Sexta parte

Cuando la periodista estadunidense Lucy Komisar trató de extender la investigación de las milicias clandestinas reconocidas por gobiernos de Europa a Estados Unidos, descubrió rápidamente que, en cuestión de secretos militares, su propio gobierno no era mucho mejor que los generales turcos. “El Pentágono se negó a decirme si Washington seguía proporcionando fondos o algún tipo de ayuda al Departamento de Operaciones Especiales. En realidad, esquivaron todas mis preguntas sobre ese tema”. Komisar recibió siempre respuestas evasivas: “Los representantes que pude ver me respondieron que no sabían nada o que los hechos eran demasiado recientes como para que hubiese algo en los archivos o que yo estaba describiendo una operación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) sobre la que nada podían decirme”. Un historiador del Pentágono le respondió: “Ah, ¿usted quiere hablar de la organización ‘stay-behind’? ¡Eso es confidencial!”

Pero el problema de la contraguerrilla turca no tardó en reaparecer. El 3 de noviembre de 1996, un automóvil negro marca Mercedes chocó con un tractor en una autopista, cerca del apartado pueblo de Susurluk, más de 150 kilómetros al sur de Estambul. Un dirigente de la contraguerrilla turca, un alto responsable de la policía y un miembro del Parlamento resultaron muertos en el accidente. Muchos vieron en ello la prueba concreta de la profunda implicación del gobierno en la guerra sucia de la contraguerrilla y miles de personas salieron a la calle para protestar contra el “Estado de Susurluk” y exigir que se liberara el país “del control de las pandillas”.

En enero de 1998, el primer ministro Mesut Ylmaz tuvo que informar ante millones de teleespectadores sobre las conclusiones de los siete meses de investigación parlamentaria sobre el escándalo de Susurluk. “Esto es la anatomía de un escandaloso caos”, comenzó el primer ministro, antes de reconocer que un “escuadrón de la muerte se había mantenido en el seno del Estado” mientras que “todos los órganos del poder tenían conocimiento de la situación”.

Como consecuencia de la profusión de revelaciones acusadoras en toda Europa occidental, el escándalo del Gladio fue objeto de debate en el Parlamento Europeo el 22 de noviembre de 1990. La Comunidad Europea se componía en aquel entonces de 12 miembros, y todos se veían afectados por el escándalo. Los 12 habían establecido entre sí una estrecha cooperación y se disponían a instaurar el mercado común, que debía garantizar la libre circulación de personas, bienes y servicios y capitales. Sin embargo, las cuestiones de seguridad y de defensa seguían estando en manos de cada uno de los Estados miembros, ya que éstos seguían siendo soberanos en ambos aspectos.

“Señor presidente, damas y caballeros, una exigencia de orden moral y político se plantea a la nueva Europa que poco a poco estamos construyendo”, así abrió el debate aquel día el eurodiputado Falqui. “Esta Europa sólo podrá sobrevivir basándose en la verdad y en la perfecta transparencia de sus instituciones ante las oscuras intrigas contra la democracia que han marcado la historia, incluso la historia reciente, de muchos países europeos”. Subrayó Falqui que no habría “futuro alguno si no disipamos ese sentimiento de haber vivido en lo que pudiéramos llamar un doble Estado, abierto y democrático por un lado, por el otro clandestino y reaccionario. Es por ello que tenemos que conocer la naturaleza y el número de redes Gladio a las que dieron abrigo los Estados miembros de la Comunidad Europea”.

El eurodiputado belga Dury (socialista) compartía aquellas preocupaciones al declarar a sus colegas parlamentarios: “Lo que nos inquieta en el caso Gladio es que tales redes hayan podido existir a espaldas y fuera de todo control de las instituciones políticas democráticas. Ése es, a mi entender, el principal problema subsistente”. Dury concluyó que la historia de los ejércitos secretos debía ser investigada: “Estamos, por nuestra parte, convencidos de la necesidad de arrojar luz sobre todo este asunto para definir todas sus implicaciones y poner fin a los abusos que pudiesen perdurar y afectar a otras organizaciones, así como prevenir las posibles tentaciones que pudiesen haberse suscitado”.

Según el eurodiputado belga, la investigación tenía que abordar también el papel de la OTAN, “aunque en lo tocante a su responsabilidad y la del SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), no creo que se pueda hablar de conspiración”, indicó. “Me parece, a pesar de todo, que tenemos que mantenernos especialmente vigilantes y atentos si queremos que se sepa toda la verdad. Bien sabemos que ciertos miembros de Gladio son también miembros de los comités de la OTAN”. Y concluyó: “Arrojar luz sobre este tipo de zonas oscuras constituye precisamente la obligación que nos confiere nuestro mandato democrático”.

