El comedimiento del gobierno mexicano para acatar su compromiso internacional de combatir al terrorismo contrasta con su secretismo ante los ciudadanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró la “inexistencia” en sus archivos del informe correspondiente a 2006 que entregó al Comité contra el Terrorismo (CTC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas. Sin embargo, Contralínea obtuvo ese documento, del que se desprende la estrategia que desde 2001 operan los distintos niveles de gobierno acorde con la “guerra contra el terror” estadunidense.

Tras los ataques contra el Centro Mundial de Comercio en Nueva York y el Departamento de Defensa estadunidense, el 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió las Resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) que demandan a la comunidad internacional combatir al terrorismo e informar sus logros al CTC. Vicente Fox asumió ese compromiso. Desde entonces, el gobierno federal formuló y entregó cinco informes a través de la cancillería.

Para conocer las medidas que el gobierno federal puso en marcha con el fin de evitar la comisión de actos terroristas contra su población, Contralínea pidió a la SRE copia de los informes al CTC de 2006 y 2007, en la solicitud 0000500022908 del 12 de febrero de 2008. El 9 de abril, el Comité de Información de esa dependencia consideró “inexistente” el documento de 2006 e informó que el correspondiente a 2007 estará ante el CTC este año.

No obstante, Contralínea obtuvo la versión en inglés del quinto informe de México, de fecha 30 de junio de 2006. Enrique Berruga Filloy, representante permanente de México ante la ONU, entregó este documento –que consta de 34 páginas y su portada ostenta en el ángulo superior izquierdo el sello del Consejo de Seguridad y el número S/2006/447– a Ellen Margrethe Loj, jefa del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad.

Verdad oculta

El informe –que circula “como documento del Consejo de Seguridad” tras su recepción por el CTC– trasciende la relatoría: en ocasiones es un riguroso cuestionario del órgano contraterrorista al gobierno mexicano que, a su vez, responde meticulosamente en torno a lo que ofreció en sus informes anteriores y en cuanto al proceso de las reformas judiciales, fiscales y migratorias o de los aspectos en los que coopera con terceros países para contener y eliminar la actividad terrorista.

Además, describe en forma pormenorizada las iniciativas que serán presentadas ante el Poder Legislativo para inhibir la amenaza terrorista en México o impedir que traspasen la frontera con Estados Unidos. El primer rubro del informe se refiere a las medidas en marcha sobre legislación antiterrorista. En el punto 1.1, el CTC indica que estaría “complacido” si México le informa sus avances sobre la iniciativa de reforma a la ley anticrimen, los obstáculos que enfrenta y el tiempo estimado para su aprobación. La respuesta gubernamental describe que: “El 25 de octubre de 2005 se sometió al Senado una iniciativa de ley que se transmitió a la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2005.

“Contiene previsiones del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley sobre Asociaciones de Ahorro y Préstamos, la Ley sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro, la Ley Federal sobre Instituciones de Garantía, la Ley General sobre Instituciones de Asistencia Mutua y Compañías y la Ley General sobre Organizaciones de Crédito y Actividades Relacionadas”.

Aunque subraya que “ningún obstáculo emergió a la reforma propuesta; es imposible estimar cuánto tiempo llevará su aprobación”, pues espera la opinión de las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y la de Hacienda de la Cámara de Diputados. Más adelante, cita las medidas para evitar el financiamiento al terrorismo; explica que tras la reestructuración, en mayo de 2004, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “requirió de recursos humanos, técnicos y financieros para cumplir sus funciones”.

Revela que el equipo de la UIF “se capacita con ayuda de cuerpos internacionales, incluyendo el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que proveen de asistencia técnica”. Señala que desde el 23 de diciembre de 2005 es obligatorio informar de toda transacción, que exceda los 100 mil pesos (aproximadamente 10 mil dólares), relacionada con actividades no financieras y profesionales.

En el punto 1.5, el CTC pregunta en qué proceso va la reforma legal a la que se comprometió en su cuarto informe para penalizar el terrorismo como una seria “ofensa”. La respuesta indica que el proceso se mantiene y que sólo a un individuo sospechoso de terrorismo se le negaría fianza por la “seriedad de la ofensa”.

