La justicia excluyente

La designación de magistrados de la ex Corte Suprema en todos los períodos, es el mejor ejemplo de que las leyes y la justicia durante la vida republicana del Ecuador han sido diseñadas a conveniencia de la oligarquía ecuatoriana, que ha manejado las cortes y demás organismos del Sistema Jurídico ecuatoriano para salvaguardar los intereses de los empresarios y banqueros corruptos nacionales y extranjeros.

Socialistas del siglo XXI, desertores de la derecha, se encuentran encaramados en el Gobierno en Ministerios y como asambleístas de País. María Paula Romo y Norman Wray de Ruptura 25, ONg que tiene financiamiento de ESQUEL desde la USAID, son quienes pretenden convencer a los demás asambleístas y a rajatabla aprobar el Proyecto de Código Orgánico de la Función Judicial diseñado por el Dr. Santiago Andrade Ubidia, que fue magistrado de la ex Corte Suprema por la DP, abogado de banqueros y actual asesor del Ministro de Justicia Gustavo Jalk, todos ellos representantes incondicionales de la derecha y que proyectan mantener a la justicia mantener secuestrada a la Justicia en manos de la partidocracia, como ha permanecido en las últimas décadas.

En la elaboración y defensa de este proyecto, el Dr. Andrade Ubidia cuenta con el apoyo incondicional del Dr. Gustavo Jalk, presidente de Projusticia hasta el 2004, ONG que cobró 14 millones de dólares al Estado por un proyecto que nunca se ejecutó, y que pretendía catalogar a todos como antisociales y mantener el control político y jurídico de la sociedad. El nuevo proyecto propuesto por el Dr. Andrade Ubidia y entregado por el Ministerio de Justicia también le cuesta al Estado cerca de 70 mil dólares.

El proyecto de Santiago Andrade Ubidia busca entregar el control jurídico al Consejo de la Judicatura, un organismo cuestionado en todos los gobiernos y que es uno de los responsables de la debacle del Sistema Judicial, que no ha sido capaz de llenar las 400 vacantes de jueces existentes en más de 10 años, ni redistribuir de forma adecuada al personal que se encuentra en exceso en la ex Corte Suprema, en los juzgados de la niñez, laborales o civiles, donde es escaso el personal. Este organismo estatal que también es cuestionado por la conformación y representación de sus miembros como es el presidente nacional el Dr. Xavier Arosemena, socialcristiano, y de la Dra. Rosa Cotacachi representante de la FENAJE, delegada por Luis Muñoz Pasquel, ex dirigente del gremio, personaje conocido por el temor que implantó en la Función Judicial, por el poder que magistrados, jueces y varios miembros del Consejo de la Judicatura le otorgaron, por los enlaces políticos con los partidos de los gobiernos de turno.

Con este proyecto de código, se le entregaría al Consejo de la Judicatura el poder para designar a 400 fiscales,100 empleados fiscales, 4000 funcionarios, entre jueces y servidores judiciales y 1000 de la defensoría del Pueblo; a los tres entes (Fiscalía, Función Judicial y Defensoría del Pueblo) se los coloca en un mismo saco con lo que dichi Consejo puede rever, cambiar, intervenir o interferir en las resoluciones o fallos que las autoridades de los organismos en cuestión tomen; algo que no es de su competencia.

El proyecto de Código Orgánico de la Función Judicial fue presentado a la Asamblea Nacional, y discutido en primera instancia por los asambleístas, tiene ya su segundo informe y está listo para el segundo y definitivo debate al interior de la Comisión Legislativa, instancia donde se han evidenciado desacuerdos y oposición al proyecto al interno de Movimiento País y de partidos como el MPD, Red y varios independientes.

A esa oposición se han sumado el Fiscal General de la Nación, Washington Pezantes, quien afirmó que este proyecto es sólo para quienes poseen apellidos con “pedigrí”, mientras que para quienes poseen capacidad y vienen de las entrañas del pueblo el proyecto les excluye sin tomarles en cuenta. Adicionalmente, el Colegio de Abogados califica esta propuesta como una ley fascista y autoritaria.

La FENAJE, encabezada por el Abg. Fidel Chiriboga, también ha hecho conocer a la Asamblea Nacional y a varios asambleístas que el proyecto es excluyente al crear la Carrera Judicial, que ha sido una aspiración del gremio, pero que en el planteamiento esta sólo sería para jueces de primera instancia y provinciales y pretende colocar bajo la Carrera Civil y Administrativa a los servidores judiciales, cuando el trabajo judicial dista mucho de las labores de cualquier servidor público, lesiona la estabilidad cuando no se respeta los Arts. el 170 y 66 de la Constitución, que establecen el principio de igualdad de todas las personas, por lo que lo han calificado de atentatorio y discriminatorio.

Al pronunciamiento de los trabajadores judiciales se han sumado asambleístas como Jorge Escala del MPD, quien también añade que es preciso que el personal de esta área debe regirse al horario de todo empleado público, esto es las 8 horas continuas, por justicia, salud y bienestar social. El asambleísta Gorky Aguirre, de País, insiste en la Carrera Judicial para todos; León Roldós, Trajano Andrade y Ximena Bohórquez reconocen que la realidad del sistema judicial es distinta a la de otras áreas del sector público

Este proyecto de Andrade Ubidia convierte la justicia en un monopolio de la partidocracia, y es excluyente porque discrimina a los servidores judiciales, aspecto que no puede permitir el presidente Correa, si realmente trabaja por una nueva institucionalidad democrática y por que la justicia sea para todos.