“Señor presidente, el sistema Gladio operó durante 40 años bajo distintos nombres”, declaró ante sus colegas el parlamentario griego Ephremidis. “Operó en la clandestinidad y razonablemente podemos atribuirle una responsabilidad en todos los actos de desestabilización, de provocación y de terrorismo cometidos en nuestros países a lo largo de cuatro décadas, actos en los que seguramente se encuentra implicado de forma directa o indirecta”. Ephremidis denunció enérgicamente la red stay-behind en su conjunto y sobre todo “el hecho que (esa red) haya sido instaurada por la CIA y la OTAN (Organización del Tratado Atlántico Norte), las cuales, con el pretexto de defender la democracia, pisotearon esta última y la utilizaron en aras de sus funestos propósitos”.

Al aludir de forma implícita al papel que desempeñó el Gladio griego en el golpe de Estado de 1967, señaló indignado el hecho que “la democracia que se supone disfrutamos no ha sido ni es en realidad otra cosa que una fachada”, y llamó al Parlamento Europeo a realizar una investigación. “Hay que descubrir cada una de las sutilezas del asunto y, para ello, tenemos que formar una subcomisión investigadora encargada de escuchar a los testigos y de dar a conocer toda la verdad para que se tomen todas las medidas necesarias para liberar por fin nuestros países de esas organizaciones clandestinas”.

El parlamentario belga De Donnea (reformador liberal) ofreció, por su parte, una visión muy diferente: “Señor presidente, al término de la Segunda Guerra Mundial, para la mayoría de nuestros Estados estaba plenamente justificada la creación de servicios que tuvieran como misión la preparación de redes de resistencia que pudieran ser activadas en caso de ocupación de nuestro territorio por parte de los ejércitos del Pacto de Varsovia”. Este eurodiputado belga subrayó: “Estamos por lo tanto en deuda con todos aquellos que, mientras la Guerra Fría se prolongaba eternamente, trabajaron en esas redes”. Para De Donnea era evidente que los ejércitos secretos tenían que seguir siendo secretos: “Para mantener su eficacia, esas redes tenían necesariamente que mantenerse en la sombra”, aunque deseaba de todas maneras que salieran a la luz sus supuestos vínculos con actividades terroristas: “Dicho esto, si existen indicios o fuertes presunciones que permiten suponer que esas redes hayan podido actuar de forma ilegal y anormal en ciertos países, es interés de todos averiguar la verdad y castigar a los culpables”.

El diputado flamenco Vandemeulebroucke resumió de manera bastante justa el sentir de numerosos europeos: “Este caso deja un gusto amargo porque se remonta a la creación de la Comunidad Europea y porque pretendemos precisamente instaurar una nueva forma de democracia”. Precisó Vandemeulebroucke que era sobre todo el secreto que rodeaba la operación lo que le inquietaba como parlamentario, ya que “los presupuestos de esas organizaciones clandestinas se mantuvieron también en secreto. No se discutieron nunca en ningún parlamento y queremos expresar nuestra inquietud en cuanto al hecho que (…) resulta evidente que existen órganos capaces de tomar decisiones y de hacer que éstas se apliquen sin verse sometidos a ningún tipo de control democrático”.

El diputado holandés concluyó: “Quiero protestar más enérgicamente contra el hecho que el ejército estadunidense, ya sea a través del SHAPE, de la OTAN o de la CIA, se arrogue el derecho de interferir en nuestra democracia”. Reconoció después que el asunto no entraba dentro del campo de competencia del Parlamento Europeo. “Estoy perfectamente consciente de que no somos competentes en materia de seguridad y de mantenimiento de la paz”, explicó. “Es por eso que la resolución votada pide la creación de una comisión investigadora parlamentaria en cada uno de los 12 Estados miembros para que se sepa la verdad”.

Como consecuencia de los debates, el Parlamento Europeo decidió adoptar una resolución sobre el caso Gladio. La resolución contenía una enérgica denuncia del fenómeno y, en su preámbulo, intentaba describir la operación a través de siete puntos:

1. “Considerando que varios gobiernos europeos han revelado la existencia desde hace 40 años y en varios Estados miembros de la comunidad de una organización que realiza operaciones armadas y de inteligencia paralela”.

