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Política

Soberanía, dignidad y minería

La vigente Ley Minera ha sido duramente criticada por las organizaciones sociales durante décadas, y fue creada y reformada por los gobernantes de turno para favorecer a los empresarios, como el ex ministro de Energía Pablo Terán, a empresas transnacionales, y para empobrecer a las comunidades y al país.

| Quito (Ecuador)
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En el gobierno de Rafael Correa, la Asamblea Constituyente, consciente del cambio que el Ecuador necesitaba dar en todos los ámbitos, aprobó el Mandato Minero, que significó un verdadero triunfo para las organizaciones populares y ecologistas, comunidades afectadas por los proyectos y trabajos mineros, y para los trabajadores y pueblos en general, lo cual desembocó en el triunfo del SI en el referéndum del 28 de septiembre pasado.

Con la nueva Constitución, el Ecuador requiere urgentemente de una nueva Ley de Minería, que regule la explotación de minerales así como de metales que se encuentran dispersos en el territorio del país, que recupere y administre los recursos naturales como parte de la soberanía.

Con el propósito de reformar la actual Ley, el gobierno presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley para su discusión y aprobación. Propuesta que va en contravía de lo que significa el proyecto de cambio del gobierno y choca frontalmente con el Mandato Minero aprobado en julio y ratificado el 28 de septiembre de este año por el pueblo. A pesar de esta contradicción, el presidente Rafael Correa, en su cadena radial de los sábados, defendió el proyecto de Ley y desestimó las críticas y manifestaciones de los sectores sociales y comunidades afectadas por la minería y que están en contra con el mencionado proyecto.

Para Gloria Chicaiza, miembro de Acción Ecológica, el Mandato Minero y la Constitución establecen que solo excepcionalmente podrá intervenir la empresa privada en actividades mineras, y menos aún en la minería metálica de gran escala, que no existe en el Ecuador, y es lo que se propone en este proyecto. “La minería aurífera que existe en el sur del país debe ser controlada y manejada técnicamente”, expresa. Añade que las inmensas cantidades de reservas de oro y cobre que las empresas mencionan que existen no son ciertas, y que las ganancias de las que hablan si se explotara esa supuesta riqueza, suman cifras de las reservas probadas, probables y potenciales.

“Estamos a tiempo de decirle NO a la minería de cielo abierto”, dice Gloria Chicaiza. “El productor de metales no controla los precios de los metales, y actualmente los precios de estos minerales están bajando estrepitosamente. No existe razón ni cantidad que compense el daño al ecosistema que implica extraer los minerales metálicos que contribuyen a mantener la biodiversidad externa e interna de la tierra. La biodiversidad que posee el Ecuador es incalculable. Esta ley lo que plantea es sostener al neoliberalismo con la minería y aplicar un Tratado de Libre Comercio Minero con empresas canadienses y de otros países, según el marco jurídico de la Ley Trole II.

El Dr. Fernando Albán, abogado y ambientalista, explicó que el Proyecto de Ley de Minería violenta la Constitución y debe ser analizado profundamente por el Gobierno, además está en contra de las declaraciones y convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario, como son la declaración de Estocolmo, la Declaración de Río, el Protocolo de Kyoto, y otros; y que, según la Constitución, toda la legislación ambiental internacional forma parte de la legislación interna sobre esta materia, por lo que la Ley de Minería debe guardar armonía y no debe contradecir las normas ambientales internacionales.

El aspecto positivo del proyecto de Ley es el reconocimiento que se hace de la Gestión Ambiental. Según el jurista, esto es apropiado y guarda armonía con la actual Constitución y toda la normativa internacional ambiental, puesto que establece las políticas y demás normas sobre prevención, control y mitigación del medio ambiente. Detalla también el contenido de los Estudios de Impacto Ambiental y evaluación ambiental, a criterio del abogado.

Varias organizaciones, como la CONAIE y algunos asambleístas, se han pronunciado por el NO a la minería, porque no genera empleo necesario para las comunidades que actualmente viven de las actividades agrícolas, de la caza y la pesca. Mencionan también que se está violentando la Constitución al dejar de lado el derecho a la autodeterminación de los pueblos que consta en el Convenio Internacional 169 de la ONU, porque la minería mal llevada y sin sanciones, como la aplicada actualmente, ha contaminado los ríos Tenguel, Chico, Siete, Amarillo, entre otros que eran utilizados para consumo humano. Se ha pisoteado la dignidad del hombre con estas actividades mal llevadas en poblaciones como Nambija, por falta de control gubernamental y de aplicación de tecnología apropiada. Además se ha probado que el desarrollo de las actividades mineras ha dejado desolación, enfermedad y muerte a las poblaciones más ricas del país, tanto para los seres humanos como para el ambiente.

Varias comunidades al norte del país se movilizaron en contra del Proyecto de Ley de Minería porque el Estado daría prioridad en la utilización del agua para estas actividades realizadas por las empresas estatales o privadas, dejando en segundo plano el consumo humano. La prohibición de estas actividades, a estas alturas, es imposible; las actividades mineras fueron aprobadas sin consulta previa, los beneficios no han sido visibles hasta estos días, el pretexto fue la economía y desarrollo del Ecuador. La continuidad de la explotación y extracción de los minerales metales y no metales debe realizarse en estricto cumplimiento de la Constitución y el Mandato Minero, que establecen la defensa de la soberanía, la distribución equitativa de las ganancias en caso de concesiones a empresas extranjeras, y no como pretende el Proyecto de Ley, de que sean de hasta el 5%. Deben crearse medidas normativas adecuadas, y respetarse la Ley de Gestión Ambiental, sobre todo se requiere un Gobierno que respete, haga respetar y sancione a los infractores.

El MPD propone el respeto a la Constitución, la regulación de las actividades mineras, la prohibición de la explotación y extracción minera a gran escala, y que se priorice la dignidad y respeto a la vida y el bienestar social.

La oposición sin propuesta entrampa el debate, no genera propuestas o soluciones; el gobierno debe escuchar a los sectores afectados y aplicar las medidas que beneficien al país, sin olvidar las necesidades de los afectados.

Opción

El periódico alternativo Opción es un quincenario ecuatoriano que apareció el 21 de enero del 2001, un año después del derrocamiento del presidente Jamil Mahuad, en un escenario de crecimiento de la lucha de los pueblos. Recoge en sus páginas los principales anhelos, la cultura, y las luchas de los pueblos de Ecuador, América Latina y el mundo. Opción busca desentrañar la esencia de los problemas, denunciar a sus responsables y contribuir en la construcción de una propuesta política popular, unitaria, antiimperialista y de transformaciones profundas.

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