En ocasiones se entrelazan en asombrosa impunidad mafiosa para preservar su bienestar, el control político o compartir ganancias, como acaba de quedar evidenciado en México, donde el zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano, a cargo de la unidad contra el crimen organizado de la Procuraduría General de la República, presuntamente recibía una subvención mensual de 450.000 dólares del cártel de Sinaloa.

Es posible que el caso, como ha pasado con tantos similares en naciones de América Latina y hasta en Estados Unidos, no tenga ningún efecto ulterior en cuanto a descubrir las ramificaciones y los verdaderos alcances del desempeño de Ramírez Mandujano por dos años al frente del poderoso organismo, hasta el pasado 31 de julio cuando quedó en entredicho su desempeño, lo que condujo a la reciente imputación judicial.

¿Cuántos periodistas –para no entrar en otros aspectos– habrán caído en México en esos dos años como resultado de la información suministrada a los delincuentes por los llamados a combatir el crimen organizado? Me temo que nunca se sabrá, pero según el Informa Actualizado sobre la Situación del Periodismo en México, emitido el pasado 19 de noviembre por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX) y la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), en el transcurso de este año han sido asesinados 12 comunicadores sociales y dos se encuentran desaparecidos. En 2007, se establece, los muertos fueron seis y los desaparecidos tres.

Este cuadro dibuja la tragedia del periodismo, que convierte a México en el país de América Latina y del mundo de mayor riesgo –con excepción del Iraq ocupado– para el desempeño de la profesión periodística.

Es debido a ello, nos comenta Teodoro Rentería Arróyave, vicepresidente de la FELAP, que finalmente se ha conseguido, después de una lucha de diez años impulsada por la FAPERMEX y el Club Primera Plana con el irrestricto respaldo de la FELAP, que se tipifique en la legislación mexicana como delito federal “contra las libertades de prensa y expresión” todo acto dirigido contra un periodista, cualquier trabajador de la prensa o la agresión a instalaciones de los medios de comunicación.

La situación en Colombia no es menos compleja. En esta nación sudamericana, en donde traspasar los linderos invisibles de las mafias políticas y económicas, en permanente maridaje con los paramilitares al punto de que se ha acuñado el término parapolítica, puede representar para cualquier reportero el encarcelamiento bajo algún pretexto baladí, el secuestro o la muerte. En el mejor de los casos, el exilio es una opción de supervivencia a la que varios periodistas han debido recurrir.

El gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuya legitimidad está cuestionada por su presunta relación con la parapolítica –existe un prontuario de la DEA (Departamento Estadounidense Antidrogas) que le fija número en el entramado del bajo mundo colombiano–, no sólo ha perseguido a periodistas y empleado ilegalmente emblemas de entidades como la Cruz Roja o TeleSUR en el último año, sino que ha pretendido encausar al director del semanario Voz, Carlos Lozano Guillén, por alegados contactos con las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como los han tenido tantos otros comunicadores durante los abortados procesos de pacificación.

Irónicamente, mientras el gobierno colombiano hostiga al prestigioso periodista, que además es miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano, el embajador francés Jean-Michel Marlaud acaba de prenderle la medalla que lo acredita como Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en reconocimiento a su persistente labor a favor del acuerdo humanitario y la paz en Colombia.

El decreto que le confiere la más alta distinción de la República francesa, que le fue prendida en la solapa de la chaqueta a Carlos Lozano Guillén en un solemne acto realizado el pasado 25 de noviembre en Bogotá, lleva la firma del presidente Nicolás Sarkozy, que no se oculta como político de derecha.

Es bueno recordar ahora que en septiembre de este año el periodista chileno Hugo Guzmán se vio forzado a renunciar a su cargo en el Palacio de La Moneda, para evitar que la derecha lo utilizara para hacer daño político a la presidente Michelle Bachelet.

Guzmán vivió exiliado muchos años en México –donde le conocí– y como parte de su desempeño periodístico en el canal 11 llegó a entrar en contacto con integrantes de las FARC en una época en que la organización guerrillera tenía reconocimiento de grupo beligerante. En un aparente contubernio entre el gobierno de Álvaro Uribe y dirigentes derechistas de la chilena Renovación Nacional se echó a correr la especie de que su nombre aparecía en los correos electrónicos del comandante guerrillero Raúl Reyes, muerto en un operativo en Ecuador que involucró a la CIA.

