Esas disposiciones presidenciales obligaron a la Policía a reprimir al pueblo brutalmente, dando como resultado la muerte del profesor bilingüe Bosco Wisuma, en la provincia de Morona Santiago. Previo a este lamentable hecho, hubo acusaciones de terrorismo y tortura para maestros, estudiantes e indígenas que manifestaban en el resto de país.

A causa de estas fascistiodes disposiciones gubernamentales, similares a las decisiones y acciones dadas en Dayuma, por el ex Ministro de Gobierno y hoy asambleísta del Movimiento País Fernando Bustamante que fueron reprochadas por la sociedad ecuatoriana, reportadas por algunos medios de comunicación y ocultadas por la mayoría de medios controlados por el Estado, también las recientes fueron repudiados en la Asamblea Nacional, especialmente por la bancada progresista de izquierda plurinacional Pachacutik y el Movimiento Popular Democrático; e hicieron comparecer al Ministro de Gobierno ante la Comisión Especializada de Derechos Colectivos.

En la comparecencia del Secretario de Gobierno, de acuerdo a Linder Altafuya, asambleísta del MPD, el ministro Jalkh, aceptó que la policía sí llevaba armas antimotines y de fuego, y según las declaraciones del jefe de policía del Guayas, la orden fue “reprimir toda clase de manifestación, pacífica o no”, lo que inculpó más a Jalkh.

“Por este caso, y otros del pasado que se está investigando, Gustavo Jalk debería ser enjuiciado políticamente; lamentablemente, el Movimiento País maniató este recurso y no es fácil con la actual Constitución esta Constitución un enjuiciamiento de los ministros de este gobierno; en este y otros casos la Comisión de Fiscalización también se encuentra sin recursos para actuar; la única táctica posible es la denuncia directa al pueblo y a los medios, para dar a conocer de los abusos y corrupción de los elementos allegados al y del gobierno”.

El problema, insistió Altafuya, “es la sordera del presidente Rafael Correa con los sectores populares a los que insulta, que solo les escucha luego de masivas movilizaciones y esta vez porque existe un muerto de por medio; tratamiento contrario al que da a los banqueros, a los empresarios con los que se reúne y llega a acuerdos”.

Para Ramiro Román, experto jurista, no se debe quedar sólo en la comparecencia del Ministro de Gobierno en la Asamblea Nacional, por las agresiones y muerte del maestro en Morona Santiago o por las violaciones de los derechos humanos a mujeres y niños en Azuay, pues independientemente del aspecto político, estos hechos son un atropello al derecho de libertad, al libre tránsito. Se está haciendo un control social a base de la injuria y eso va en contra del honor de las personas; el ejemplo más definido es el del presidente de la FEUE, porque no puede, por más autoridad o Presidente de la República que sea, injuriar a las personas, a las instituciones como la universidad ecuatoriana; esas reacciones se han dado solo en los regímenes de factos”.

“Debe darse una investigación profunda desde la Contraloría al caso Jalk”, aseveró el jurista, “por vinculación directa con PROJUSTICIA y el manejo de las asignaciones internacionales que ha recibido esta ONG de USAID y ESQUEL, por los convenios que en el ámbito de la justicia se han suscrito con los distintos gobiernos”.

De acuerdo a la Constitución de 1998 y la actual, son imprescriptibles: el cohecho, el enriquecimiento ilícito y el peculado; por consiguiente, no está prescrita la acción, por lo que es imprescindible que la Fiscalía realice una investigación prolija desde el año 2004 hasta el actual sobre la vinculación de Gustavo Jalk con PROJUSTICIA y sus proyectos aplicados”, acotó Román.

El estado de excepción.

Según Román, “la Policía, y las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas para reprimir, tratando a la oposición política como a la delincuencia común, porque para el gobierno no existe otra opción en el control social”.

“Esta medida de excepción es la aplicación del Plan Colombia, que tiene 3 objetivos: la seguridad jurídica, ciudadana y los derechos humanos; en este esquema planificado, la seguridad jurídica es dada a través Projusticia y ONGs como ESQUEL, y miembros “radicales” que hacen leyes y hablan de participación ciudadana en la Asamblea y presiden comisiones, como es Ruptura de los 25. También actúa Alexis Mera, super detective, que maneja una política de ultraderecha y ha sido ascesor de los sectores estratégicos en otros gobiernos, como el de Febres Cordero”.