2. “Considerando que durante estos 40 años esa organización escapó a todo control democrático y fue dirigida por los servicios secretos de los Estados interesados en colaboración con la OTAN”.

3. “Temiendo que tales redes hayan podido interferir ilegalmente en los asuntos políticos internos de los Estados miembros o que sigan teniendo la capacidad de hacerlo”.

4. “Considerando que en ciertos Estados miembros los servicios secretos militares (o elementos incontrolables en el seno de esos servicios) han estado implicados en graves actos de terrorismo y criminales como se ha probado mediante diversas investigaciones judiciales”.

5. “Considerando que esas organizaciones actuaron y siguen actuando fuera de todo marco legal, no están sometidas a ningún control parlamentario y, en la mayor parte de los casos, sin que sean informados los más altos responsables del gobierno y los garantes de la Constitución”.

6. “Considerando que las diferentes organizaciones ‘Gladio’ disponen de sus propios arsenales y equipamientos militares que les garantizan una fuerza de ataque desconocida, constituyendo así una amenaza para las estructuras democráticas de los países en los que operan y han operado”.

7. “Profundamente preocupado ante la existencia de órganos de decisión y de ejecución fuera de todo control democrático y de naturaleza totalmente clandestina, en momentos en que un fortalecimiento de la cooperación comunitaria en materia de seguridad está siendo el centro de todos los debates”.

Después de aquel preámbulo, la resolución condenaba, en primer lugar, “la creación clandestina de redes de acción y de manipulación y llamaba a abrir una profunda investigación sobre la naturaleza, la estructura, los objetivos y todo otro aspecto de esas organizaciones secretas o de todo grupo disidente, sobre su utilización como forma de injerencia en los asuntos políticos internos de los países interesados, sobre el problema del terrorismo en Europa y sobre la posible complicidad de los servicios secretos de los Estados miembros o de terceros países”.

En segundo lugar, la Unión Europea protestaba “enérgicamente contra el derecho que se han arrogado ciertos responsables del ejército estadunidense que trabajan para el SHAPE o para la OTAN a estimular la creación en Europa de una red clandestina de inteligencia y acción”.

En un tercer punto, la resolución llamaba a “los gobiernos de los Estados miembros a desmantelar todas las redes militares y paramilitares clandestinas”.

Como cuarto punto, la Unión Europea exhortaba “las jurisdicciones de los países en los que la presencia de tales organizaciones militares [estaba] comprobada a determinar con exactitud su composición y su forma de operar y a establecer un listado de todas las acciones que al parecer realizaron con vistas a desestabilizar las estructuras democráticas de los Estados miembros”.

La Unión Europea reclamaba además que “todos los Estados miembros tomen las medidas necesarias, de ser necesario mediante la nominación de comisiones parlamentarias de investigación, con el fin de hacer un listado exhaustivo de las organizaciones secretas en ese contexto y, al mismo tiempo, de controlar sus vínculos con sus respectivos servicios de inteligencia y, de ser el caso, con grupos terroristas y/u otras prácticas ilegales”.

El sexto punto de la resolución estaba dirigido al Consejo de Ministros de la Unión Europea, muy especialmente a los ministros de Defensa, y lo llamaba a “proporcionar toda la información sobre las actividades de esos servicios clandestinos de inteligencia y de acción”.

En el séptimo punto, el Parlamento Europeo pedía “a su comisión competente que escuchara testigos con el fin de aclarar el papel y el impacto de la organización ‘GLADIO’ (sic) y de otras redes similares”.

Como último punto, aunque no menos importante, y aludiendo explícitamente a la OTAN y a Estados Unidos, el Parlamento Europeo “[ordenaba] a su presidente transmitir la presente resolución a la Comisión del Consejo de Europa, al secretario general de la OTAN, a los gobiernos de los Estados miembros y al gobierno de Estados Unidos”.

Mucho ruido para nada. Ni una sola de las ocho medidas que exigía el Parlamento Europeo se ejecutó debidamente. Bélgica, Italia y Suiza fueron los únicos países que nombraron, cada uno, una comisión investigadora parlamentaria y presentaron un informe público sustancial y detallado.

Y, aunque la resolución se puso en conocimiento de los servicios interesados de la Unión Europea, la OTAN y el gobierno estadunidense, ni el secretario general de la OTAN, Manfred Worner, ni el presidente de Estados Unidos, George Bush, padre, apoyaron la apertura de una investigación exhaustiva u ofrecieron explicaciones públicas.

Fuente: Contralínea 165