La cotidiana tragedia, como sombra, nos persigue de la casa al trabajo y de vuelta, nos embosca en las esquinas, en los buses, toca los vidrios de los vehículos y se mete en las residencias.

Es muy decepcionante el criterio del presidente que califica de estable el índice de muertes violentas que ocurren en el país, apreciación que contrasta con la interminable inseguridad que vivimos los simples habitantes que carecemos de los privilegios de que gozan quienes cuentan con seguridad pagada por el Estado o por sus propios recursos. Y aún aquellos cuidados por guardaespaldas, son víctimas de la criminalidad desbordada que se pasea por las calles, carreteras y hasta en los cementerios, en donde hace unos días, en Puerto Barrios, fue atacado un turista de un crucero.

Los ataques a la Policía Nacional Civil, al sistema penitenciario y al Ministerio Público, atribuidos al crimen organizado y a la narcoactividad, constituyen alertas alarmantes para las autoridades, que no deberían alardear asegurando que no se van a dejar intimidar, como dijo el ministro de Gobernación; lo que es urgente es el diseño e implementación de estrategias y políticas para enfrentar el tamaño del peligro.

Nuestra vida y seguridad están severamente vulnerables y encima tenemos un cúmulo de conflictos sociales, demandas irresueltas del campesinado, de los pobladores que se oponen a la minería, de las familias afectadas por la reducción de las remesas, de quienes ante la carencia de recursos para atender su salud en consultorios pagados, deben acudir a los escuálidos hospitales públicos, que tienen casi como único recurso la mística de médicos(as), enfermeras(os) y estudiantes, quienes hacen milagros para atenderlos; y tragedias nacionales como la agonía del Lago de Atitlán, que nos tiene consternados.

Todo lo anterior es parte de nuestra cotidiana cruzada por la sobrevivencia, pero hay otros aspectos fundamentales para el país que debemos priorizar, sobre todo porque tienen que ver con las deficiencias y riesgos descritos. Entre ellos la discusión del necesario Pacto Fiscal. Nadie puede refutar que un Estado sin recursos está imposibilitado de brindar a la población los servicios que por ley está obligado. El argumento de la corrupción y el despilfarro debe ser ubicado en la dimensión que le corresponde y, por supuesto, hay que encontrar las medidas preventivas para erradicarlo de las prácticas de los malos funcionarios y sentar precedentes para quienes cometen esos ilícitos.

No es conveniente generar un ambiente de confrontación. El mandatario tiene que encontrar el camino que allane la reforma. Los impuestos son eso, no son negociaciones, pero hay que provocar la conciencia que hace falta y, sobre todo, la confianza en que el sacrificio que haremos será debidamente invertido en los rubros para los que serán destinados.