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Lo último que ocurrió fue la dudosa decisión del Juez Tercero de Garantías Penales de Sucumbíos, Francisco Revelo, de dejar sin efecto las órdenes de prisión preventiva que se emitió contra el ex Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, y el Comandante de las Fuerzas Armadas del mismo país, Freddy Padilla, acusados de causar la muerte de 25 personas, entre ellas la del guerrillero Raúl Reyes, y ordenar el ataque a la base de las FARC en Angostura, Ecuador, el 1 de marzo de 2008. ¿Cómo está la política de soberanía del gobierno ecuatoriano frente al gobierno colombiano?

Uno de los objetivos del Plan Colombia ha sido internacionalizar el conflicto, y Ecuador, en ese aspecto, cumple un papel fundamental en una de las mayores estrategias gringas de intromisión en América Latina. Recordemos que los dos últimos gobiernos (Lucio Gutiérrez y Rafael Correa) afirmaron que no intervendrán en el conflicto colombiano, pero es en estos regímenes donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) han sufrido los mayores golpes: la captura de Simón Trinidad y el asesinato del segundo al mando de esta guerrilla, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano.

Angostura: Un caso que se pierde en la impunidad

El 1 de marzo de 2010 se cumplirán dos años del ataque del ejército colombiano a un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano. Las palabras enérgicas, y hasta la mirada desafiante que el primer mandatario Correa mostró a su homólogo Álvaro Uribe el 5 de marzo en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizó en República Dominicana, han quedado para la historia. No porque con esa mirada se hizo respetar nuestra soberanía, sino porque, pese al enfurecimiento del Jefe de Estado, ha ganado Colombia. Revisemos si se han cumplido los acuerdos que respeten la soberanía del Ecuador.

El 5 de marzo de 2008, cuatro días después del ataque, el Consejo Permanente de la OEA aprueba por unanimidad una resolución acordada por Ecuador y Colombia, en la que se establece que el Gobierno colombiano violó la soberanía e integridad territorial ecuatorianas, manifiesta que este es un derecho que debe permanecer inviolable, aunque todos los países de la OEA, con la única excepción de EEUU, rechazaron la incursión militar colombiana, la OEA no condena a Colombia explícitamente. El presidente ecuatoriano Rafael Correa manifiesta no estar conforme y sostiene que solicitará ante los diferentes organismos multilaterales, que Colombia sea condenada por violentar las normas de convivencia internacional y la Carta de la OEA. Ningún organismo multilateral ha condenado el ataque.

El 7 de marzo inicia la Cumbre del Grupo de Rio con la finalidad principal de tratar la crisis colombo/ecuatoriana, que trasciende a otros países y amenaza con romper la paz de la región. El gobierno ecuatoriano hizo acusaciones de violación de su soberanía. Luego de un acalorado debate, donde no faltaron acusaciones y calificativos, Uribe denuncia tener una carta de un jefe guerrillero a otro según la cual las Farc ayudaron a financiar la campaña presidencial de Correa. Empezaron las acusaciones de gobierno a gobierno, donde, por un lado, la popularidad del Presidente colombiano crecía, a diferencia del ecuatoriano, que debido a los supuestos vínculos de funcionarios del gobierno con las Farc, su popularidad caía. Los objetivos del gobierno colombiano se cumplían: primero, en haber asestado un fuerte golpe a las Farc, incluso, como han afirmado los medios de comunicación, con ayuda del gobierno de los Estados Unidos, eje principal de la filosofía del Plan Colombia. Segundo, poner en jaque a nivel nacional e internacional al gobierno denominado de “izquierda” en Ecuador.

Por más de un año las fuertes acusaciones por “defender” la soberanía de ambos países se mantuvo, ahora pretenden limar asperezas, bajo algunas exigencias, incluso del gobierno colombiano, acusado hace menos de un año de haber violentado nuestra soberanía. El Canciller de Ecuador, Fander Falconí, exige a Colombia cumplir requerimientos mínimos para reestablecer las relaciones: que Bogotá deje de involucrar al gobierno ecuatoriano con la guerrilla de las Farc (estratégico para mantener la popularidad del primer mandatario), defensa irrestricta de Colombia de su frontera (actividad que por obligación debería asumirla ese país), que el gobierno de Álvaro Uribe compense los daños que causó en el bombardeo (¿compense qué?), facilitar toda la información relativa al bombardeo y que haga una contribución a la Agencia de la ONU para los Refugiados (una obligación que debería asumir el gobierno colombiano). De su lado, el gobierno colombiano pidió, entre otras cosas, una fundamental: frenar los juicios penales contra el ex ministro Juan Manuel Santos y el general Freddy Padilla, Colombia simplemente no dará paso a la normalización de relaciones. ¿De acusado a acusador?, al menos esa exigencia se cumpliría, pese a que Correa aseguró que su Gobierno no interviene en las decisiones judiciales, misteriosamente se han revocado las órdenes de captura para quienes en algún momento el Jefe de Estado acusó de ser los cerebros estratégicos del ataque al territorio patrio.