Gobierno y banqueros vuelven a enfrentarse, una vez que el proyecto de Ley para la creación de la Red de Seguridad Financiera se presentó en la Comisión de Legislación para su respectivo tratamiento y posible aprobación. Esta ley, que fue elaborada por el equipo económico del Régimen, encabezado por el ministro coordinador de la Política Económica, Pedro Páez, y discutida por el Gobierno en pleno, tiene algunos cuestionamientos.

El proyecto establece que dentro del marco de una nueva arquitectura financiera se creen cuatro pilares fundamentales para su funcionamiento: la supervisión bancaria preventiva y oportuna a cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros; el Fondo de Liquidez que actuará como prestamista de última instancia; el seguro de depósitos que será manejado por una nueva entidad estatal y, finalmente, el nuevo esquema de resolución bancaria, que permita la salida ordenada de instituciones financieras que lleguen a ser inviables. Respecto al Fondo de Liquidez, según el proyecto de ley, operará por medio de la constitución de un fideicomiso mercantil de inversión que será administrado por el Banco Central con aportes de las mismas instituciones financieras privadas sujetas a encaje. Asimismo, de aportes que deberán realizar los bancos a través de un equivalente no menor al 3% de sus depósitos sujetos a encaje, otro adicional del 2.5 por mil anual de sus depósitos sujetos a encaje, de valores provenientes de los rendimientos e intereses que generen las operaciones propias del objeto del fondo, así como de las inversiones de sus recursos y, finalmente, de aportes realizados por personas jurídicas en calidad de constituyentes adherentes.

Las autoridades económicas y de bancos han asegurado que el Fondo de Liquidez no se conformará de los ahorros de los depositantes y peor que éstos sirvan como prestamistas de última instancia para resolver la situación de una institución financiera inviable. Pero en el ambiente queda una pregunta: Si esta ley asegurará los depósitos y existirá un fondo constituido por las mismas instituciones financieras ¿qué pasará si los bancos necesitan más dinero de lo aportado en el Fondo de Liquidez para resolver una posible inviabilidad? Existe un riesgo real de que la instancia última termine siendo el Estado, que, por ser el administrador y responsable del fondo, se vea obligado a garantizar una liquidación ordenada de las instituciones financieras. Además, el proyecto de ley indica que: “resuelta la liquidación forzosa de una institución del sistema financiero, no podrán iniciarse procedimientos judiciales ni administrativos contra dicha institución financiera, no podrán decretarse embargos ni gravámenes ni dictarse otras medidas precautelatorias sobre sus bienes, ni seguirse procedimientos de ejecución de sentencias en razón de fallos judiciales o administrativos, a causa de obligaciones contrarias con anterioridad a la fecha en que se resolvió liquidar a esta institución…”

¿Qué pasará con el daño causado a los depositantes hasta que la institución liquidada pase a ser administrada por otro banco solvente, como así lo establece el mismo proyecto de ley? ¿Cuánto tiempo esperará el depositante para que sus recursos económicos vuelvan a ser administrados con normalidad? Esperemos que el remedio no sea peor que la enfermedad, más aún con una crisis capitalista que ya golpea nuestra puerta.

Hasta dónde es el alcance de las declaraciones de la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, cuando explicó a los medios de información que con el proyecto de Ley Orgánica para la creación de la Red de Seguridad Financiera en el Ecuador se aspira crear un Fondo de Liquidez que alcance los 1 200 millones de dólares, con contribuciones del Estado y de la banca, con el fin de que cumpla una función de “prestamista de última instancia” en caso de una crisis financiera, en el modelo de dolarización.

Esto es solo un abrebocas de todo lo que contiene el Proyecto de Ley para la creación de la Red de Seguridad Financiera. Habrá que discutirlo…

Edison Solís Vargas