El mes pasado, Ricardo Patiño y el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, ante la negativa de los ex magistrados de que sea un sorteo el que defina la suerte de los nuevos jueces y la constitución de la Corte Nacional de Justicia y de la Función Judicial, anunciaron al país que la mejor salida a este vacío legal existente era la prórroga de los ex magistrados, hasta que la Comisión Legislativa cree la nueva ley que dé paso a las nuevas autoridades que dirijan el destino jurídico del país.

Entre los ex jueces la noticia fue agradable, era notoria la satisfacción de varios de ellos, pues recuperaban el poder jurídico, económico y político que se les estaba retirando, pero también entre la sociedad se podía percibir la decepción y repulsión al retorno de quienes aplicaban la ley de acuerdo a los intereses económicos de los demandados, de quienes generaban la impunidad para los banqueros corruptos y algunos ex mandatarios que estafaron a los ecuatorianos.

Estas decisiones contrarias a la voluntad del pueblo, obtuvieron el rechazo popular, las críticas de sectores que apoyan el proyecto político de cambio, y generaron movilizaciones, especialmente en Quito, del Movimiento Popular Democrático.

Ante este malestar general, la decisión de prorrogar las funciones de los jueces está perdiendo fuerza, a pesar de que entre algunos miembros de la Corte Constitucional se escucha que deberían ser los conjueces quienes asuman los cargos, mientras se crea la ley que elija a los jueces y miembros del Consejo de la Judicatura.

La ley es clara, como se mencionó en el número anterior de OPCION: “no se puede manosear la justicia, la nominación de unos jueces inconstitucionales no puede avalar un proceso posterior igualmente inconstitucional”. Para la elección o nominación de los jueces se debe tomar en cuenta el sentimiento del pueblo, y éste debe ser quien elija a quienes realmente apliquen la justicia a favor de los sectores relegados históricamente, y no la Corte Constitucional.

La propuesta del MPD de que sea la Comisión Legislativa y de Fiscalización la que apruebe la Ley Regulatoria del Consejo de la Judicatura en el menor tiempo posible, y que esa nueva entidad proceda a convocar el concurso respectivo para nombrar los integrantes de la Corte Nacional de Justicia, también ha tenido acogida entre las organizaciones sociales, así como en los organismos estatales que tratan el tema.

Más allá de este conflicto legal en que se ve envuelto el Gobierno, el pueblo resultó ser el más afectado, porque mucha gente espera que sus trámites judiciales que reposan en alguna de las distintas salas, que llegaron a la ex Corte Suprema desde el 2005, y que están por resolverse en última instancia, sean despachados finalmente. De ese retraso en las decisiones, de esa inoperancia e ineptitud de los jueces, ¿a quién se debe culpar?, ¿es que acaso esos procesos no generaban ganancias y por eso no eran importantes? ¿Por qué no dan las explicaciones del caso al pueblo, que es quien paga sus latisueltos?

El caso Filanbanco, que se inició en 2002, espera la sentencia que debieron dictar los doctores Fernando Casares, Pilar Sacoto y Jaime Velasco. El caso Mahuad y del Banco Popular están en manos de los doctores Luis Cañar, Luis Abarca, Oswaldo Castro y Rodrigo Serrano. En las salas de lo Laboral y Social reposan 1.170 casos, miles de trabajadores perjudicados, con o sin razón, por los patronos, esperan que se aplique la justicia por parte de los ex magistrados, doctores Rubén Bravo, Ana Abril y Alfredo Jaramillo. En la Sala Tercera de lo Penal existen 500 causas que esperaban la decisión del Dr. Hernán Ulloa, Dr. Rodrigo Bucheli y Dr. Luis Moyano, que tuvieron mucho que ver en la purificación de los juicios en contra del ex presidente Gustavo Noboa, de Bucaram, etc. En los procesos de todas las salas se aplicó la ley a medias, o simplemente se la evade. Alguien debe responder acerca de qué conflicto de intereses existió para su silencio y demora administrativa.

Las causas siguen llegando al emblemático edificio de la ex Corte Suprema y, desde que se fueron las autoridades, se han sumado a las 5.000 causas existentes originalmente, cerca de 1.000 procesos más, según informó un empleado judicial.

Para este servidor judicial, que por temor a represalias no dio su nombre, el 90% de juicios tiene fallos políticos, son resueltos por la rentabilidad que proponen los perjudicados, mientras que los de menor cuantía o de trabajadores esperan el sueño de los justos, “si no, ¿cómo se explica el trueque de la partida presupuestaria inexistente de 11 millones 586 mil 462 dólares con 80 centavos, que sirvió para comprar el edificio que actualmente ocupa la Corte Suprema de Justicia, que cobró vida gracias al ex Ministro Francisco Arosemena, en la presidencia del Dr. Armando Bermeo, en el gobierno de Gustavo Noboa? Son los resultados de la jugosa renegociación de la Deuda Externa, nada más que 450 millones que se dividieron para purificación de las culpas del ex mandatario”, comentó el judicial.

La responsabilidad de la debacle judicial no es solo de los magistrados o de los conjueces, sino del sistema judicial integral, en el que también se encuentra incluida y con mucha responsabilidad la Fiscalía General del Estado, que tiene la atribución y el deber de iniciar los procesos en contra de quienes han perjudicado al país, pero con su silencio se convierte en cómplice de atracos y corrupción.

La Comisión Cívica para el Control de la Corrupción, en su último informe, manifestó que miles de casos se quedan en la impunidad por falta de acusación de la Fiscalía, al parecer depende de quién sea el afectado para dar inicio a las acciones pertinentes, o en muchas ocasiones se espera un día antes de la prescripción para hacer llegar hasta las instalaciones judiciales respectivas los procesos, provocando la impunidad que el pueblo rechaza.

Deben ser nuevas autoridades las que administren la justicia ecuatoriana, de preferencia de elección popular, donde exista participación de las organizaciones sociales, y donde los candidatos prueben la trayectoria de transparencia y sus acciones profesionales sintinizadas con los sectores populares.

Amparo Sigcha