Todo menos ‘excelencia’, en las Comisiones de Excelencia

Muy alegremente, en el Ministerio de Educación se anunció que los cambios necesarios, tanto en el proceso de selección de maestros como en la alternabilidad de los niveles directivos de las instituciones, llegaron al sistema educativo. Es así que, en noviembre del 2007, se reformó el Reglamento a la Ley de Carrera Docente, al emitir el Decreto Ejecutivo 708: “Se acabó el poder de la UNE y los palanqueos, los concursos serán transparentes y sólo los mejores obtendrán su nombramiento”, se manifestó con sarcasmo.

La unilateral decisión no demoró en causar disgusto, por la serie de inconsistencias planteadas y el omnímodo poder del ministro, Raúl Vallejo, al facultársele expedir una cadena de acuerdos ministeriales, oficios circulares, instructivos, etc., para reglar un proceso que requiere de una normativa precisa, que no dependa del capricho de uno u otro personaje de turno.

En el mencionado decreto se crea las Comisiones de Excelencia para la Docencia, la misma que se reúne informalmente solo para revisar los méritos de los aspirantes, es decir, no se cumple con lo que establece el Art. 3, que dice “…Las Comisiones de Excelencia para la Docencia sesionarán con al menos cuatro de sus miembros...”

“Lo que mal empieza mal termina”, reza el adagio popular; las convocatorias, la calificación de los méritos, la recepción de las pruebas, la sustentación del proyecto, el nombramiento del jurado calificador, tuvieron serios conflictos.

No es posible que luego de rasgarse las vestiduras, argumentando transparencia, se haya empezado violentando lo que, ufanados, escribieron para iniciar este proceso: el Acuerdo 446, que en su Art. 5, dice: “La Comisión de Excelencia para la Docencia será la responsable de organizar y ejecutar el proceso de los concursos de méritos y oposición para la designación de autoridades de los establecimientos educativos públicos de los diferentes niveles y modalidades…”

Una vez convocados los concursos, las Comisiones de Excelencia procedieron a calificar los méritos de los aspirantes, conforme el Art. 11 del Acuerdo 446, pero ese trabajo en el caso de Pichincha fue absurdamente desechado y se entregó la responsabilidad de introducir en el sistema los méritos a funcionarios de la Dirección Provincial ajenos a la Comisión.

Otro aspecto que no puede soslayarse es el relacionado con la sustentación del proyecto educativo, en el que, por denuncias de los aspirantes, se suscitaron serias anomalías, como el no cumplimiento de este paso; la no conformación del jurado calificador; los padres de familia y estudiantes fueron seleccionados a dedo, etc. Los resultados debían conocerlos la Comisión de Excelencia, como indica el Art. 16: “… el presidente del jurado calificador remitirá los resultados a la Comisión de Excelencia para la Docencia, de cada Dirección Provincial de la jurisdicción correspondiente...” Lo mismo sucedió con las pruebas de razonamiento lógico, sobre lo que el Art. 13 dice: “…Los resultados serán entregados a la Comisión de Excelencia para la Docencia …”

Como se puede apreciar, el proceso seguido en estos concursos lo centralizó el Ministerio de Educación; a tientas y tropiezos se publicaron los resultados en la página web del ministerio y en las direcciones provinciales, sin firmas de responsabilidad, que obviamente, y por iniciativa de los delegados de la UNE, no pueden responder por estos resultados en los que no tuvieron participación.

El Decreto 709 crea 12 mil partidas docentes, cuyo proceso de concurso es similar al de los niveles directivos; este se basa en el acuerdo 438 de diciembre del 2007.

Han transcurrido un año, y aún los resultados están pendientes, pese al ofrecimiento del Ministro de Educación, en cadena nacional, de entregar los nombramientos para el régimen Costa en el mes de abril de este año.

Para variar, este concurso también tiene serios problemas: al parecer, la información obtenida en los censos escolares no fue tomada en cuenta, pues se asignaron partidas docentes a instituciones urbanas, cuando se dijo que la prioridad son las zonas rurales; se crearon, además, octavos, novenos y décimos años, en instituciones sin infraestructura y junto a colegios ya existentes.

Es imperativo que todo un sistema complejo, como el educativo, no se administre desde un escritorio en el extranjero; el magisterio está en disposición de emprender grandes cambios, enmarcados en la realidad, el optimismo, honestidad y solidaridad.

Jorge Piedra, presidente de la UNE de Pichincha, manifiesta que esto sucederá con el accionar protagónico de sus actores directos: “Debemos luchar por una nueva Ley de Educación en la que se garantice los derechos del pueblo, como los del magisterio en la Ley de Carrera Docente; es necesario un papel más protagónico de las comisiones de excelencia, que resuelvan casos y dificultades, que no se centralice todo en el ministerio, o que se espere la benevolencia del ministro; es imprescindible que al interior de estos cuerpos colegiados exista transparencia y honestidad para garantizar resultados creíbles y que, efectivamente, sean los mejores maestras y maestros los que ingresen a aportar con su contingente al desarrollo de la patria nueva que todos queremos” , manifestó.

Anes están o estaban al frente de todo esto son gente colombiana, que nada tienen que ver con nuestra realidad, contratados exclusivamente con este propósito a fin de implementar condiciones laborales precarias en el magisterio”. (AL)