Red Voltaire
Editorial

Una conducta que desfigura el proyecto de cambio

| Quito (Ecuador)
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Si bien los efectos mundiales de la actual crisis económica tienen su origen en la crisis internacional , que tiene como epicentro a la mayor potencia económica del mundo, EE UU, tiene también fuertes repercusiones en el Ecuador.

A esta crisis general, se suman las causas estructurales internas del país, pues nuestra economía sigue capitalista y dependiente. Asuntos como la deuda externa, el hecho de que el principal socio comercial sigue siendo EE UU, el carácter primario y extractivista de nuestra economía, una insuficiente base industrial, el predominio el capital bancario y de la usura, las políticas blandas del gobierno para el control de la banca, son algunos de estos aspectos. Nuestra estructura económica y social no ha variado.

Las políticas sociales del gobierno de Rafael Correa, el incremento del bono de la pobreza, los subsidios al gas y a la electricidad, la importación de urea para la entrega a bajos precios a los campesinos, entre otras medidas, han apuntado a atenuar la difícil situación de los sectores más vulnerables. Sin embargo, el número de pobres no ha disminuido, y sigue produciéndose las migraciones del campo a la ciudad, y del país al exterior, la inflación también ha crecido hasta el 8,8%, en tanto la canasta básica familiar rebasó los 530 dólares y la canasta de la pobreza los 350 dólares, ambas están muy lejos del salario básico unificado, que ahora es de 218 dólares.

El presidente Correa acaba de cumplir dos años en el gobierno, los cumple con un alto nivel de aceptación popular, ningún presidente de las últimas décadas había alcanzado sostenerse con este respaldo. Pese a esa popularidad, es cuestionado por algunos sectores de la población y, sobre todo, por los sectores populares organizados, por sus posiciones autosuficiente y por la aplicación de algunas políticas injustas respecto de los derechos sindicales, de los salarios, de las pensiones jubilares, por la aprobación de la Ley Minera, las renegociaciones petroleras y de la deuda externa.

Ha quedado en evidencia que dentro de las medidas para enfrentar la crisis ha hecho concesiones a la banca, lo cual ha sido saludado por este sector; sin embargo, ha tenido una postura dura y de condena a las organizaciones populares que se han movilizado reclamando sus derechos; es más: ha amenazado con despidos masivos a los maestros y trabajadores públicos si continúan movilizándose; su ministro de gobierno tiene el afán claro de criminalizar esta lucha y a los dirigentes populares.

Tal parece que el presidente Correa quiere eliminar toda interferencia a su sola voz y decisiones; por ello, amenazó con formar otro sindicato de maestros a la par de la UNE, ante los reclamos de este gremio por el alza salarial; incluso esa misma advertencia lo hizo para su movimiento PAIS, dadas las pugnas internas para la designación de candidaturas.

En esta misma línea ha desafiado al movimiento indígena, a la Conaie y a otras organizaciones que se oponen a la Ley Minera. Atacó al Movimiento Popular Democrático, partido de izquierda, que es de las fuerzas más firmes y claras en la defensa del proyecto democrático, patriótico y nacionalista, que apoyó sin contar ni reclamar ningún cargo gubernamental, pero que cuestionó y votó en contra de la Ley Minera, que planteó la anulación del doloso proceso de selección del Concejo de Participación Ciudadana, que apoyó las movilizaciones del magisterio y de los trabajadores.

Contradictorio y peligroso es el planteamiento del presidente Correa que advierte: “todos tiene derecho a protestar, pero deben hacerlo en el marco de la ley”; advirtiendo con este señalamiento que las organizaciones sindicales y populares no son válidas para su relación directa con el pueblo. Además señala que “no necesita intermediarios para acceder a él”; pretendiendo deslegitimar así a las fuerzas de izquierda, señalando que la única vía válida es “su izquierda”… Correa parece desconocer el hecho que la nueva Constitución, en diferentes articulados, garantiza el derecho a la organización, movilización y a los derechos políticos.

Estas manifestaciones buscan establecer una pirámide de poder, en cuya cúspide solo puede estar el presidente Correa; esta actitud, no solo que desdibujan el proceso, sino que, de afirmarse, pueden poner en peligro el actual proceso que se vive en el país.

Opción

El periódico alternativo Opción es un quincenario ecuatoriano que apareció el 21 de enero del 2001, un año después del derrocamiento del presidente Jamil Mahuad, en un escenario de crecimiento de la lucha de los pueblos. Recoge en sus páginas los principales anhelos, la cultura, y las luchas de los pueblos de Ecuador, América Latina y el mundo. Opción busca desentrañar la esencia de los problemas, denunciar a sus responsables y contribuir en la construcción de una propuesta política popular, unitaria, antiimperialista y de transformaciones profundas.

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