Para establecer una relación entre la Constitución del 2008 y el Plan Nacional de Desarrollo, en el ámbito de la Educación Superior, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), presentó un polémico proyecto de ley, del cual existen ya tres versiones, y que fue elaborado sin la participación real de los actores principales de esta importante área: los estudiantes, docentes, trabajadores y empleados de las Universidades, escuelas Politécnicas y otros institutos superiores.

Esto ha generado una tensa situación entre el Gobierno nacional y las universidades del país, que ven en este proceso una actitud inconsecuente con lo que debe ser el alma mater como derecho para el pueblo, y como instancia de contribución importante para el cambio social.

En cuanto a la Constitución se refiere, podemos afirmar que conteniendo aspectos importantes como la gratuidad, la garantía de financiación por parte del Estado, la articulación de la universidad con el sistema nacional de educación, la promoción de la investigación y la generación de ciencia y tecnología, la aplicación de criterios de interculturalidad, etc., abre también las puertas para una intervención directa del Ejecutivo en la dirección y definición de políticas de las universidades.

El artículo 351, por ejemplo, sostiene: “…la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva”. Esto daría la razón al Gobierno en sus pretensiones de intervenir en los asuntos universitarios, aunque sea a nombre “coordinación”.

El otro concepto que se introduce a partir de este artículo y que preocupa es el de “igualdad de oportunidades”, que, aunque suena bien, encubre un proceso de marginación que se pretende concretar en la ley, de discriminación de los aspirantes a la universidad, puesto que se les impone las mismas condiciones de evaluación para el ingreso, sin tomar en cuenta las diversas condiciones en que la educación se desarrolla en las distintas zonas del país.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), por su parte, adquiere una dimensión rectora de la educación superior, debido a que integra cada aspecto a una visión global del país que tiene el Gobierno.

Aunque este tema requiere de un análisis específico más extenso, podríamos decir que el PND recoge una visión desarrollista y reformista de la economía y de la política. Y en esa lógica quiere ubicar la SENPLADES a la universidad ecuatoriana. Es decir, como reproductora de un sistema capitalista “mejor”, pero no como un factor de transformación revolucionaria de la sociedad. Tras hacer un análisis histórico de lo que ha significado el desarrollo en el mundo, América Latina y Ecuador, en el que incluso utiliza categorías marxistas como “burguesía”, “clase obrera”, el PND se envuelve en un discurso florido para argumentar que el gobierno de la denominada “revolución ciudadana” es antineoliberal; y nada más que eso.

Para el Gobierno, entonces, el mejoramiento de la universidad ecuatoriana tiene que ver con la imposición de modelos que la acerquen a estándares internacionales de educación superior, pretende que trabaje bajo el criterio del desarrollo de las “competencias” profesionales, es decir, que provea de los profesionales que el mercado exige, según las lógicas de acumulación del capital.

La Educación Universitaria requiere cambios, transformaciones que desarrollen una educación de calidad, democrática y científica pero al servicio de los pueblos y del desarrollo del país. Y esto requiere necesariamente de un debate universitario serio para elaborar una propuesta de Ley de Educación Superior coherente, que fortalezca la democracia y la participación, que defienda la autonomía universitaria y el cogobierno, que garantice la gratuidad y la calidad de la enseñanza.

Cómo generar el mejoramiento de la universidad

Primero, es necesario partir de la defensa de la AUTONOMÍA Universitaria, que en dicho anteproyecto (SENPLADES) se la reconoce como “autonomía responsable”, lo cual en esencia significa que la educación superior esté controlada por el Gobierno de turno, pues éste tendría las facultades para intervenir en el campo financiero, académico y administrativo, a través de un organismo controlador, equiparable a un Ministerio de Educación Superior. Esto lo propone en el marco del Art. 353 de la Constitución, que crea un organismo público de planificación, regulación y coordinación INTERNA del sistema y que establezca la relación entre sus distintos actores con la función Ejecutiva.

La autonomía de las universidades se logrará preservar con la creación de este organismo de planificación, regulación y COORDINACIÓN INTERNA, pero conformado por dos representantes de las universidades públicas del país, un representante de las universidades particulares, un representante por las escuelas politécnicas, un representante por los estudiantes, uno por los docentes y uno por los empleados y trabajadores, un representante de la SENPLADES, un Presidente elegido de fuera de su seno, y delegados con derecho a voz, que serían el Presidente de ASUEPE, el Presidente de CEUPA y el Presidente de AITPEC. Solo así se cumplirá con una verdadera participación social, que tanto se reitera en el Plan Nacional de Desarrollo como un derecho de los ecuatorianos.

Con respecto a la Autonomía Universitaria, en la revista Reflexiones de la Universidad Central del Ecuador, el MSc. Franklin Cabascango, ex vicerrector Académico y de Investigaciones, sostiene que defender y garantizar la autonomía universitaria significa algo más que el obligado cumplimiento del mandato constitucional: “implica reconocer y proteger uno de los derechos que de modo expreso se ha singularizado en la Carta Magna. Un derecho que se fundamenta en un modelo de Universidad, que se gobierna desde la autonomía y la responsabilidad social, que considere más oportunidades para la formación de un mayor número de jóvenes en edad de acceder a la Universidad, que responda a las características del entorno en que se desenvuelve, que cumpla los principios de demanda social, que cuente con recursos económicos suficientes respaldados en la Ley, que desarrolle la cultura de la calidad, que sea dinamizadora de la sociedad, que dé cuenta de lo que hace y que contribuya a acrecentar el conocimiento y los avances científicos y técnicos; y que prepare a los ciudadanos comprometidos con la transformación”.

La autonomía universitaria no es un invento reciente, desde sus orígenes las universidades siempre aspiraron a la libertad frente a los poderes civiles, imperiales o eclesiásticos, ejemplo de ello fue el modelo Bolonia y, más tarde, el movimiento de Córdova. De este último habría que destacar una frase que demuestra la posición que los universitarios tenían frente a las cadenas institucionales y legales que se imponían a los universitarios en esos tiempos:

“Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no una labor de ciencia”: Manifiesto de Córdova.

(SC/FJ/FF)