La actual Constitución dispone, en el Artículo 3 del Régimen de Transición, que el Consejo Nacional Electoral será el responsable de convocar a elecciones generales, con fundamento en lo que establece la ley, en un plazo máximo de treinta días a partir de su posesión.

De esta manera, se constituyó la normativa en la que se desarrollará el proceso electoral para el próximo 26 de abril, el mismo que según palabras de Fausto Camacho, comisionado del organismo, ha sido asumido por los integrantes del Consejo como uno de los retos más importantes de sus vidas. Esto, en razón de que apuntan a convertir al proceso, considerado por los especialistas como el más complejo de la historia electoral del país, en el mejor organizado, en relación a que garantice transparencia, probidad y certidumbre.

Para Camacho, el marco jurídico en el que se va a desarrollar este evento representa un avance democrático, porque establece condiciones excepcionales:

* Amplía la participación ciudadana al incorporar a 539.426 jóvenes de 16 a 18 años, a 75.204 militares y policías en servicio activo, a 7.000 presos sin sentencia condenatoria, además de extranjeros en condición de residentes por más de cinco años.

* Mejora la representación de las dignidades a ser elegidas, ya que integra la figura de los representantes tanto nacionales como del exterior en el Parlamento, además de mantener la representación provincial.

* En cuanto a las dignidades municipales, por primera vez la población rural va a tener representación directa, debido a que de los 1.581 representantes a nivel nacional, 1.045 pertenecerán a la población urbana y 536 a la población rural. * En cuestión de derechos, se garantiza la equidad y paridad entre hombre y mujer en las listas, debido a que la presentación de éstas será dual en cuestión de género.

* Será obligación del Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, promocionar en igualdad de condiciones a los aproximadamente 120.000 candidatos que van a participar en este proceso, contratar publicidad particularmente estará prohibido. Otro aspecto importante en relación a este punto, es la fijación de un monto límite en el gasto electoral, que varía según las dignidades.

* Además, el sistema electoral que se va a utilizar, particularmente la fórmula de distribución de escaños, garantiza la representación proporcional de las minorías, porque no permite la concentración del poder en la primera mayoría.

Bajo estas condiciones y supeditado a la ley, el Consejo prestará apoyo logístico y asesoramiento técnico para quienes se postulen a las dignidades a elegir: Presidente y Vicepresidente de la República, 5 representantes al Parlamento Andino, 15 Asambleístas Nacionales, 6 Asambleístas en representación del exterior, los mismos que estarán divididos en grupos o distritos: 2 por Europa, Asia y Oceanía, 2 por América Latina y África y 2 por Norteamérica. Así mismo, serán elegidos 103 asambleístas en representación de las provincias, 23 prefectos electos en binomio en reemplazo de los consejeros, 1.581 concejales municipales y 221 alcaldes, dando como resultado un total de 5.964 dignidades a elegir a nivel local.

El Consejo ha iniciado ya el proceso electoral con la convocatoria realizada este domingo 23 de noviembre, el siguiente paso será la inscripción de candidaturas, programada del 5 de enero al 5 de febrero del siguiente año. Sobra recordar la trascendencia de este delicado procedimiento, que se consumará el domingo 23 de abril, día de elecciones de la primera vuelta, sucedido por el segundo comicio del domingo 14 de junio. Ante esto, solo cabe destacar la importancia de la sociedad como veedora y participante activa en el momento político, con el fin de vigilar la transparencia de éste, un proceso histórico para el país.