La sombra de los horrores perpetuados en el pasado reciente, que aún se proyecta sobre los pueblos de nuestra región, no escapa por cierto a la hermana República del Paraguay.

Resulta particularmente alarmante que un país que aún procesa el duelo de las secuelas producidas por el accionar militar en el marco del terrorismo de Estado y
las dictaduras posteriores, ahora en plena etapa de fortalecimiento democrático, apele
a decisiones que violentan el marco constitucional.

El estado de excepción, previsto en el artículo 288 de la Constitución de la República del Paraguay, puede ser declarado por el Poder Ejecutivo “En caso de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella...”.

A través de nuestro Secretariado Nacional el SERPAJ Paraguay, las redes y plataformas de las que forma parte, CODEHUPY, PIDHDD – Capítulo Paraguay, así del seguimiento de la situación socio-política que los distintos medios de prensa informan, corroboramos que el país no atraviesa en este momento, ninguna situación
de conflicto armado internacional con ningún país, ni conmoción interior alguna que
haga peligrar la institucionalidad del Estado.

Desde nuestra identidad noviolenta y nuestra misión inspirada en una Cultura
de Paz desde la perspectiva de los Derechos Humanos, repudiamos la medida
tomada, que no argumenta los hechos ni razones que llevaron a tomarla, además de
no especificar su alcance en relación a las libertades y derechos que serán afectados
y/o restringidos.

Entendemos además que, una solución militar para un conflicto de
orden social jamás puede arrojar resultados positivos.

Los Estados modernos, republicanos y democráticos están dotados de una
institucionalidad específica que define claramente las fronteras y competencias de
funciones tales como la Seguridad y la Defensa de una nación.

Dotar a las Fuerzas Armadas de la potestad de actuar en escenarios de seguridad
interna en el país, refleja un retroceso en el camino hacia el fortalecimiento del Estado
de Derecho de la hermana República del Paraguay.

Apelamos a la sensatez del Poder Ejecutivo para que revea la decisión tomada,
a la luz de las garantías que el Estado debe proporcionar a toda su población,
respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos,
máxime en las regiones a las que afectará la medida, desde hace largo tiempo
criminalizadas y objeto de operativos de seguridad desmedidos y con reiterados y
probados casos de arbitrariedad y abuso policial.

Porque “un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo”.
SERPAJ América Latina llama a la comunidad paraguaya y a la internacional a sumarse en esta exigencia y exhorta al gobierno a garantizar el proceso de Justicia para las personas particulares que actúan al margen de la ley, conforme al régimen legal ordinario

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
(Presidente Internacional de SERPAJ – AL)

Ana Juanche / Gustavo Cabrera
Coordinación Latinoamericana de SERPAJ)