La figura de Calumnias e Injurias, un claro atentado contra la libertad de expresión, fue despenalizada convirtiéndose en ley. Tal como está expresada en su texto y en su fundamento, esta ley –que espera la promulgación presidencial- constituye una norma protectiva que no sólo exime a los y las periodistas de ser querellado bajo esa figura, sino que los releva de solicitarle al funcionario que compruebe su malicia al acusarlo.

De esta forma se da cumplimiento al compromiso asumido por el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego que se pronunciara a favor del periodista Eduardo Kimel, condenado en el año 1991 por criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola en su investigación sobre el asesinato de los sacerdotes palotinos durante la dictadura, hecho que se conoce como “La masacre de San Patricio”.