El país mediático, ese que impone verdades así no correspondan a la realidad, por el momento se ha concentrado en el tema electoral. Los movimientos políticos previos a la definición de los candidatos es lo que tiene ocupados a los entrevistadores profesionales, por ello han dejado de lado uno de sus temas favoritos: la crisis económica. Sin embargo, es un problema vigente, y seguro tomará protagonismo durante la campaña.

El Ecuador no puede escapar a la crisis general del sistema capitalista a escala global, crisis que se expresa en todos los órdenes: económico, alimentario, ambiental, energético, financiero. En el caso de Ecuador, algunas consecuencias más importantes son la caída de las exportaciones petroleras, la reducción del ingreso de remesas de los migrantes y la caída de las exportaciones en algunas materias primas que el país exporta, consecuencias que tratan de ser enfrentadas por el gobierno con una serie de medidas, que no han dejado de ser cuestionadas y hasta repudiadas por sectores oligárquicos del país.

Restringir la importación de algunos productos o incrementar sus aranceles es una medida que los sectores populares y quienes están con el cambio han visto como justa, no así la oligarquía, que defiende con toda fe a su más grande dios: el libre mercado. En su típica actitud de generar miedos en la población, han dicho que la medida incrementará el contrabando. Igual cosa sucede con el impuesto del 1% a la salida de capitales, y las reformas legales en el sector financiero.

Sin embargo, el gobierno parece empeñado en disparar sin dirección, o al menos, sin identificar con claridad a sus enemigos y a sus aliados. Resolvió, de manera unilateral, dejar de financiar los fondos de pensiones adicionales que algunos trabajadores del sector público mantienen, sin considerar lo que esos recursos representan para las escuálidas economías de maestros y otros servidores del Estado, aunque después tuvo que recular. De igual manera, retiró los fondos de las cuentas de las universidades del sector público, bajo el pretexto de que la asignación se haría con otro sistema, pero lo que en realidad sucede es que se atenta contra la autonomía de estas instituciones y se busca utilizar ese dinero para llenar vacíos fiscales. Ahora, se entregará a cuentagotas lo que las universidades requieren para desarrollar de manera normal sus actividades. Si hasta ahora una lucha constante había sido el incremento del presupuesto que se les asigna, es obvio que con estas restricciones el problema se complica aún más.

Hace poco los maestros tuvieron que movilizarse y enfrentar las rabietas del primer mandatario para que se concrete un incremento salarial que hace tiempo había sido establecido. Todas estas acciones han generado descontento, movilización y una gran preocupación por el rumbo que el régimen pretende seguir, puesto que en ocasiones parecería que el Presidente desea tener en un solo bolsillo todos los recursos y entregarlos según su estado de ánimo a todos los sectores.

Enfrentar esta crisis significa una prueba de carácter ideológico y político para el gobierno, puesto que las medidas que tome necesariamente tendrán que afectar a uno u otro sector. Si trata de afectar por igual a los sectores populares y a la oligarquía, el resultado será doblemente adverso: primero porque enfrentará el malestar en todos los frentes, y eso significa un debilitamiento político; luego porque, por principio, hablar de cambio significa, necesariamente, beneficiar a los pueblos en perjuicio de los poderosos, y si no se actúa así, se está distorsionando el proyecto, y ello implicará una recomposición de las fuerzas de la derecha y mayores fracturas en la tendencia democrática, progresista y de izquierda.

Lo que el cambio exige en estos difíciles momentos de crisis capitalista es que, como decía un titular de nuestra portada número 161: ¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS!

No hay que descuidar el área social

Magdalena Vélez, Presidenta del Frente Popular

Desde el ámbito de los sectores populares, la actual crisis económica mundial afecta, fundamentalmente, la estabilidad laboral. La crisis obliga a los grandes empresarios a cuidar sus negocios en detrimento de los derechos de los trabajadores: despidos y reducción de salarios son algunas de las medidas que implementan los dueños del capital.

Otro sector muy afectado por la crisis son los consumidores: la elevación de los precios de los productos de primera necesidad repercute directamente en las masas de trabajadores pobres y sus respectivas familias. En este contexto, el Frente Popular plantea algunas alternativas para que la crisis económica no sepulte en la miseria a millones y millones de ecuatorianos: • Inversión del Estado en la obra pública, como un mecanismo para generar empleo. • Proteger la producción nacional y priorizar los recursos del Estado; no descuidar el área social. • Alza general de sueldos y salarios, en un porcentaje cercano al costo de la canasta básica; estabilidad laboral y respeto a las conquistas laborales y a los contratos colectivos. • Mantener congelados los costos del gas de uso doméstico, de los combustibles, de las tarifas de transporte público y estudiantil. • Acción enérgica del Estado y sus instituciones para erradicar la evasión tributaria. • Eliminación de los costos de los servicios bancarios; control estatal de las tasas de interés y reducción de los intereses de microcréditos.

Como Frente Popular estamos conscientes de que estas y otras medidas servirán únicamente para atenuar los efectos de la actual crisis mundial. Nosotros estamos convencidos de que solo destruyendo las bases del sistema capitalista e instaurando otro modelo económico y productivo, el socialismo, terminaremos definitivamente con estas crisis que empobrecen a todas las sociedades del mundo.

El bolsillo de los trabajadores es el más afectado

José Chusín, Presidente de la Federación de Trabajadores Municipales, FETRAMU

Esta crisis generalizada afecta el bolsillo de los trabajadores: todo sube y los salarios se estancan, esto influye, sobre todo, en el gasto corriente del día a día.

Como trabajadores públicos no estamos de acuerdo con el incremento de 18 dólares al salario básico, que es de 218 dólares (sumado ya este pírrico aumento); esta elevación no se compadece con otros indicadores económicos: la canasta básica familiar (para cinco miembros) se ubica en 591 dólares y la canasta vital o de la pobreza, en 351 dólares.

Nosotros sostenemos que el salario básico de los trabajadores tiene que estar, por lo menos, a la par de la canasta básica; no existe otra manera para paliar, en algo, esta crisis económica que cada vez se agudiza más. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Ecuador existe 8% de desempleo, 11% de subempleo y el 60% de las personas están consideradas como pobres.

La Federación de Trabajadores Municipales, miembro de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), plantea las siguientes alternativas para salir de esta crisis nacional y mundial:

• No pago a la deuda externa; todos estos recursos deben invertirse para el desarrollo del país; por ejemplo, para la construcción de grandes proyectos viales, hidroeléctricos e hidrocarburíferos, que generen producción y empleo. • Nacionalización de los recursos naturales, especialmente en el sector petrolero y minero: los beneficios de estas actividades deben ser para el Estado y no para las transnacionales. • La capitalización (al 6%) de los aportes de la Seguridad Social, estimados en 650 millones de dólares, deben reinvertirse en obras que satisfagan las necesidades de los afiliados al IESS y no para otros menesteres. • Reactivación del aparato productivo; impulsar una verdadera reforma agraria