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Cuando el 19 de mayo de 2009 se anunció la licitación de una parte de la fibra óptica oscura de la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno federal preconizó que ello aceleraría la competencia en telecomunicaciones, ampliaría la cobertura y traería un enorme beneficio económico y social. Pero la propuesta gubernamental de licitar únicamente dos hilos de la red de CFE para la prestación de servicios de telecomunicaciones no es conveniente, pues generaría una “escasez artificial”, fortalecería el control de pequeños grupos privados en dicho sector y no resolvería eficazmente el problema del rezago digital del país, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El documento Propuesta de licitación de la fibra oscura propiedad de la CFE. Solución que genera escasez artificial, tanto presente como futura, elaborado en julio pasado por los investigadores Francisco Armando Aldama, Judith Mariscal y Ernesto Flores-Roux, califica de “tímida” la solución planteada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya que de acuerdo con el esquema que la dependencia está proponiendo, se licitaría menos de la décima parte de la capacidad de la red de transmisión de CFE, manteniendo ociosa la infraestructura restante en lugar de concesionarla también y permitir así la entrada de más participantes en el negocio de la transmisión de datos, voz y video (conocido como triple play).

¿Exceso de capacidad o escasez artificial?

La red de fibra óptica de la CFE tiene una extensión de 26 mil 246 kilómetros distribuidos en todo el territorio nacional. Posee la segunda red más grande del país, sólo después de la de Teléfonos de México. De acuerdo con el estudio del CIDE, el 94 por ciento de su capacidad instalada cuenta con, al menos, 12 hilos, ascendiendo éstos a 36 en el 62 por ciento de la red de transmisión; sin embargo, sólo se licitarán dos hilos.

El doctor Ramiro Tovar, director en Estudios en Regulación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), afirma que la capacidad de los dos hilos propuestos en la licitación es suficiente para absorber la demanda por los próximos 10 años. El doctor Tovar señala que el potencial de la fibra óptica dependerá de la tecnología que adopten las empresas que la usufructuarán, ya que el par de hilos puede ofrecer una velocidad de 800 mil megabytes por segundo, equivalentes a cruzar 50 millones de llamadas simultáneamente.

Para Tovar, el abrir más hilos significaría utilizar una tecnología obsoleta, “porque requerir más fibra significa que la capacidad que podemos generar en las fibras es inferior a la potencial…hay suficientes frecuencias potenciales como para evitar depender de otras”. Y añade que “los detractores” están buscando que se abran más hilos para que haya un “exceso de capacidad”, pues “puede utilizarse de forma estratégica para frenar a las empresas ya establecidas. Si hay un exceso de capacidad, quieren más hilos y tienen la certeza de que los van a obtener, entonces con una capacidad en exceso por varios años, pueden eliminar la competencia de las redes ya establecidas”. Para los investigadores del CIDE, licitar sólo dos hilos de fibra oscura generaría “escasez artificial”, pues no se aprovechan los recursos disponibles, por lo que es económicamente ineficiente tanto en cobertura como en competencia.

En su estudio, señalan que la CFE requiere de un máximo de seis hilos para su operación interna, por lo que esa capacidad no puede ser comercializada; sin embargo, es posible disponer del resto de la red, en donde los cables tienen de seis a 30 hilos excedentes, que se traduce en 223 mil kilómetros de pares de fibra oscura (es decir fibra óptica que está instalada pero que no es utilizada). Si la CFE se reservara 12 hilos para la desarrollo de soluciones futuras en la operación de su red de energía, aún quedarían 163 mil kilómetros de pares de fibra oscura disponibles; o tan sólo con los trechos que tienen fibra de 12 hilos podría comercializarse tres veces más de lo que se está proponiendo, de acuerdo con las estimaciones de los investigadores. Mariscal, Flores-Roux y Aldama señalan que “no se presenta ningún argumento que explique el porqué el Estado se reserva 91.3 por ciento de la capacidad que tiene disponible”. Considerando los 1 mil 735 kilómetros de expansión que tiene contemplada la licitación como segmentos complementarios, el cálculo asciende a 91.5 por ciento.