También pregunta en qué circunstancias la ley mexicana permite la confiscación de activos de los terroristas. La página nueve del informe cita al artículo 22 de la Constitución, que prohíbe confiscar, aunque advierte que “hay mecanismos para congelar fondos, a solicitud de otro país, con base en la existencia de acuerdos bilaterales y multilaterales”.

Además, el gobierno declara que “México combate el financiamiento al terrorismo a través de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera; el Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera; el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica, y el Comité Interamericano Contra el Terrorismo”. Añade que el país fue sujeto de dos Informes de Evaluación Mutua sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Inmigración bajo lupa

Ante la posibilidad de que terroristas extranjeros soliciten asilo en el país, el CTC pregunta qué criterio sigue la Ley de Población para entender la “seguridad nacional”. El informe responde que el Plan Nacional de Desarrollo define el alcance de ese concepto y adelanta que “México no admite terroristas en su territorio y niega a tales personas el estatuto de refugiado”.

En el punto 1.12, el órgano antiterrorista pregunta qué modalidades estableció México para reforzar una inmigración fronteriza que impida el movimiento de terroristas o que el país sea refugio para cometer actos terroristas. La respuesta señala que México concluyó acuerdos de cooperación con sus “vecinos del norte y del sur” para desarrollar medidas de control que contengan los flujos migratorios “y detectar la posible infiltración de grupos extremistas que buscan usar el territorio mexicano para alcanzar a Estados Unidos de América para propósitos terroristas”.

Una de esas medidas es el Plan Centinela en todo el país y el Grupo de Seguridad Fronteriza de Alto Nivel, que se describe en la página 23. Éste opera “en áreas y puntos estratégicos que podrían ser blancos de ataque por grupos terroristas”, y añade que en julio de 2004 estableció el Sistema Integral de Operaciones de Inmigración diseñado para actualizar el procesamiento de datos migratorios a través de un sistema electrónico.

El CTC pregunta “si cumplió con lo que ofreció en su segundo informe (imponer más límites en la legislación sobre adquisición de armas y explosivos)”. La extensa réplica apunta que entre las medidas adoptadas para detectar y prevenir el cruce ilícito de armas, explosivos y municiones por la frontera se creó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte, que en marzo de 2005 acordaron los ejecutivos de México, Estados Unidos y Canadá, sin la sanción del Senado de la República.

Leyes bajo pedido

Destaca la forma en que la administración de Vicente Fox respondió al requerimiento del CTC sobre las técnicas que utiliza para investigar posibles actividades terroristas. El punto 1.9, de ese quinto informe, pide que el gobierno “especifique, sin comprometer información sensible, qué técnicas investigativas emprendió para combatir el terrorismo: operaciones encubiertas, rastreo de fondos de grupos terroristas, intercepción de comunicaciones en internet o infiltración de redes terroristas”.

Respecto de las operaciones encubiertas, la respuesta es: “La infiltración de agentes se autoriza en México por el procurador general y debe ser parte de una investigación del crimen organizado que incluiría al terrorismo, de acuerdo con el artículo 11 de la actual LFCDO”.

En el caso de internet, señala: “Las comunicaciones privadas pueden ser interceptadas con autorización de la Corte”. Agrega que el Ministerio Público determina las comunicaciones que serán vigiladas o interceptadas, los lugares bajo vigilancia y la duración de la operación “que puede ampliar el juez de distrito”, aunque “no debe durar más de seis meses”.

El punto 1.6 inquiere si México cumplió su oferta del tercer reporte (en 2003), de declarar el terrorismo como un crimen punible. La respuesta afirma que ya lo es “conforme el artículo 2, sección 1, de la LFCDO; y en el artículo 139, párrafo I del Código Penal”. Agrega que a la reforma de ese artículo (entonces en proceso) había que agregarle un párrafo que indique “que la misma pena será aplicada a cualquier persona que, directa o indirectamente financie, proporcione o recaude fondos o recursos económicos de cualquier tipo, en conocimiento de que será usado, todo o en parte, para sostener a personas u organizaciones que operen o cometan actos de terrorismo en el territorio nacional”.

En su respuesta, México habló de añadir “un título II”, acerca de crímenes que contravengan la ley internacional, y un título III sobre terrorismo internacional que contenga un artículo 148 bis, que imponga un término de prisión de 15 a 40 años y sanción de 400 a 1 mil 200 días de salario sin perjuicio de las sanciones por los delitos que resulten de las ofensas varias”.

