En su alocución, la mandataria afirmó que "los bienes de carácter social no pueden ser monopolizados por un sector o una empresa que creen que pueden ser dueños de la expresión de todo un pueblo".

Señaló además que la idea de este proyecto es que sea tratado durante 60 días en diversos foros regionales del que participarán universidades, organizaciones políticas, sociales, sindicales, religiosos, docentes y estudiantes, “para que esta sea una ley de todos”.

El objetivo del proyecto es el de dar un nuevo marco legal a los servicios de comunicación audiovisual, garantizar como derecho humano universal el acceso a la información y a la libertad de expresión y contiene un capítulo destinado a regular los derechos de transmisión del fútbol y otros contenidos relevantes.

También prevé que el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tengan frecuencias asignadas para difundir sus propias actividades, y que las universidades tengan emisoras sin restricciones ni con el condicionamiento de que sean sociedades anónimas.

Asimismo, las entidades sin fines de lucro contarán con el 33 por ciento de las frecuencias previstas para cada localidad del territorio nacional.

El proyecto intenta también proteger el trabajo local y nacional, ya que se exigirá que el 70 por ciento de la producción nacional en las radios y el 60 por ciento en la televisión.

Otro de los puntos impide la fijación de monopolios y oligopolios, al imponer límites a la concentración no sólo por la cantidad de licencias sino también por el tipo de medio.

Con respecto al servicio conjunto de telefonía, TV por cable e Internet, conocido como triple play, el requisito para las empresas telefónicas será que ofrezcan condiciones de desmonopolización a más de la mitad de su mercado.

El proyecto estipula que el denominado Servicio de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado, integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría, como así también por representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Prevé también la conformación de un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las universidades, de las asociaciones sin fines de lucro, y de los trabajadores del sector.