El asumir la decisión de no pagar la deuda externa es, a estas alturas, luego de haberse revelado el informe de la Comisión de Auditoría, la más justa y necesaria. No debe ser entendida como una desesperada salida a la crisis general del sistema capitalista a escala internacional, y mucho menos como meros anuncios “tranquilizadores” para los sectores de izquierda que hacen parte de la tendencia de cambio y que miran con preocupación ciertas medidas favorables a los empresarios y a la banca por parte del gobierno.

No hay que perderse del concepto clave que guió el trabajo de la Asamblea Constituyente y que ahora es norma suprema, que se ha vuelto sentido de patria: la soberanía. El Ecuador de hoy se orienta por este principio -no solo por decisión del gobierno-, desde que la nueva Carta Política fue publicada en el Registro Oficial. Es obvio, entonces, que el gobierno y la sociedad en su conjunto deben impugnar esa deuda, es obvio que deben calificarla como odiosa, corrupta, inmoral, ilegítima, además de ilegal, porque queda probado a la saciedad que la normativa jurídica nacional e internacional así lo define. No es, entonces, como los medios de comunicación de la oligarquía y varios de sus analistas conocidos han dicho: que “más que un informe técnico es un panfleto ideológico”.

Si esto es así, si el país entero debe repudiar y negarse a pagar una deuda externa de esas características, resulta evidente que también debe trabajar por poner tras las rejas a quienes son los responsables de este sometimiento injusto del Ecuador a intereses extranjeros. En ese sentido, la demanda que ha presentado el Movimiento Popular Democrático se vuelve clave para que las autoridades de justicia cumplan su papel con la patria, su rol constitucional: el de defender la integridad de la soberanía del Ecuador.

En cuanto a las medidas que el Gobierno ha tomado como respuesta a la crisis, habrá que ver con detenimiento, habrá que vigilar que no se trate de un nuevo gran salvataje a banqueros y empresarios corruptos. El anuncio de que se dejaría de pagar los tramos de la deuda que el Gobierno considere ilegítimos no debe significar, bajo ningún concepto, una cortina de humo, una forma de despistar a los ecuatorianos.

El gobierno, por lo pronto, mantiene posiciones dignas, soberanas, como ha sido la constante en las relaciones con otros países. A la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Colombia ahora se suma una firme y justa postura frente al gobierno de Brasil en torno al caso Odebretch. Si el Estado ecuatoriano ha sido afectado en su soberanía, en sus intereses, por una empresa transnacional, por más grande que sea ésta a nivel global, tiene que obligársele a pagar. Y las respuestas del gobierno de Lula da Silva no intimidan: basta recordar lo que los ecuatorianos fuimos capaces de hacer con la transnacional Occidental.

Al finalizar el año 2008, nuestro país, la región y el mundo entero miran una vez más que el capitalismo es un sistema obsoleto, y que los pueblos se disponen a caminar hacia adelante, que en sus sueños, pero también en la razón histórica, está la necesidad de una patria Nueva, de una Patria Socialista.