Ambas adiciones ocurrieron en el verano de 2007, luego de que se reformaron 12 leyes (entre otras, el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas). Legisladores del Partido de la Revolución Democrática y algunos del Partido Acción Nacional admitieron que estas reformas “se prestan a acusar de terrorista a quien se involucre en algún movimiento social o político en que haya violencia”, como advirtió el senador Carlos Navarrete.

El Comité también preguntó si la iniciativa de reforma legal, “que se cita en el cuarto informe”, contempla el congelamiento, aprehensión y confiscación de bienes presuntamente destinados a financiar actos de terrorismo. La respuesta describe que “cuando la Procuraduría General posee suficiente evidencia para determinar que un individuo está involucrado en actos de terrorismo y si los activos son instrumentos, objetos o productos de actividad ilegal”, se determina la detención provisional con vista a la confiscación. “Al final del juicio, el juez puede decidir que los activos puedan ser confiscados por el Estado”.

Secretismo deliberado

A la solicitud de acceso a la información pública 0000500022908, del 12 de febrero de 2008, se respondió con el oficio UDE-1630/08, del 9 de abril de 2008, rotulado por la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la SRE y firmado por Mercedes de Vega, titular de la Unidad de Enlace. Éste manifiesta que el Comité de Información de la SRE analizó “de forma exhaustiva la solicitud y las respuestas que emitieron la Dirección General para Temas Globales (DGTG) y la Dirección para el Sistema de Naciones Unidas (DGSNU), de las cuales se desprende la declaratoria de “inexistencia”.

La DGTG, en el oficio TG-00618 del 28 de febrero de 2008, indica que “en relación con el documento solicitado correspondiente a 2007, éste deberá de rendirse en el año en curso, sin que para este efecto exista una fecha fatal”.

Por su parte, la DGSNU, mediante oficio DNU-00712, del 11 de febrero de 2008, expresa que, “sobre el particular, y de acuerdo con la reestructuración realizada en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, a partir del 12 de noviembre de 2007, el tema de Terrorismo y sus respectivos expedientes fueron trasladados a la DGTG”. En consecuencia, ese Comité resolvió que: “Se confirma la declaratoria de inexistencia de la información solicitada”, que emitió la DGTG.

Los recursos de los que dispone la cancillería para poner al alcance de los ciudadanos la información sobre su desempeño son considerables. Basta observar que la Cámara de Diputados autorizó un presupuesto a la DGTG (unidad responsable número 810), para el ejercicio fiscal de 2008, por 8 millones 377 mil 395 pesos, y al modificarse quedó en 15 millones 412 mil 575 pesos, de los cuales se ejercieron a agosto, 9 millones 618 mil 486 pesos.

Asimismo, a la DGSNU (unidad responsable número 811), la Cámara de Diputados le autorizó un presupuesto de 639 millones 438 mil 877 pesos, que al modificarse quedó en 412 millones 331 mil 13.76 pesos, de los que ya ejerció 158 millones 454 mil 787.79 pesos. Además, en 2006 la SRE atendió una solicitud para acceder al informe de 2005 al CTC, por lo que no se fundamenta el argumento de que por la reestructuración de sus direcciones, en noviembre de 2007, el quinto informe al CTC “es inexistente”.

Nydia Egremy

Diplomacia, no terrorismo

El embajador Luis Ortiz Monasterio, miembro del servicio exterior por 44 años y representante mexicano ante Irán, Afganistán y Pakistán, expresa que es notable que en la historia diplomática de las últimas décadas se puede decir que México y los mexicanos no tienen enemigos. “Eso es un acierto, un activo valiosísimo en esta época, por lo que debemos cuidarnos de que algunos socios o amigos no nos vayan a endosar a sus propios enemigos”.

Ortiz Monasterio, quien fue cónsul en Dallas, Texas, y fundador de la Dirección de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, apela a esa experiencia cuando señala los riesgos de sumarse a la guerra contra el terrorismo bajo la lógica de Washington: “Yo se lo puedo constatar, pues he circulado como Juan por mi casa en zonas candentes, como Kandahar, en Afganistán, y los cruces entre Pakistán y Asia Central; en ellos, el pasaporte mexicano diplomático u ordinario se recibe con mucho afecto.

