La Ley de Minería ha sido aprobada tras una sesión maratónica del “congresillo”, en la cual se insistió en una serie de afirmaciones que ocultan la verdad y que no logran reducir la protesta de las comunidades, organizaciones ecologistas, indígenas y populares. La primera ha sido decir que dejó de ser ley orgánica, característica que no podía tenerla porque la Constitución vigente señala que ese tipo de leyes son ordinarias. De manera que no era ninguna concesión como se la presentaba para decir que ya se ha dado gusto a los demandantes. Pero, lo grave es que en la segunda disposición final se pone que esta Ley “prevalecerá sobre otras leyes generales” y que “no serán aplicables las leyes o decretos que de cualquier manera contravengan este precepto”. En otras palabras, le dan el carácter de ley orgánica sin que lo sea, cometiendo una inconstitucionalidad flagrante.

Hay otra trampa grave. No se ha cumplido con la aplicación del Mandato Minero aprobado por la Asamblea Constituyente y ahora se aprueba una ley que, en los hechos, lo contradice al mantener las concesiones, favorecer a las transnacionales y afectar derechos como es el derecho al agua. Para producir una tonelada de cobre, se contaminan cerca de 30 mil litros de agua, y por ello el Mandato terminaba con las concesiones en nacientes de agua, pero ahora nada se dice de esa prohibición.

Continuemos con las inconstitucionalidades: el derecho de la naturaleza a la preservación de los ecosistemas, reconocido constitucionalmente, es burlado cuando se trata de minería a cielo abierto y a gran escala, donde de hecho se cambia la naturaleza afectándola y dañándola. Para ejemplo bastan las fotos de zonas verdes donde hoy la gran minería solo deja tierra inerte, además de las lagunas secadas, como en Perú, por necesidad de “responsables” empresas mineras.

Junto a ello, en el Art.91 de la Ley se dice que: “El Ministerio del Ambiente adoptará las medidas oportunas que eviten los daños ambientales cuando exista certidumbre científica de los mismos, resultantes de las actividades mineras.” Es decir, todo lo contrario a lo que dice el principio de precaución, el cual es parte de nuestra Constitución y que expresa que se debe actuar aunque no exista certidumbre científica. Al igual que en otras áreas, es más barato prevenir un desastre antes que pretender remediarlo y esa es la obligación del Estado. Pero, con dicho artículo, además se obligaría al demandante a realizar carísimos estudios para poder defender su vida afectada.

Y tal vez lo más grave es que la Constitución establece la propiedad estatal sobre los recursos naturales y no habla de concesiones, solo de delegaciones excepcionales a la empresa privada. Delegar no es entregar, pero concesionar es una forma de privatizar. Luego nos dirán, al igual que con el petróleo, que los minerales siguen siendo nuestros porque así está escrito en la Constitución, pero en los hechos todos sabemos que las transnacionales siempre se han llevado la riqueza dejando en pobreza a los pueblos orientales. Ahora es igual, cuando “la excepción” se convierte en la norma y cuando a las transnacionales, según la Ley, aparte de impuestos solo dejarán al país “no menos del 5% de regalías”, algo que está muy lejos de los beneficios iguales que manda la Constitución.

Con estos aspectos y varios más en los que se les entregan las servidumbres de tierra, agua, electricidad y “las demás necesarias para el desarrollo de las actividades mineras”, las transnacionales tienen grandes garantías. Los asambleístas que votaron por esta Ley se olvidaron que la lucha contra el neoliberalismo es también la lucha contra los neoliberales y sus instrumentos; rechazar al neoliberalismo es rechazar a las transnacionales, buscar una economía distinta, dar soporte a las actividades populares. Para calmar su conciencia, lo que hacen es poner apoyos a la “pequeña minería”, en la que incluyen a las empresas que tienen capacidad de procesamiento o beneficio de hasta 300 toneladas métricas al día. Esa no es pequeña minería, pues las inversiones para hacer algo así serían de alrededor de medio millón de dólares, que no están al alcance de los pequeños mineros. Lo que se permite con este concepto es la división de concesiones grandes en “pequeñas” que pagarán apenas el 3% de regalías, tal como lo hicieron los industriales para tercerizar su producción y pagar menos impuestos.

Lo otro es el cuento de la ‘minería responsable’ (al menos ya no se atreven a llamarla sustentable). Pero en la historia reciente a nivel internacional y según muchos estudios serios, la gran minería es responsable de golpes de Estado, de guerras, de sobornos corporativos, de provocar desastres naturales, destrucción de bosques y ríos, secamiento de lagunas, es responsable de grave afectación a la salud y a la calidad de vida de los pobladores. Los países que apuntaron a ser “mineros”son países con altos porcentajes de población pobre y bajo desarrollo. Aquello de que de allí saldrá la plata para el desarrollo no encuentra ni un ejemplo en el mundo capitalista y para nosotros basta recordar la amraga experiencia petrolera del país.

Pero aunque se autoengañen y digan que es una ley justa, la historia deberá diferenciar ese voto de aquel que fue contrario a la ley y que corresponde a los bloques más ligados a las organizaciones sociales, como el MPD y Pachakutik. Voto que no era contra una nueva ley, sino a favor de una Ley que responda al espíritu de la Constitución y al Mandato Minero, que prohíba la minería metálica a cielo abierto y se oponga a la concesión a empresas privadas transnacionales o nacionales, que apoye y tecnifique la minería verdaderamente pequeña e impulse la de carácter estatal y comunitaria, que ponga el control ambiental en el Ministerio del Ambiente (y no en el de Minas, que se convierte en juez y parte).

Como se ve, hay una propuesta claramente patriótica, de carácter popular y a favor de la protección ambiental, que implica el futuro del país. Esa es la ley que debe ser apoyada por quien se sienta de izquierda y antineoliberal. Esa la planteada por las comunidades en lucha en las tres regiones continentales del Ecuador. La Ley minera aprobada es una incoherencia de un gobierno como el actual, que, con el apoyo de las empresas que usan grabaciones de amenazas del Presidente en sus propias cuñas radiales en el Austro, se dedica a descalificar a la lucha popular. La participación ciudadana antes solicitada, ahora para el gobierno es una amenaza, solo deben participar las empresas; la organización popular es atacada como “grupos de intereses y poder”; la defensa de los derechos colectivos, unos “supuestos” derechos humanos; tomar acciones para forzar a que les escuchen, actos de “subversivos y criminales”.