Cuando Rafael Correa asumió la presidencia de la República, en enero de 2007, se mostraba inclinado hacia una tendencia democrática, pero ha ido, de a poco, desviándose a posturas derechistas, reflejadas en las diferentes actitudes del primer mandatario, que, mientras a nivel internacional profesa la llamada “Revolución ciudadana”, casa adentro maltrata y humilla a las diferentes organizaciones populares que lo apoyaron, además de atentar contra los derechos y conquistas alcanzadas mediante la lucha de los maestros, estudiantes, trabajadores e indígenas.

Desde el primer día, Correa pregonaba que se había iniciado una nueva etapa, distinta a las anteriores, donde gente nueva se encargaría de eliminar la corrupción en las instituciones públicas, algo que le había causado mucho daño al país, sin embargo, a pesar de todas estas ofertas, el gobierno de la revolución ciudadana se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción, protagonizados por personajes muy allegados al primer mandatario.

Casos como el ocurrido en el Ministerio de Deportes, donde la penosa actitud de uno de los implicados, de comerse los cheques para borrar evidencias, hablan de que tal cambio de época nunca llegó realmente. Otro de los más sonados escándalos, que confirmaban esto, tuvo que ver con la entrega de contratos a diestra y siniestra a Fabricio Correa, hermano del primer mandatario, quien al verse descubierto también realizó denuncias, en las que se encontraban implicados los más cercanos colaboradores del Presidente de la República.

Es así que a lo largo del 2009, los nombres de funcionarios de las diferentes carteras de Estado, incluso de la Presidencia de la República, han ocupado los titulares de los medios de comunicación y de la opinión pública, contribuyendo a la disminución de la popularidad del primer mandatario.

Algunos de los casos más sonados fueron:

• Fabricio Correa, hermano del presidente, acusado de recibir contratos a dedo.

• Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, acusado de haber interferido en la justicia, fue declarado falso procurador.

• Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, acusado de hacer fortuna en sus empresas a costa de la publicidad oficial.

• Vinicio Alvarado, secretario de la Administración, por haber recibido 10.000 dólares mensuales, de acuerdo a una denuncia del gerente de un Casino.

• Ricardo Patiño, ex ministro coordinador de la Política, acusado de promover una red de espionaje desde Carondelet, con los famosos “pativideos”.

• Derlis Palacios, por tráfico de influencias en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para adjudicar obras viales, denuncia en la cual también se vio involucrado el titular de esta cartera de Estado, Jorge Marún.

• El fiscal de la Nación, Washington Pesantes, también llevó su parte por no tramitar las denuncias de posible corrupción contra Karla Chávez, alcaldesa de Babahoyo, Luis Monge, jefe político del cantón Guayaquil, Mercedes Diminich, Gastón Gagliardo y Juan Carlos Cassinelli, asambleístas de Alianza PAIS.

• El caso de la ministra de salud Caroline Chang fue acusada por sobreprecio en la adquisición de medicinas e insumos hospitalarios.

Una mancha más al tigre fue la que involucra nada más y nada menos que a Raúl Vallejo, ministro de Educación, acusado por la realización de campañas de publicidad sin concursos ni contratos previos; también por haber permitido irregularidades en la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse) mediante asignación de contratos a familiares de funcionarios de esta institución por 1 millón 774 mil 449,03, violando de esta forma el Art. 26 de la Ley de Contratación Pública; además porque en el concurso de merecimientos y oposición en las regiones Costa y Sierra (2007-2008) hay un alto porcentaje de apelaciones a la convocatoria para dicho concurso; y finalmente por dar datos falsos: al declarar al Ecuador como un país libre de analfabetismo cuando las estadísticas demuestran lo contrario.

Por estos motivos, el Movimiento Popular Democrático (MPD) ha anunciado públicamente que va a plantear un juicio político contra Raúl Vallejo, para que responda sobre todos estos actos como titular de su cartera y por no haber realizado una fiscalización eficiente que sancione a quienes intentan lucrar con los dineros del pueblo ecuatoriano; mientras que las acusaciones por peculado involucran directamente a Edison Vallejo, director de la Dinse; Julie Ordóñez (directora de Asesoría Jurídica y miembro del Comité de Contrataciones), Carmen Abarca (Asesora Jurídica y secretaria del Comité de Contrataciones) y Manuel Buenaño (director de Recursos Humanos).

Esto son algunos de los hechos que han salido a la luz y sobre los cuales el pueblo pide justicia. A pesar de los intentos del Presidente por disminuir las manchas al tigre, en este caso vale utilizar una de sus frases favoritas: “prohibido olvidar”.