Los comerciantes minoristas son ecuatorianos que le apuestan al país para no emigrar, están decididos a combatir la crisis económica a través de su trabajo. La Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, como estuvo planteada originalmente, respeta las ordenanzas y competencias municipales y termina con el abuso, la persecución, el golpe y el garrote impuestos por los alcaldes de Guayaquil y Quito.

Antecedentes

En varias oportunidades la Central Única de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE, trató de plasmar sus necesidades en una ley que defienda su dignidad y el derecho al trabajo. La propuesta de Ley que beneficia a sector informal, fue presentada con la ayuda de la diputada del MPD Araceli Moreno ante el Congreso Nacional en 1995, mereció la aprobación del poder legislativo de ese año; fue vetada completamente por el presidente Sixto Durán Ballén debido al informe negativo de León Febres Cordero, alcalde de Guayaquil, y de Roque Sevilla, alcalde de Quito de ese entonces. A ese rechazo se sumó también Heinz Moeller, representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Posteriormente, Gustavo Terán y Luis Villacís, diputados del MPD, reincorporaron el proyecto de ley en el extinto Congreso Nacional. El 29 de octubre del año pasado nuevamente se presentó la propuesta a través de los comisionados Abel Ávila y Jorge Escala, quienes lograron la calificación en el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL).

El 7 de julio la Comisión de lo Laboral y Social aprobó el informe para el segundo debate de la Ley de Defensa de los Comerciantes Minoristas, texto con el que la dirigencia de la CUCOMITAE no concuerda completamente, pues cuestionan las “sugerencias” del alcalde Augusto Barrera y que se incorporaron al texto final, que establecen la sanción pecuniaria máxima de $218 a los comerciantes que trabajen en los espacios públicos. Además, en los Arts. 18 y 19 del Proyecto se establecen otras sanciones a los comerciantes.

Inconformidad

Según la dirigencia de la CUCOMITAE, la Comisión de lo Laboral y Social ha distorsionado la esencia del proyecto presentado por el gremio, pues recoge la opinión de los microempresarios, a través de la tesis del asambleísta Wilfrido Ruiz, de la Cámara de Microempresarios, en el sentido de calificar como comerciante minorista a quien posea un capital máximo de 20 mil dólares, esto es $250 al mes, algo imposible de conseguir en esta labor. Se propone sentar en la misma mesa al vendedor de chicles con el que tiene hasta 10 empleados en una empresa. La CUCOMITAE, propone que el capital máximo para la calificación sea similar al mínimo imponible del Impuesto a la Renta, es decir, 36 remuneraciones básicas unificadas (7mil 848 dólares), y así establecer la diferencia entre comerciante minorista y microempresario.

El proyecto distorsionado también pretende que la aportación del sector informal al Seguro Social sea del 20% de la remuneración básica unificada, equivalente al aporte de los dependientes de los microempresarios, que ganan 185 dólares y aportan 38,99 para gozar de las prestaciones del IESS; la propuesta del gremio plantea, en cambio, que su aportación podría ser entre 5 y 10 dólares por sus bajos ingresos mensuales.

Víctor Sánchez, coordinador nacional de la CUCOMITAE, mencionó que “Alianza País ha perdido espacio en un sector de la pequeña burguesía, y es en la clase media en donde se registran los microempresarios, y haciendo una relación entre la ley del comerciante minorista y microempresario con la Ley de Soberanía Alimentaria, pretenden apoyar a la micro y pequeña empresas; la CUCOMITAE propone el fomento de las cooperativas mixtas de producción (estado y comunidad en un esfuerzo común) para desarrollar la pequeña y mediana producción”.

La dirigencia de los comerciantes minoristas manifestó que el proyecto de ley no recoge las aspiraciones ni las observaciones planteadas, por ello se ha convocado para el miércoles 15 de julio una movilizaciones hacia la Asamblea y la Presidencia de la República, con delegaciones de las principales ciudades del país.

El comisionado Abel Ávila, por su parte, también entregó sus observaciones al informe; la primera, dijo, “porque la Ley en tratamiento debe contemplar única y exclusivamente, según el artículo 329 de la Constitución, la regularización, garantías y defensa del trabajador autónomo o por cuenta propia, y el proyecto modificado por la Comisión incorpora a los microempresarios, algo que no es coherente puesto que la realidad de los dos sectores es distinta. El empresario o microempresario tiene actividades con fines de lucro, posee trabajadores y obviamente tiene un capital que genera una rentabilidad; el trabajador autónomo o comerciante minorista es aquel que vive del menudeo, busca en plazas, en calles, en aceras o en el transporte público cómo vender sus productos para su supervivencia; es así que la ley debe establecer la diferencia entre estos dos sectores”. La segunda objeción “es que a pesar de ser voluntario el pago del Impuesto a la Renta y el RISE, deberían ser eliminados porque los ingresos de los comerciantes minoristas no cubren la base imponible; y éstos pagan impuestos al comprar al gran o mediano distribuidor.”

Ávila comentó: “la aprobación de esta ley plasma una aspiración de hace 14 años que tienen los comerciantes minoristas, a pesar de la oposición de la derecha y enemigos del pueblo que se opusieron y se mantienen en esa posición de negar la posibilidad al sector informal de tener su propia ley, que les permita regular, controlar y fomentar su actividad, a través de créditos flexibles, que favorezca a la lucha contra el desempleo, a la lucha contra el hambre, y sancione civil o penalmente el irrespeto, el abuso de las autoridades de los municipios como es el caso de Guayaquil y Quito, que retiran, decomisan o confiscan la mercadería a la fuerza, violentando la Constitución que prohíbe la confiscación de los productos”.

“Se incorpora también al trabajador autónomo a las reuniones municipales, a través de la silla vacía en el seno del consejo cantonal, para que no se impongan las ordenanzas sino que participe, que opine en iguales condiciones y las decisiones sean consensuadas, cuando se trate temas inherentes al gremio. Además se plantea el acceso al crédito y capacitación para los 2 millones 600 mil comerciantes minoristas ecuatorianos, que serán beneficiados en esta Ley”.