Alba Martínez Sección: Negocios

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La empresa Abengoa –responsable del proyecto Sistema de Desarrollo Sustentable (SDS) que operaría Befesa México para el tratamiento y la disposición final de residuos industriales (tóxicos) en el municipio de Zimapán, Hidalgo– responsabiliza al gobierno mexicano de pérdidas por más de 30 millones de dólares, causadas por la falta de protección y seguridad.

Miguel Ángel Picasso, abogado de la organización civil Todos Somos Zimapán, alerta que existe una nueva demanda presentada en los primeros días de julio contra el municipio hidalguense.

El encargado de defender a la comunidad contra el confinamiento que operaría Befesa explica que la propia organización civil y la empresa han interpuesto amparos, que han derivado en la incursión de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Asegura que “no existen posibilidades de que la empresa logre reabrir el confinamiento, pues el permiso por 25 años que otorgó la pasada administración se realizó de manera ilegal. (El expresidente municipal) excedió sus facultades. Eso es intentar demostrar un exceso de poder”.

José María Lozano Moreno, recién ganador de los comicios electorales en el municipio y quien obtuvo la presidencia como acto de la resistencia civil que encabeza (el Movimiento Todos Somos Zimapán), dice que la represión ha sido constante, pero que desde su nuevo cargo frenará la instalación del confinamiento tóxico “que buscan imponer el consorcio Abengoa-Befesa y los gobiernos estatal y federal”.

Arturo William Trejo, también representante del movimiento cívico, argumenta que el exedil municipal, Eusebio Aguilar Francisco, suscribió la autorización a la empresa para continuar los trabajos a cinco días antes de cumplir sus funciones: “Hasta 2033, pero los permisos otorgados no pueden exceder el periodo de su mandato”.

Valor de la controversia

La intervención del gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se deriva de la controversia relativa a inversiones reguladas presentada el 22 de febrero de 2008 por la empresa española, ocho días después (14 de febrero) de que la Semarnat le expidiera la Licencia Ambiental Única.

Dicha controversia, cuya copia posee Fortuna, fue dirigida al titular de la Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape, y emitida por Javier Muro Gagliardi, apoderado legal de Abengoa, SA.

En el documento, la empresa reclama la falta de respuesta a la solicitud de renovación de la licencia de construcción que le fue negada en diciembre de 2007, y del que se enteró por el Boletín Oficial 941 emitido por el gobierno de Hidalgo, y firmado por representantes de los gobiernos estatal y municipal. Esto “genera incumplimientos que hacen inviable el proyecto y constituye una medida equivalente a la expropiación”.

En la notificación de controversia, Abengoa demanda que la no renovación de la licencia de construcción y operación de la planta de tratamiento y confinamiento de residuos peligrosos, por parte del municipio de Zimapán, afecta su inversión y es violatoria de las obligaciones del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).

Reclama el “presunto incumplimiento de las disposiciones” relativas a una inversión al amparo del acuerdo suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, el 18 de diciembre de 1996.

La empresa española, con sede en Sevilla, apunta que la suma de daños preeliminares es por al menos 31 millones de dólares, “más los intereses correspondientes”, pues los trabajos detenidos se encontraban en la última fase del proyecto de construcción y operación de una planta de tratamiento de residuos sólidos y un confinamiento controlado.

En el mismo documento, Abengoa solicita a Economía la reparación de los daños sufridos por el monto antes mencionado. “Este valor es preliminar y aproximado, puesto que no ha sido aún plenamente calculado”.

El reclamo a México fue por haber violado el APPRI en su perjuicio. El documento cita: el trato nacional y el trato de nación más favorecida, el nivel mínimo de trato y las medidas equivalentes a expropiación. El mismo acuerdo marca un término de seis meses para llevar a cabo las consultas antes de iniciar el procedimiento arbitral.

Contaminación del agua

En octubre de 2007, el titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, dijo que defendería el proyecto de confinamiento de residuos peligrosos y consideró que la decisión de suspender el permiso a Abengoa afectaba al estado de derecho. Entonces, el funcionario responsabilizó al ayuntamiento del posible “conflicto social”.

