Erika Ramírez Sección: Finanzas

Beatriz Hernández salía, como todos los días, rumbo a su trabajo. En la entrada de su casa encontró un sobre blanco con el logotipo de Sanborn’s –cadena de restaurantes y tiendas departamentales, propiedad del hombre más rico del país y el segundo más rico del mundo, Carlos Slim–, lo abrió y al interior descubrió un estado de cuenta a su nombre, con una deuda total de 4 mil 979 pesos, que correspondía a la tarjeta de crédito 72-00007-66603.

El importe hacía referencia a una adquisición en el departamento de perfumería fina de Sanborn’s, dejando un crédito disponible de sólo 20 centavos. La obligación de saldar el pago debía ser cubierta en su totalidad el 16 de julio siguiente, o por lo menos abonar un mínimo de 250 pesos. La sorpresa es que Beatriz nunca tramitó dicha tarjeta; tampoco recibió el plástico en su domicilio.

Al día siguiente llegó un nuevo sobre. Esta vez correspondía a la tienda Chedraui, que avalada por Bancofácil otorgó un crédito de 5 mil pesos al cliente 0000880314. Ésta tampoco había sido tramitada por Beatriz, al igual que las deudas contraídas a su nombre con otras dos tiendas: Suburbia y Viana.

Al final de la semana, la joven tenía cuatro documentos crediticios que acumulaban más de 20 mil pesos. Ninguna de las tarjetas correspondientes a dichos adeudos habían sido solicitadas por ella. En todos los casos, Beatriz se comunicó a los servicios de atención al cliente de cada una de las empresas. Fue ignorada por una de las telefonistas; otra le advirtió que se iniciaría una investigación y que si no era verdad lo que decía enfrentaría una demanda.

La joven, empleada de una dependencia gubernamental y con estudios universitarios en informática, dice que lo único que “ha podido hacer hasta el momento es cancelar las tarjetas”. Los que usaron estas tarjetas agotaron el límite de crédito en un sólo día. También acudió a la Agencia del Ministerio Público, donde se levantó la averiguación previa GAM/ts/1455/08-07.

En la agencia “me dicen que el asunto es lento”. Mientras se incrementa la deuda a su nombre, pues en cada tienda el cobro de intereses es “estratosférico”, por encima del 50 por ciento anual: Suburbia, 70.164 por ciento; Sanborn’s, 53.90 por ciento y Bancofácil, 48 por ciento.

Esta situación ha hecho que Beatriz viva en constante estrés y temor, pues piensa que las personas que usaron su tarjeta pueden llegar a un fraude mayor. Ella es madre soltera, con un salario menor a los 10 mil pesos mensuales. Acepta que utiliza tarjetas de crédito, “de las que sé mi deuda, pero de todo esto no” .

Además, la mujer ha gastado en el pago de un abogado para que le brinde asesoría de cómo salir del problema. Cada cita le representa un gasto de 600 y 800 pesos. En su trabajo, los permisos para realizar los trámites correspondientes comienzan a limitarse.

Antemio Carrillo Sasso, director General de Defensoría, Interventoría y Consulta de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), indica que como este caso ya se han presentado otros cinco, que se suman a las 62 mil quejas interpuestas por usuarios de la banca ante esta dependencia.

Los fraudes

Uno de los motivos que permitieron que se cometiera el supuesto fraude en contra de Beatriz, explica el funcionario de la Condusef, es que un tercero haya tenido fácil acceso a los documentos personales de la joven y haya alterado la firma y la fotografía, porque “no es fácil obtener toda la documentación, aperturar cuentas y acceder a créditos, así nada más; pero sí se llegan a presentar los casos”.

Explica que los asuntos relacionados con este hecho han llegado hasta los tribunales, con el argumento de que “hay desconocimiento de todos esos cargos, porque no están soportados con ningún documento que acredite al suscriptor de esos contratos, y mucho menos que haya recibido plásticos o los bienes de las personas”.

Indica que a los defraudados se les han cargado importes de teléfonos celulares, bienes muebles y hasta automóviles. “En uno de los casos compraron tres vehículos de esa manera”.

No obstante, el funcionario de la Condusef dice que el número de problemas que se presentan anualmente en contra de las instituciones financieras “no son muy graves, si consideramos que hay 57 millones de plásticos que circulan en el país”.

Actualmente, expone, las reglas del Banco de México son candados para el otorgamiento de tarjetas de crédito o débito, “pues no se van a entregar sin los documentos de los propios usuarios y si no se entrega la tarjeta en el domicilio registrado, ya que esto último está dando la pauta para que se cometan este tipo de abusos”.

Quejas contra bancos

De acuerdo con el documento “Asesorías técnico jurídicas recibidas en la Condusef, instituciones de banca múltiple, comparativo al primer semestre 2007-2008”, en este periodo se registraron 62 mil 537 quejas contra las instituciones financieras.

El desglose del documento muestra que el organismo ha tenido que orientar acciones relacionadas con tarjetas de crédito por 38 mil 718 pesos. En el primer semestre de 2007 fueron recibidas 12 mil 920 quejas, mientras que en el mismo lapso de 2008 se atendieron 25 mil 798, lo que indica un incremento de las inconformidades de 99.7 por ciento.

