Que Teleamazonas se vaya del aire es un triunfo, pero que al mismo tiempo que no se revolucione la comunicación en los hechos, es un problema, una limitación.
No, los medios no son un poder, son nada más que instrumentos que usa el poder, una estructura técnica de gran penetración, de gran efectividad en el plano de la lucha ideológica y política.
El gobierno, entonces, no enfrenta a los medios, no los combate, sino que a través de “regular” su uso (porque el control es algo que aún no logra), confronta al poder empresarial y banquero, a la derecha política, que tiene en estos instrumentos los más efectivos reductos de su dominio.
En esta nueva polémica armada en torno a la supuesta agresión a la libertad de expresión, por las sanciones a Teleamazonas por parte del Conartel, hay una incongruencia entre el discurso mediático y el estado de ánimo de las masas. Para sorpresa de Jorge Ortiz, Emilio Palacio, Carlos Vera, Simón Espinoza, etc., el llamado público a la movilización masiva por este grave “atentado a la democracia”, no tiene el eco esperado. Ya quisieran ellos que se produzca una reacción similar o mayor a la que ocurrió en Venezuela por el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV).
Lo único que han logrado es el resultado de una encuesta de Santiago Nieto, en el sentido de que alrededor del 80% de la gente no está de acuerdo con el cierre de Teleamazonas. Pero como las encuestas no salen a las calles: “hay que hacer un trabajo de pedagogía”, dice Emilio Palacio, “porque el Socialismo del Siglo XXI se ha convertido en una especie de religión”. Según él, no es que la gente no confíe en los medios, que no comparta sus posiciones, o que no milite en su defensa, sino que los ecuatorianos están tan fanatizados, como en la época hitleriana, que no tienen conciencia propia. ¡Un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos!
Tan desesperados están que hasta piden apoyo a la izquierda. Palacios, en tono casi suplicante, advertía que si bien es comprensible que la derecha esté amedrentada y no salga por ello en defensa de Teleamazonas, no entendía por qué la izquierda no se decidía a hacerlo. Ahora hasta los indígenas, los trabajadores, los estudiantes, son buenos si aportan en generar críticas al Gobierno por esta medida del Conartel. Para ellos, este puede y debe ser un detonante para que el Gobierno caiga, es una oportunidad más para la conspiración. Obviamente disimulan lo más que pueden estas intenciones, Ortiz dice que las concentraciones que se dan frente al canal, tanto en Quito como en Guayaquil, son espontáneas, sin convocatoria previa, pero al mismo tiempo pide apoyo públicamente, reporta la aglomeración de no más de 50 personas como un hecho de gran envergadura, trata de volverlo un hecho de primera plana. Buscan crear ambiente de inestabilidad, de crisis política.
En algo tienen razón: el tema Teleamazonas no es ni meramente jurídico, ni meramente comunicacional, es esencialmente político. Se trata de una oportunidad que tienen los pueblos, las fuerzas de la tendencia democrática, patriótica, progresista y de izquierda, de golpear al poder económico, a la derecha, pero también de liberarse, aunque sea temporalmente (el cierre sería de 90 días), de una de las armas fundamentales de la reacción, que ha venido colocando estigmas a la lucha popular, a las organizaciones y partidos de la izquierda, al cambio revolucionario en general. Desde el punto de vista estratégico, quedarse sin Teleamazonas es un avance en el proceso de cambio.
Ahora, es evidente que el solo cierre de Teleamazonas, o la incautación de medios como TC y Gama TV, no son la expresión de una democratización real de la comunicación, y mucho menos de una recuperación para los pueblos del derecho a la palabra y a la imagen. Tampoco lo es, como hemos visto en la práctica, la instauración de medios públicos como Ecuador TV, la Radio Pública o diario El Telégrafo, lamentablemente, hasta ahora, éstos no son espacios en los que se exprese la diversidad cultural de los pueblos, su realidad material y espiritual, su organización social y política, sus proyectos y propuestas. Son medios que pretenden parecerse a los medios tradicionales, a la empresa privada, y que reproducen viejos esquemas y mitos de la comunicación del sistema.
Y cuando hablamos de las definiciones y rutas que debe contener la ley, respecto de los derechos constitucionales a la comunicación, es obvio que lo fundamental está ausente: el debate amplio y claro con todos los actores del espectro popular. Es una ley que, como las demás que el Gobierno pretende aprobar en este período, se transa a escondidas y se presentará como fruto de un gran diálogo social.
Entre algunas de las necesidades actuales para esa ley están, por ejemplo, una definición adecuada de lo que son los medios públicos y los comunitarios, que establece la Constitución. Si por medios públicos se entienden únicamente los que el gobierno crea y controla, no avanzaremos mucho, pero si se trata de medios que se entreguen a las universidades públicas, por ejemplo, que les sirvan para establecer sus propios procesos de comunicación y formación académica, la cosa cambia; si son medios entregados a organizaciones histórica y legítimamente constituidas como centrales sindicales, organizaciones campesinas, barriales, federaciones de estudiantes secundarios y universitarios, movimiento indígena, magisterio, colegios de profesionales, federaciones de artistas, asociaciones de comerciantes minoristas, movimiento de mujeres, de minorías sexuales, de protección del ambiente, de defensa de los derechos humanos, etc., entonces sí hablaremos, en los hechos, de democratización de la comunicación.
Se corre el riesgo de definir como medios comunitarios a marginales expresiones comunicacionales restringidas territorialmente a un barrio o una comunidad, y con temáticas específicas de su zona, sin que puedan llegar a todo el país con una visión política general. Como si los medios privados fueran los únicos que pueden hacer comunicación de este tipo.
El control necesario a los medios privados es otro tema que hay que discutir. Perder la oportunidad de liberarnos de la chatarra comunicacional sería un pecado. Impedir la transmisión de los Simpsons en horarios en los que lo pueden ver los niños es justo, pero si no se reemplaza ese espacio con contenidos positivos, de avanzada, la medida se vuelve incompleta.
Resumiendo: que Teleamazonas se vaya del aire es un triunfo, pero que al mismo tiempo que no se revolucione la comunicación en los hechos es un problema, una limitación. La lucha por el cambio tiene aún pendiente la conquista de este derecho.
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