¿Más de lo mismo en el State Deparment?

El asunto es que el primer informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el resto del mundo (desde luego, ellos cuidan de autoevaluarse), firmado por el recién estrenado gobierno, arremetió contra 190 naciones, entre ellas, un importante número de latinoamericanas, muchas de las cuales emprenden hoy caminos diferentes a los que agradarían a Washington.

De tal suerte, el citado documento no difiere en casi nada de los aprobados por la administración de George W. Bush, vanguardia entre las acémilas de la ultraderecha imperial.

Para la política exterior demócrata, por tanto, resulta lícito hacer silencio sobre las torturas en la Base Naval de Guantánamo y la retención ilegal de personas en ese enclave usurpado a Cuba, sin embargo, es muy leal y honorable insistir que en la Isla se coartan las ideas, o en Venezuela la oposición presuntamente no cuenta con espacios para manifestarse públicamente.

La cháchara prosigue con advertencias de que en Argentina la corrupción invade los ámbitos de la justicia y las entidades gubernamentales; que en México el narcotráfico socava todos los espacios y en Chile el maltrato a los presos y los indígenas es obra cotidiana.

Por añadidura, y como si se tratase de una escalada tejida intencionalmente, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por intermedio de su nuevo director, León Panetta, advertía que en Argentina, Ecuador y Venezuela, el estallido de la crisis económica está por provocar signos de desestabilización interna, lo cual constituye un pretendido riesgo hemisférico.

Por suerte, tales injerencistas pronunciamientos de la diplomacia y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos ya no se reciben en el Sur con silencios forzados.

En una vigorosa reacción de todos los aludidos, los argumentos oficiales norteamericanos fueron rebatidos con la lógica del refrán: no debe tirar piedras a ajenos quien posee tejado de vidrio.

Porque, evidentemente, no son los Estados Unidos ni sus autoridades los más indicados para hablar de prerrogativas ciudadanas, ya no solo por las atrocidades cometidas en las cárceles secretas de W. Bush, sino por su racismo ancestral, sus millones de desocupados, su abandono por los servicios de salud y educación para los más urgidos.

Tampoco por su protección a terroristas confesos, y sus guerras de agresión globales, que solo en Iraq y Afganistán han matado a cientos de miles de inocentes, entre otros grandes y sonados pecados.