Arturo William Trejo, representante de Todos Somos Zimapán, señala que el permiso otorgado a la empresa fue “hecho a la medida” para beneficio de Befesa. Asegura que, incluso, fue modificada la Norma Oficial Mexicana NOM-145-SEMARNAT-2003, sobre confinamientos de residuos en cavidades construidas por disolución en domos salinos geológicamente estables: se redujo la distancia mínima de 25 a 5 kilómetros para establecer un centro de esta naturaleza.

No obstante, en la controversia presentada en 2008, la empresa Abengoa se queja de la “ausencia de protección y seguridad plenas por cuestiones asociadas a la nacionalidad del inversor contendiente (la empresa)”.

El corporativo argumenta que “existe un grupo de personas que, ante el retraso y en ocasiones la negativa de intervenir por parte de los agentes de seguridad pública, permanentemente comenten acciones de intimidación, agresiones físicas y verbales, conductas éstas presumiblemente constitutivas de delitos en perjuicio de los empleados y trabajadores de las empresas subsidiarias”.

“La suma de estas acciones, dirigidas algunas de ellas a atacar a nuestra empresa y a sus colaboradores en razón de su nacionalidad española, ha hecho inviable el desarrollo normal del proyecto en Zimapán”.

Sin embargo, William Trejo aduce que la ofensiva es por parte del gobierno federal para abrir “a toda costa” el centro de confinamiento de desechos tóxicos, “a pesar de la desaprobación de la mayoría de la comunidad de Zimapán”.

Hace un año, recuerda, “al manifestarnos contra el confinamiento fuimos reprimidos: 47 compañeros arrestados, otros quedaron lesionados; menores de edad arrojados en la carretera, hubo allanamientos, y hasta sobrevuelo de helicópteros”.

Agrega que “todo comenzó cuando se impidió la entrada a los camiones contenedores de desechos tóxicos. Desde entonces (la PFP) amedrenta y golpea a líderes y compañeros del movimiento”.

Después, el municipio fue sitiado por aproximadamente 1 mil elementos de la PFP, de los que aún permanecen 200.

El comunero Ramiro Cruz señala que el agua ha sido contaminada con arsénico y cianuro de los jales mineros. “Nos han engañado diciendo que pondrán una recicladora de basura, siendo que es un depósito de residuos altamente peligrosos que podrían llegar a contaminar”.

De acuerdo con la información publicada por Befesa, el proyecto en Zimapán se dedica a proporcionar “servicios medioambientales” y su descripción de la línea de negocio centra su actividad en su prestación a la industria y la construcción de infraestructuras.

“Desarrolla actividades de gestión de residuos industriales, reciclaje de residuos de aluminio, reciclaje de residuos de acero y galvanización e ingeniería; área industrial”. La empresa también admite que inicia actividades sin contar con experiencia previa.

Para Miguel Ángel Picasso, “es evidente que Befesa intentará reabrir el complejo, pero ya no es el municipio el que lo impide, sino la misma comunidad. La empresa está en desacato porque ha querido funcionar e ingresar materiales.

Fortuna solicitó una entrevista con la corporación española, a través de Manuel Granados, apoderado de la empresa Befesa México. Éste comentó que no le era posible dar información al respecto hasta consultarlo con el director de la división (de concesiones). Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

El confinamiento

En noviembre de 2007, la empresa Abengoa México, a través de su asociada, Befesa México, comenzó la construcción de uno de sus proyectos: el Sistema de Desarrollo Sustentable, que también consideraba una carretera de acceso, confinamiento e instalaciones industriales y administrativas.

El proyecto consta de instalaciones industriales y administrativas, plantas de lixiviados y de inertización; báscula para pesaje, laboratorio de análisis, oficinas, edificio de servicios, estacionamientos para autos y camiones, almacenes, taller de mantenimiento, zona de lavado de camiones e instalaciones auxiliares.

Además, considera la construcción de 14 kilómetros de carretera preparada para la circulación de vehículos pesados, que unirá la planta con la ciudad de Zimapán, y dos puentes de 64 y 18 metros de longitud.

Y un vaso de confinamiento, que aprovecha una hondonada natural con la impermeabilidad de 450 mil metros cúbicos de capacidad, el acceso para vehículos pesados al fondo del vaso, y un sistemas de drenaje y recolección de lixiviados que para ser tratados en la planta. (AM)

July 15, 2009 | Sección: Negocios