“Siento que ése es un capital enorme, un asset (acierto) magnífico en una época en que el terrorismo marca las agendas y pone las luces rojas en muchos países. Por eso es muy importante que México mantenga no sólo esta neutralidad, sino la política de no tomar partido, no acusar y de no encasillar a países o a grupos ni religiones como provocadores de terrorismo. Cada quien tiene los terroristas que se ha buscado”, concluye el exembajador ante Colombia y último mexicano de alto nivel en reunirse con el extinto Tirofijo, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Pedro Antonio Marín.

Por su parte, Raúl Villegas Dávalos, director del Centro Sistema Mundo y la Globalización, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, considera que ese secretismo gubernamental “es lamentable y prácticamente todas las secretarías de Estado y las subsecretarías de combate al narcotráfico y al terrorismo tienen esos convenios de colaboración y realizan una actividad muy intensa en ese sentido, con intercambio permanente de información que los mexicanos desconocemos”.

Agrega que la negativa para acceder a los informes antiterroristas viola los derechos constitucionales de todo ciudadano a la información. El también experto en neoliberalismo y globalización dice que esa negativa “nos hace sospechar y preguntar ¿por qué tanto misterio?, ¿qué ocultan de esa información?, ¿qué hacen que no se atreven a declararlo?”

En su opinión, los preparativos militares y de inteligencia del gobierno federal, que arguyen el combate al terrorismo, “se encaminan contra cualquier iniciativa de carácter opositor que surgiera y se generalizara en la sociedad mexicana; son para espiar a la sociedad mexicana y detectar posibles brotes de inconformidad que pudieran afectar los intereses del gobierno estadunidense”. (NE)

Legislar contra el terrorismo

Además del compromiso con el CTC para combatir al terrorismo, México participa en el Comité Interamericano Contra el Terrorismo, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, DC. En octubre, nuestro país fue sede de la Conferencia Ministerial de la OEA sobre Seguridad Pública, para el taller: “Examen para detectar documentos falsificados”.

Adicionalmente, México participó en la IV Asamblea Plenaria del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), con sede en la ciudad de Brasilia, Brasil, del 19 al 21 de mayo de 2005, en el marco del Grupo de Trabajo de Terrorismo, en la que participaron 27 diputados y senadores de 12 países miembros del Foro. En esa sesión, fungió como presidenta del Grupo de Trabajo la senadora mexicana Silvia Hernández.

Ahí se definieron los problemas legislativos para luchar contra el terrorismo. Entre ellos: tipificar los actos terroristas en la legislación de cada país; el bajo nivel de entrada en vigor de las iniciativas; la limitada armonización de la legislación antiterrorista y el lento proceso de incorporación de las convenciones internacionales en el derecho interno de cada país. Ése fue el objetivo del Grupo de Trabajo de FIPA, cuya relatoría rubricó la legisladora Hernández.

Por otra parte, el 23 de mayo de 2008, México participó, en Arequipa, Perú, en la 16 reunión de la Fuerza de Tarea contra el Terrorismo del Foro Económico Asia-Pacífico, que tuvo como objetivo continuar la consideración de iniciativas encaminadas a combatir el terrorismo, intercambiar información y experiencias al respecto y delinear el trabajo a futuro entre las economías miembro. (NE)

Terrorismo u ocupación

México asesora, en materia electoral, al gobierno provisional de la República de Irak. Lo hace a través del Instituto Federal Electoral (IFE). A pesar de que ese país está bajo ocupación de fuerzas armadas lideradas por Estados Unidos, en julio de 2004 el gobierno mexicano auxilió a la Comisión Electoral Independiente de Irak a través del Taller de Administración Electoral, que impartió la Coordinación de Asuntos Internacionales de esa instancia a solicitud de Naciones Unidas.

El taller, dice el informe del IFE, estuvo “dirigido a los ocho comisionados y al director nacional de elecciones de la recientemente creada Comisión Electoral Independiente de Irak”, a lo largo de 22 sesiones desde el 21 de junio al 6 de julio de 2004, con 25 ponentes, 17 de ellos mexicanos.

El informe del IFE cita que el taller “desarrolló una política informativa ordenada, sobria y muy informada sobre el evento. De esta forma, hubo un alto impacto en medios nacionales e internacionales dejando al Instituto y a México en una posición muy favorable en términos de credibilidad, profesionalismo y seriedad institucional”. A esa participación de México con Naciones Unidas se opuso la organización No en Nuestro Nombre, en 2004. (NE)