Más de 20 mil personas asistieron a la marcha que se realizó en Guayaquil, el miércoles 24 de junio.

La movilización contó con la participación de estudiantes de la FESE, padres de familia y docentes. Muchos de los asistentes viajaron más de 10 horas para apoyar al gremio magisteril y las tesis de cambio, evualuación sin represión. Entre ellos también estaban los dos asambleístas del Movimiento Popular Democrático, el profesor Jorge Escala y el Doctor Avel Avila, así como el asambleísta electo y rector del colegio Teodoro Gómez de la Torre de la provincia de Imbabura, Ramiro Terán, todos con el propósito de mostrarle al presidente Correa, ministro de Educación y algunos asambleístas, que la movilización que superó en ánimo y número a la que realizó el Gobierno en esta misma ciudad, no fue para medir fuerzas, pues no se pretende enfrentar al pueblo contra el pueblo. Los maestros sí quieren cambios para la educación, apoyan la evaluación, pero no el despido, ni el atropello, porque la razón no pide fuerza.

Condena al proyecto de reformas a la Ley de Carrera Docente


Con la movilización, los asistentes exhortaron al presidente de la República que los cambios propuestos para el sector de la Educación, específicamente la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Ecuatoriano, promuevan el cambio positivo, que beneficie a los sectores vulnerables, a los docentes, estudiantes y padres de familia, y que los involucre en todos los procesos educativos, que verdaderamente se eduque para la libertad, para la solidaridad, que se promueva una verdadera educación emancipadora y no la propuesta gobiernista neoliberal e inconstitucional que se pretende aprobar en el seno de la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional.

El primer debate de la propuesta de reformas a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Ecuatoriano se inició el 16 de junio de este año. Este proyecto de ley plagado de incongruencias e inconstitucionalidades, encendió un candente debate, observándose que varios asambleístas de las distintas tiendas políticas, incluso de derecha, apoyaron la tesis de los maestros agremiados en la Unión Nacional de Educadores (UNE), que están defendiendo los intereses de la educación pública, de los niños, adolescentes y de los docentes. Algunos criterios fueron expuestos con el ánimo de hacerle notar al presidente de la Asamblea, Arq. Fernando Cordero, y al Gobierno, que la reforma planteada es inconstitucional, y lo que se pretende es desarmar la organización gremial.

Otros evidenciaron todo su atraso ideológico, a pesar de ser parte de la bancada de la “revolución ciudadana”, como es el caso de César Rodríguez, que pedía sanción para los maestros que paralicen las actividades en el sector de la educación, pero no tuvieron acogida.

La actitud de Rodríguez debe cuestionarse, porque se trata de un abogado, supuestamente conocedor de las leyes y líder de la bancada gobiernista, porque con sus criterios viscerales pretendió legitimar el proyecto del Ejecutivo, que atropella derechos laborales y sindicales conquistados y reconocidos hace décadas por la legislación ecuatoriana y por organismos internacionales.

La sensatez, conocimiento y práctica de Jorge Escala fue aplaudida por la mayoría de asambleístas y los docentes que permanecían en las barras de la sala de sesiones. En su discurso reconoció el apoyo económico que la educación ha recibido de parte de este Gobierno: los uniformes, el desayuno escolar, el mejoramiento en la infraestructura que ningún otro gobierno lo ha hecho, “pero esto aún no es suficiente”, dijo. También hizo conocer que de las 12 mil partidas ofrecidas, solo 3.000 docentes han logrado ingresar al magisterio, condenó la errónea posición del asambleísta Rodríguez, que no sería la primera vez que ataca el gremio, y lo descabellado del proyecto con que se pretende despedir a miles de maestros para poder cumplir con los ofrecimientos realizados al sector de la educación por parte del presidente Rafael Correa.

La presidenta de la UNE, Mery Zamora, por su parte destacó “que el proyecto enviado por el presidente Rafael Correa atenta a los derechos básicos y profesionales de los seres humanos, el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, la profesionalización y formación continua del docente, cuando propone: la incorporación de la evaluación docente como causal para la destitución de l@s maestr@s; mientras que el objetivo debe ser evaluar para mejorar y no evaluar para despedir. Establece además que las funciones de directivo de las instituciones educativas son cargos de libre remoción del Ministerio de Educación, causando inestabilidad en las escuelas y colegios, o que otros títulos profesionales no docentes puedan ejercer la labor del maestro en el sistema educativo público. “Una reforma por demás atrasada y retardataria, y que se creyó superada, porque esa es una práctica de gobiernos neoliberales de derecha, que junto a la privatización de la educación suponían resolver la crisis de la misma, y lo único que lograron fue destrozar la educación pública”, sostuvo. Así mismo, advirtió que el proyecto elimina las comisiones de servicio de los dirigentes de la UNE nacional y provincial, cuando este es un derecho sindical, laboral, garantizado en la Constitución, en tratados y convenios internacionales con la UNESCO o la OIT.

La dirigenta señaló también que “la UNE rechaza este atentado inadmisible en contra de la organización de los maestr@s del país, porque desconoce su vigencia y trabajo incasable en defensa de la educación pública y de calidad, porque no se apuntará a un verdadero cambio en el sistema educativo en el país, por el contrario se está desnaturalizando la educación pública, llevándola al fracaso con procesos erróneos, con el único interés de desaparecer una organización como la UNE, que hoy se reafirma más que nunca en la necesidad de una educación pública de calidad y mejores condiciones de vida y de trabajo para los docentes, niñ@s y jóvenes del país”.

Según la planificación del Congresillo, el segundo y definitivo debate del proyecto está previsto para el 30 de este mes. Mery Zamora saludó la posición coherente, consecuente y apegada a la Constitución de los asambleístas que en su mayoría tuvieron en el primer debate del pleno de la Comisión Legislativa el 16 de junio, y solicitó a l@s señor@s asambleístas mantener esta actitud digna de defensa, aplicación y respeto de la Constitución, que garantiza derechos que pretenden ser vulnerados con este proyecto insconstitucional, reaccionario, represivo y atentatorio, según la representante.