la lucha permanente de la universidad.

El Consejo Universitario del 7 de octubre del 2008 fue histórico, pues guardando sindéresis y en coherencia con lo que siempre hemos propuesto y mantenido, resolvió aplicar la gratuidad de la educación.

Entendemos por gratuidad lo que dice la Constitución, que será gratuita la educación hasta el tercer nivel, y la transitoria decimoctava que dice que los estudiantes no pagarán los rubros que corresponden a derechos, aranceles y a matrículas, por lo tanto, así hemos procedido: en total y absoluto respeto a lo que manda la Constitución, no hemos cobrado las matrículas a los estudiantes. Se reivindicó el derecho de la juventud a acceder a la educación superior.

Las autoridades de la Universidad hemos tenido varias reuniones con la SENPLADES, a la que el gobierno encargó que se reúna con las universidades para que recoja los planteamientos al respecto. Los personeros de SENPLADES nos manifestaron en principio que el Gobierno estaba totalmente dispuesto a compensar los rubros que no percibieron las universidades por aranceles y derechos, circunstancia que nos satisfizo completamente, porque entonces el gobierno también guardaba sindéresis, coherencia con lo que ha dicho y con lo que dice la Constitución, que es la Carta Magna.

Indudablemente, nosotros tuvimos que presentarle el presupuesto correspondiente para la compensación. No hay que confundir la compensación con el presupuesto del próximo año. La compensación solo se orienta y se refiere al último trimestre, o sea a octubre, noviembre y diciembre.

En la ultima reunión, la asesora argentina de SENPLADES manifestó que estaba de acuerdo con todos los rubros que habíamos hecho constar, excepto con tres, incluso nos dijo que no estaban de acuerdo con financiar el carné estudiantil. Nosotros les explicamos que ésta era una necesidad irrenunciable, porque los estudiantes necesitan el carné para ingresar a la universidad, para ir a las bibliotecas, al departamento médico, y acceden a una cantidad de cosas que son absolutamente necesarias. Entendieron que es parte de la escolaridad y consecuentemente lo financiarán. Sabemos que el Gobierno, en la próxima semana, va a decretar ya la compensación.

¿Y las segunda y tercera matrículas?

La Constitución de la república no dice cuántas matrículas, solo dice “la educación será gratuita hasta el tercer nivel”, consecuentemente la Universidad ha decidido que no se cobre ni primera, ni segunda, ni tercera matrícula, porque la Constitución no lo dice expresamente, y para que se interprete este artículo sólo puede hacerlo la nueva Asamblea Nacional que se deberá elegir en febrero, los asambleístas no sólo lo podrán interpretar sino también podrán elaborar la nueva Ley de Educación Superior, y ahí seguramente harán constar algunas observaciones, pero mientras tanto la Universidad ha cumplido estrictamente con el mandato constitucional.

Ahora, también se confunde lo que es RENDIMIENTO con lo que es RESPONSABILIDAD. Los periodistas me han dicho que cómo es posible que se pueda compensar a estudiantes que tienen bajas notas, pero eso no dice la Constitución, dice que la gratuidad estará en relación con la RESPONSABILIDAD, que es una cosa diferente que el rendimiento, porque tan responsable es el estudiante que pasa con siete como el que gana con diez; ambos ganan el año.

Además, los estudiantes no pierden el año por irresponsables, en la Universidad Central hay estudiantes que son muy pobres, que tienen que trabajar y por motivos económicos tienen que retirarse para poder acumular un poco de dinero y continuar estudiando, eso no es irresponsabilidad. Hay mujeres que se casan y están en estado de gravidez, circunstancia que no les permite continuar con sus estudios, se retiran y luego regresan con segunda matrícula, y así, hay muchos casos que demuestran que no se trata de irresponsabilidad, son cuestiones justificables.

El presupuesto presentado por la Universidad Central a SENPLADES asciende aproximadamente a nueve millones de dólares, eso es lo que el gobierno deberá compensarnos respecto al actual este trimestre del año, pero también nosotros vamos a elaborar otra proforma, del año 2009, porque el gobierno manifiesta que quiere una educación superior de calidad y nosotros también, siempre la hemos deseado, la hemos exigido.

Le apostamos a la radicalización del cambio

Sebastián Cevallos, Presidente Nacional de la FEUE

En esta última etapa, la FEUE ha sido actora del proyecto de transformaciones que lo protagonizan los pueblos. Nos planteamos liderar el movimiento estudiantil universitario, y con él, lograr que este proyecto de cambio se profundice, se radicalice, y que en él se plasmen las aspiraciones del movimiento juvenil y del movimiento popular en general.

En el tema de la excelencia, nos planteamos una universidad que ya no tenga esos parámetros de calidad internacionales que son parte de las cartas de intención neoliberales, sino que sea una excelencia medida en tanto y en cuanto la universidad aporta a la solución de los grandes problemas nacionales, y esa misma medida es la que nos da a nosotros la vinculación de las universidades públicas con los pueblos, con los verdaderos hacedores de la riqueza y de la historia del país. La gratuidad se convirtió en la bandera de lucha principal de la juventud universitaria, y podemos decir que hemos tenido una victoria histórica, únicamente comparable con la batalla de 1969, donde se consiguió el libre ingreso a las universidades, cuando fueron asesinados decenas de estudiantes secundarios y universitarios en la casona universitaria en Guayaquil. Significa un hito histórico recuperar el derecho de la juventud de ingresar a la universidad, de educarse, de participar en el debate de lo que significa la ciencia, la tecnología y el desarrollo del país. Ese derecho lo hemos recuperado después de mucho tiempo, no solo en la Asamblea, sino en todo este proceso de lucha y participación política de la FEUE en el contexto político del país.

A esta victoria hay que entenderla como parte del objetivo de democratización de la universidad. Significa hacer una apuesta a la juventud, a esos 300.000 jóvenes que están en la universidad, pero también a esas 300.000 familias, de que podrán contribuir en los procesos de transformación y desarrollo del país.

A esto se oponen las élites, que han dicho que se debería permitir ese derecho únicamente para los mejores, es decir para las élites académicas, que debería segregarse a los estudiantes que pueden llegar a las universidades; nosotros decidimos que esas son posiciones neoliberales, derechistas y atrasadas que ya han sido derrotadas el 28 de septiembre, permanentemente derrotadas en estos últimos tiempos, y que más bien la gratuidad siendo un derecho fundamental, debe ser de aplicación inmediata, debe ser completa, no debe haber cobros de rubros que hasta ahora existen, y por lo tanto el Estado debe solventar lo que corresponde, desde una perspectiva de recuperación de la universidad pública para la juventud.

Si muchos más jóvenes van a ingresar a la universidad, es necesaria mucha más inversión, tanto en el aspecto de la infraestructura, como en laboratorios, profesores, en todo lo que significa la excelencia académica. Le tomamos la palabra al señor Presidente, porque él ha dicho a medios internacionales que los sectores populares no se van a ver perjudicados en medio de esta crisis económica mundial, sino el pago de la deuda externa, entonces le queremos tomar la palabra: hay una deuda externa de 11.000 millones de dólares, en cerca del 20% del PGE se sigue pagando la deuda, entonces, digamos claramente cuál es la deuda “legítima” y cuál es la ilegítima, aunque para nosotros la mayoría de ella es ilegítima, y entonces, lo que se destinaba a eso ahora se invierta en educación, vivienda, reactivación del aparato productivo. Eso es lo que debemos hacer para recuperarnos de lo que causó el neoliberalismo.