Y aunque nunca se presentaron pruebas en ese sentido, tal fue la dimensión que se le dio al asunto a través de los medios de comunicación en Chile, con el golpista diario El Mercurio a la cabeza, que el experimentado periodista prefirió dimitir a su cargo en el gobierno de Bachelet.

Podríamos hacer un minucioso recuento de otras situaciones que viven los periodistas en distintos países de América Latina, como Perú, Paraguay, Chile, Bolivia, Uruguay, Argentina, El Salvador, Guatemala, República Dominicana o Nicaragua producto de enfrentamientos políticos.

Pero no son esas agresiones contra los reporteros –muchas veces provenientes de sectores de la derecha incapaces de reconocer la legitimidad de los gobiernos democráticamente elegidos, como ocurre con Evo Morales en Bolivia–, los verdaderos peligros que encierra el periodismo en estos tiempos.

Los auténticos peligros

Por eso, los verdaderos riesgos del periodismo residen actualmente en la cada vez mayor manipulación de los hechos y en la exclusión profesional, fenómenos que el mercado ha globalizado de una forma asombrosa, según se comprueba de un lado a otro del Atlántico.

La experiencia puertorriqueña sería suficiente para ilustrar lo que ocurre, pero es necesario extenderse a otros escenarios para clarificar más estos fenómenos.

El primer factor es la manipulación informativa. En marzo pasado se realizó en Venezuela el Encuentro latinoamericano vs Terrorismo mediático, donde quedó evidenciado a través de diversas exposiciones de periodistas y académicos la descarnada realidad que vive el periodismo actualmente.

Si bien la manipulación no es un fenómeno nuevo en el periodismo –basta remontarse a la Guerra Hispano-Cubana-Estadounidense en 1898 para encontrar su origen en la prensa norteamericana–, hoy se hace más evidente con los avances tecnológicos y la proliferación de medios de comunicación.

Podemos mencionar dos casos para ilustrar este aspecto de la manipulación informativa y, coincidentemente, se trata de dos elecciones recientes: Nicaragua y Venezuela. En ambas oportunidades los medios de comunicación pasaron por encima de las decisiones de los organismos electorales de las respectivas naciones para ofrecer resultados distorsionados.

En lo que respecta a Nicaragua, se ha pretendido descalificar la legitimidad de los comicios celebrados el pasado 9 de noviembre, principalmente en lo concerniente a la alcaldía de Managua, donde el candidato del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eduardo Montealegre, derrotado en 2006 en sus aspiraciones presidenciales por Daniel Ortega, fue superado esta vez por el ex campeón de boxeo Alexis Argüello, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

De nada ha valido la certificación del Consejo Supremo Electoral (CSE), un cuarto poder constitucional en Nicaragua, junto al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, de la victoria de Argüello para que, alineados con la derecha, los medios de comunicación mantengan una campaña de presunto fraude porque el FSLN se alzó con 105 de las 146 alcaldías en disputa, 18 más de las que controlaba.

Con el propósito de doblegar a la dirección del FSLN y forzar nuevos comicios, Estados Unidos ya determinó suspender la ayuda de 175 millones de dólares en cinco años a Nicaragua de la denominada Cuenta Reto del Milenio, acordada en la Cumbre de Monterrey (México) para la reducción de la pobreza.

¿Hubiera pasado lo mismo si el CSE le hubiera dado la victoria al candidato del PCL? Obviamente, no, porque Washington tenía cifradas sus esperanzas en Montealegre para, eventualmente, reconquistar su influencia sobre Nicaragua.

Y, como para no dejar fisuras en los ataques, ya el diario La Prensa, que lidera la oposición en Nicaragua, divulgó una encuesta realizada el 22 de noviembre en la que presuntamente al 56,4 por ciento de los nicaragüenses le “desagrada” el presidente Daniel Ortega.

La muy oportuna encuesta, divulgada por La Prensa dos días después de que la firma M&R Consultores la realizara mediante llamadas telefónicas a 800 personas mayores de 16 años, atribuye un nivel de “agrado” al Mandatario nicaragüense de 37,8 por ciento, similar al que obtuvo en las elecciones de 2006 cuando sumó el respaldo de 162.000 votantes.