Los usuarios, indica el informe de la Condusef entregado a Fortuna, reclamaron consumos no reconocidos en sus tarjetas de crédito, cancelación no atendida, solicitud de propuesta de pago o restructuración no aceptada por el banco.

Le siguen los reclamos en los créditos personales que otorgan los bancos, con 3 mil 569 asuntos, de los que se inconforman por: solicitud de propuesta de pago o restructuración no aceptada por el banco, cobro de intereses no reconocidos por el cliente, gestión de cobranza por crédito ya pagado. Las cifras registradas en los primeros meses del año pasado ascendieron a 1 mil 181, en tanto que para este año fueron 2 mil 388, que significa un incremento de 102 por ciento.

Otro de los rubros que destaca la Condusef es la asesoría proporcionada en tarjetas de débito, que en 2007 fue de 982, y para 2008 ya había 1 mil 426, lo que implica un crecimiento del 45.2 por ciento. Entre las causas que destaca la dependencia gubernamental se encuentran: consumos no reconocidos, inconformidad con la cantidad cargada y cobro por disposiciones de efectivo en ventanillas no reconocidas.

Luego, los bancos han dejado inconformes a sus usuarios con los rubros de: información general, que registró 6 mil 846; cheques, 1 mil 813; cuenta de ahorro, 1 mil 958; créditos hipotecarios 1 mil 756; crédito al auto, 885; otros rubros, 4 mil 584. En total el incremento fue de 76.6 por ciento, al pasar de 22 mil 606 quejas a 39 mil 931.

Antemio Carrillo Sasso indica que la Condusef ha sido enfática en pronunciarse para que los bancos e instituciones de crédito tengan cuidado en el otorgamiento de tarjetas: “Hay que verificar los datos de las personas e incluso valorar las condiciones del usuario, en relación al cumplimiento de pagos, ya que a la fecha hay 700 mil familias con problemas de cartera vencida”.

Agrega que de enero a junio de este año hay 1 mil 400 asuntos en trámite, de los que ya se han presentado un total de 300 demandas contra instituciones financieras. “Hasta el primer semestre del año se recuperaron 13.5 millones de pesos a favor de los usuarios, que han resuelto las autoridades judiciales”.

Robo de identidad

El robo de identidad ha facilitado a los defraudadores tramitar créditos ante las instituciones financieras. Este delito crece rápidamente en América; las organizaciones criminales dedicadas a ello han realizado fraudes millonarios a través de la utilización de tarjetas de crédito, cheques, pasaportes y visas.

Ricardo Pascoe Pierce, asesor de la Asociación Internacional de Investigadores de Crímenes Financieros, advierte que en México se pierden, aproximadamente, 5 mil millones de pesos anuales por este ilícito. El consejero dice que México empieza a tener este tipo de problemas debido a la falta de protección por parte de las instituciones financieras.

“El robo de identidad se ha dado para poder acceder a cuentas bancarias, recursos de financiamiento y otros. Tiene mucho que ver con el robo de cuello blanco. Hay bandas organizadas dedicadas a ello, pero además se ha vinculado a la lucha contra el terrorismo, porque estas organizaciones han utilizado el robo de identidad para mover fondos y para hacerse de ellos”, dice (Fortuna 47).


La SCJN resuelve a favor de defraudados

El 4 de junio pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los cargos hechos a las tarjetas de crédito por los consumos realizados con anterioridad al aviso de robo o extravío son impugnables a través de la acción de nulidad del voucher o pagaré.

Los ministros precisaron que, de acuerdo con la normatividad aplicable por el Banco de México, en caso de robo o extravío de una tarjeta de crédito, una vez que la institución bancaria reciba el aviso respectivo, deberá bloquearla y sólo podrá efectuar cargos a la cuenta por operaciones celebradas con anterioridad.

“En ese sentido, los bancos sólo serán responsables de los cargos efectuados con posterioridad al referido aviso. Sin embargo, ello no significa que los cargos realizados por operaciones celebradas antes del reporte sean necesariamente responsabilidad del tarjetahabiente”, anunció la SCJN en un comunicado oficial.

El informe indica que la Primera Sala resolvió una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados de Circuito, que estaban en desacuerdo respecto a quién es el responsable, si es la institución de crédito o el tarjetahabiente, de los cargos que aparecen en el estado de cuenta de una tarjeta de crédito, cuando se reclama la cancelación de los mismos, por alegar que se habían hecho como consecuencia del robo de la misma.

En estos casos, si el titular de la cuenta no reconoce como propios los cargos efectuados, podrá objetarlos mediante la acción de nulidad del voucher o pagaré. Se podrán cotejar las firmas de los vouchers contra las asentadas en otras que previamente haya suscrito el tarjetahabiente, para determinar si los consumos cuestionados fueron realizados por el titular.

De haberse realizado por una persona distinta, el banco deberá responder por los cargos, sin perjuicio de la responsabilidad al establecimiento en el que se hicieron los consumos. (ER)