El pasado 9 de marzo, las organizaciones sociales, medios de comunicación y la sociedad recibieron con asombro la noticia de la derogatoria del acuerdo Ministerial 1939, del 13 de abril 1989, que dio vida jurídica a Acción Ecológica hace 20 años: mediante el Acuerdo Ministerial 0157, del 2 de marzo del 2009, la Ministra de Salud Caroline Chang, bajo el argumento de “incumplimiento de los fines para los que fue creada”, eliminó jurídicamente a esta organización ambiental.

Ante esta arbitraria resolución, varios sectores sociales, sindicales, indígenas y ambientalistas, además de varios asambleístas de distintas agrupaciones políticas, han presentado su solidaridad con Acción Ecológica, porque su trabajo de investigación ha sido reconocido tanto al interior como fuera del país; su labor ha sido dirigida a los pueblos y comunidades, donde han sido vulnerados la vida humana y el ambiente, como es el caso de las fumigaciones en la frontera con Colombia, en que el Ecuador reclama por las afecciones causadas a la población. Recordemos que estas investigaciones realizadas por Acción Ecológica sirvieron para que los Ministros de Relaciones Exteriores, Antonio Parra Gil y Francisco Carrión, tuvieran argumentos científicos para condenar este grave problema fronterizo.

Esta ONG ha jugado un papel histórico, denunciando sobre varios problemas y sus consecuencias, un ejemplo es el referente al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP): Acción Ecológica advirtió que este oleoducto era innecesario, que iba a forzarle al país a explotar un crudo de mala calidad que, además, se encontraba en áreas protegidas, y que se corría el riesgo de un desastre ambiental; desastre que ya ocurrió y que está afectando a poblaciones como El Cacho, El Coca y otras regiones orientales.

Otras denuncias importantes son las relacionadas al agua potable y los transgénicos: temas que Acción Ecológica puso en el tapete, afectando poderosos intereses económicos y políticos.

¿Es una retaliación política?

Extraoficialmente se conoció que la organización estaba siendo investigada, a raíz de que Acción Ecológica defendió los princpios de No a la minería a gran escala y cielo abierto, y se solidarizó con los pueblos afectados.

Ante este hecho, Acción Ecológica solicitó un recurso de Habeas Data, sin obtener respuesta alguna o algún fallo de carácter administrativo. La noticia del retiro de la personería jurídica fue una sorpresa.

Para varios analistas y activistas de la organización, el gobierno ha demostrado su animadversión hacia los temas ecológicos y los grupos que los defienden; lo que se pretende, al parecer, es mantener el tema (minero y petrolero) como un paradigma salvador de la actividad económica.

Aparentemente, para el gobierno, el tema ambiental no es transcendental; el régimen ha mostrado actitudes prepotentes; su lema parece ser “quien protesta debe ser anulado”; irrespetando, así, flagrantemente, la democracia, violentando los derechos fundamentales como el debido proceso legal, la asociación y derechos conexos, la salud y la seguridad jurídica. Decisiones gubernamentales que pisotean la nueva Constitución.

¿Los fines y objetivos de Acción Ecológica se han cumplido?

Acción Ecológica, según Esperanza Martínez, una de las líderes de esta ONG, en estos 20 años de funcionamiento viene cumpliendo los fines y objetivos para los que fue constituida: “Si no se demuestra la tesis del gobierno, ’incumplimiento de los fines para los que fue creada’, entonces sólo quedan dos posibilidades para esta arbitraria acción: o fue un acto no consultado o es un tipo de retaliación por el tipo de actividades que realiza esta organización”.

La ministra Chang ha señalado también que Acción Ecológica no es una ONG de salud y que no ha coordinado temas en esta área; ante esta manifestación, la activista manifiesta que se debe remitir al concepto integral de salud, en el cual el medio ambiente es un elemento fundamental: “La OMS manifiesta que la salud está determinada justamente por los temas del entorno ambiental, por los grados de contaminación, de desnutrición, entonces ahí está la prioridad del tema ambiental; a parte de esto, Acción Ecológica ha impulsado varias investigaciones específicamente en el ámbito de la salud”.

Al parecer, también existe una gran contradicción en el Gobierno, porque reconoce los derechos de la naturaleza, pero no a quien la defiende.

La solución

La vía más viable para solucionar esta arbitrariedad es dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial 0157 del 2 de marzo del 2009, que derogó la personería jurídica de Acción Ecológica.