Un caso similar, aunque con otras dimensiones, es la contundente victoria obtenida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las elecciones del pasado 23 de noviembre. Estas representaban el debut del PSUV en las urnas. Obtener junto a sus aliados el 77 por ciento de las gobernaciones disputadas y el 85% de las alcaldías en juego tiene que verse como un triunfo sólido. Esto, naturalmente, si empleamos la lógica. Pero los medios de comunicación, que en la República Bolivariana de Venezuela conforman la verdadera oposición, la han caracterizado de “amarga victoria” para los partidarios del presidente Hugo Chávez Frías.

La razón se debe a que la oposición a la Revolución Bolivariana ganó los estados de Zulia, Carabobo, Nueva Esparta, Táchira y Miranda, y la Alcaldía Mayor de Caracas. Se trata, incuestionablemente, de victorias importantes, pero eso jamás coloca a la derecha en una situación electoralmente privilegiada, a menos que se recurra a la manipulación informativa.

Pero mientras Chávez y sus partidarios acataban las determinaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), la oposición antibolivariana reclamaba irregularidades porque, presuntamente, hubo colegios que permanecieron abiertos después de la hora límite, pese a que no había electores aguardando por votar.

Los ecos en ambas situaciones, Nicaragua y Venezuela, se reproducen también con fuerza en España, donde los medios de comunicación muestran una visceral postura contra la determinación de los pueblos latinoamericanos de labrar sus propios caminos, incluida la construcción del socialismo del siglo XXI.

A tal punto llegan los medios españoles, que libertaddigital.es ha editorializado este 1º de diciembre en el sentido de que “sería muy positivo para la regeneración institucional y democrática de Venezuela que en 2013, cuando concluye su segundo mandato, Chávez se retirara de la escena política y, con él, las ansias por convertir al país en una autocracia”.

Sorprende esta conclusión de un medio periodístico español, cuando en Europa nadie se cuestiona que un presidente, como ha ocurrido con el ultraderechista español José María Aznar (1996-2004) o su similar británica Margaret Thatcher (1979-1990), permanezca una década o más al frente del gobierno, como tampoco que prevalezcan obsoletas monarquías que se sitúan por encima de todos y de todo.

La exclusión como arma

A esta situación del acoso a los periodistas y la manipulación informativa se añade una dimensión más moderna, que se ha convertido en un ogro para muchos profesionales de la comunicación: la reconversión de las redacciones.

Las corporaciones periodísticas han conseguido con las reconversiones reducir sus plantillas profesionales, a la vez que han impuesto una mayor carga laboral a los reporteros, lo que en ocasiones redunda en una pobreza informativa.

En los medios electrónicos, principalmente en la radio, los reporteros han sido desplazados por opinantes, muchas veces barnizados de analistas políticos, que por lo general reciben salarios muy superiores a los que se les paga a un periodista.

Cientos de periodistas han sido cesados en las redacciones en los últimos tiempos, en América y en Europa, como parte de estos procesos. En Puerto Rico se llegó a hablar de sobre medio centenar, aunque nadie nunca pudo conocer con certeza la cifra, porque todo esto se maneja de modo secreto y hasta se exige la firma de documentos de confidencialidad que protegen a las empresas.

“La reconversión de las redacciones”, me ha dicho en estos días en Madrid el periodista español Felipe Gutiérrez Benito, “es el pretexto de las grandes empresas para excluir a aquellos periodistas que les incomodan y sobrecargar de trabajo a los más nuevos”. Además, que las diferencias salariales se convierten en una tentación para las compañías al momento de dejar afuera a los más experimentados profesionales de la comunicación social.

Gutiérrez Benito, quien en la década de 1970 laboró en Puerto Rico en el diario El Imparcial y, después, en la agencia noticiosa UPI (United Press International), observa este fenómeno como una nueva forma de silenciar o someter a aquellos periodistas que se consideran autosuficientes, pues aunque respetan la línea editorial del medio, poseen suficiente criterio para expresar lo que piensan. “Ya no es admitido eso”, dice. “Hay que ser complaciente para evitar represalias de la empresa”.

Cierto o no, la realidad es que, entre las amenazas, la coerción, las mafias, la tergiversación y la precariedad laboral, el periodista se encuentra en una situación de gran incertidumbre, lo que hace necesaria una mayor preparación para el campo laboral y un fortalecimiento de sus organizaciones profesionales.

Muchos no lo entienden así, pero son parte de los retos del periodista en este naciente siglo XXI.

Nota publicada en el portal de la FELAP (http://www.felap.info) Periodista. Secretario General Adjunto de la FELAP y ex Presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) (ANC-UTPBA)