El esquema propuesto, señala el estudio, produciría una “escasez artificial”, lo que implicaría rentas económicas artificialmente altas; es decir, que se pague más por el bien de lo que realmente vale.

El doctor Raúl Trejo Delarbre señala que “no hay justificación ni técnica ni política ni económica de que se liciten tan pocos espacios”. Menciona que posiblemente lo que se busque es privilegiar la existencia de uno o dos operadores. “Yo creo que el gobierno piensa más en la conveniencia del mercado que en la conveniencia de la sociedad, cuando al ofrecer solamente dos hilos de fibra óptica está tratando de evitar tanta variedad de opciones que los precios bajen. Hoy el dilema es cómo van a operar esas redes que serán puestas en licitación y aquí tenemos un déficit de explicación por parte del gobierno federal”.

Licitación ¿a modo?

Las prebases de la licitación estipulan que se concesionarán 19 mil 467 kilómetros de fibra oscura distribuidos en tres rutas regionales: la ruta Pacífico, que abarca desde Baja California hasta Oaxaca; la ruta Centro, que cruza al país de Chihuahua a Chiapas y tiene acceso a Tapachula, Guatemala; y la ruta Golfo, con salidas a la frontera norte por Nuevo León y Tamaulipas, y que llega a la Península de Yucatán y se conecta con Florida mediante cableado submarino.

También se establece que un mismo participante puede obtener la licitación de las tres rutas, con lo que podría haber un solo operador de la red a nivel nacional por 20 años cuando menos, ya que al plazo que dura la concesión le siguen periodos de renovación por 10 años. A decir de los investigadores del CIDE, se trataría de “un mercado con características de duopolio”, en el que la racionalidad del ganador de la licitación será defender el statu quo que le permite mantener grandes ganancias y contrarrestar la posible liberación de fibra óptica adicional.

“El hecho de haber obtenido la posibilidad de uso de la fibra oscura a través de un proceso licitatorio dará a este pequeño grupo de poder, aunque sea tácitamente, un derecho adquirido y que defenderá de manera totalmente racional”, señala el estudio del CIDE.

Para el doctor Tovar, el esquema de licitación es “adecuado, porque en estricto sentido económico el que está dispuesto a pagar más es el que puede darle un uso más eficiente [a la red]”. Menciona, además, que al poner a disposición del mercado la fibra oscura de CFE, se resolverán los problemas que “supuestamente” existen de predominio, “por eso es importante maximizar la capacidad; entre más capacidad exista, menores problemas de competencia vamos a tener. Esta solución es mejor que cualquier mecanismo para regular a un operador”.

El proceso licitatorio también establece que la contraprestación al gobierno (cuyo monto aún no está definido) se pagará en una sola exhibición y que los participantes deben tener tres años de experiencia previa en la operación de redes de fibra óptica de más de 1 mil kilómetros. Para los investigadores Aldama, Mariscal y Flores-Roux, la exigencia de experiencia previa podría disminuir el número de posibles participantes en la licitación, además de que se beneficiaría sólo a un pequeño grupo de inversionistas y empresas que tienen cómo cumplir con dichas condiciones de participación.

El documento del CIDE destaca, además, que la mitad de la población no será beneficiada directamente con este esquema, lo que aumentará la brecha digital existente; es decir, que la propuesta del gobierno “sólo aborda el problema de la competencia, dejando sin resolver el problema de cobertura”.

“Competencia amordazada”

Tras darse a conocer la decisión de licitar parte de la fibra oscura de CFE, las conjeturas respecto del ganador se han materializado en los nombres de Telefónica Movistar y Televisa. De acuerdo con la columna del maestro Gabriel Sosa Plata “Licitación de fibra oscura ¿con visión de Estado?”, publicada en la Revista Mexicana de Comunicación en mayo de 2009, la empresa española Telefónica Movistar, junto con la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable, encabezaron la exigencia de que se arrendara la fibra oscura de CFE.

Aunque Telefónica Movistar, dirigida en México por Francisco Gil Díaz, ha manifestado su interés en participar en esta licitación, la Ley de Inversión Extranjera estipula que la inversión foránea en telecomunicaciones no rebasará el 49 por ciento del capital total. Ello ha dado pie a que se vislumbre una posible alianza de la compañía española con Televisa, empresa que también ha hecho pública su pretensión de incursionar en el sector de las telecomunicaciones.

En opinión del doctor Trejo Delarbre, sería “lamentable” que en la comunicación digital pasáramos de un monopolio a un duopolio como el que existe en el campo de la televisión; pero lo sería aún más si uno de los actores de este posible nuevo duopolio fuera la empresa que justamente forma parte de la dupla monopólica en televisión. “Desde luego me estoy refiriendo a Televisa”, puntualiza.

La incursión de Televisa “significaría una competencia amordazada, limitada por la existencia sólo de dos actores, y por la posible indolencia del regulador, que es el Estado a través de la SCT y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para vigilar asuntos fundamentales como la calidad del servicio y las tarifas (…) [Pero también implicaría] la reedición para un campo que todavía es nuevo y se puede regular, de la triste y costosísima experiencia que para la sociedad mexicana ha sido este duopolio en la televisión comercial” señala Trejo Delarbre. De la utilidad social a la falta de claridad

A partir de julio próximo, en Finlandia entrará en vigor una normativa que garantiza el acceso a internet para toda la población. En Suiza y Australia también se contempla el derecho de los habitantes a una conexión a internet. El pasado 3 de enero, el senador perredista Tomás Torres Mercado hizo una propuesta similar para establecer constitucionalmente el derecho al acceso a internet, al tiempo que datos de la SCT muestran que sólo la quinta parte de la población mexicana (poco más de 23 millones) cuenta con acceso a este servicio, más de la mitad fuera de su hogar. México se encuentra entre los países donde el costo por megabyte es superior a los 20 dólares mensuales y la velocidad es menor a los 4 megabytes por segundo. En contraste, la población finlandesa recibe un servicio de internet de 22 megabytes por segundo y cuesta sólo 2.77 dólares mensuales.

“México es uno de los países con tarifas más altas en telecomunicaciones y servicios más malos”, reconoce el doctor Trejo Delarbre. “Si hubiera competencia y regulación, que no son antitéticas sino complementarias, tendríamos mejor servicio, tarifas más bajas y más opciones para los consumidores”.

El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información aplaude la decisión gubernamental de licitar la red de fibra oscura de CFE, pero considera que no sólo deben analizarse los criterios con que se licitará, sino también las reglas con las que va a funcionar su uso comercial, como el ancho de banda y las tarifas que se usarán, así como los límites para evitar el acaparamiento de los operadores de estas redes.

La información disponible hasta la fecha no da cuenta de esas precisiones, además de que la publicación de las bases de licitación fue postergada desde el año pasado, aduciendo que diversos interesados habían solicitado la ampliación del plazo para formular comentarios y sugerencias a las prebases. Tras darse a conocer que este periodo se ampliaría hasta el 13 de noviembre pasado, la publicación de las bases quedó pendiente para principios de este año, sin que hasta el cierre de esta edición se llevara a cabo.

“La falta de claridad, el desconocimiento de las propuestas de bases de licitación y de los regateos y el cabildeo que seguramente está ocurriendo delante de la SCT permiten afirmar que lo que el gobierno federal anunció como un proceso abierto, transparente y sobre todo benéfico para la sociedad, está siendo cada vez más un procedimiento opaco, lamentablemente incierto y ya desde hoy permite abrigar suspicacias sobre la utilidad social de este recurso del Estado que es la fibra óptica de la CFE”, concluye Trejo Delarbre.