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Luis Miguel Sánchez Cerro (1889-1933)

Con este título, reproduce Basadre, las consideraciones sobre el asesinato de Sánchez Cerro y se remite al libro de Víctor Villanueva «El Militarismo en el Perú», en el que, acusa a Benavides como el responsable, y aunque sin justificación valedera lo asocia al APRA, cuyo fundador, Haya de la Torre se hallaba preso en la penitenciaría de Lima, es conocida la sentencia absolutoria a favor de miembros del Partido Aprista, expedida por la corte marcial que respaldó el fallo del juez Carlín, librándolos de culpa. Al respecto dice el escritor colombiano Alberto Donadio que «las pruebas indirectas de una conspiración entre Benavides y Haya de la Torre para asesinar al caudillo piurano han sido desacreditadas por los historiadores, y probablemente nunca se aclarará el asesinato del hipódromo......». Albero Donadio. «La Guerra con el Perú». Planeta Colombiana Editorial S.A. 1995. pag. 277.

En cambio, no ha existido autoridad alguna que haya absuelto a Benavides pese a las serias pruebas en su contra. Luis A. Flores, jefe del Partido Unión Revolucionaria y miembro del Congreso Constituyente fue el más elocuente cuando sostuvo:

«A los cinco años de la revolución de Arequipa, una persona que por casualidad había llegado al gobierno, adoptaba una actitud que se confirmaba con el rumor público que la mano que apretó el gatillo para quitar la vida al general Sánchez Cerro se encontraba en el gobierno. El asesino del 30 de abril se encuentra en Palacio de Gobierno». Jorge Basadre. «Historia de la República», 6ª ed.. pag. 421 y 423.

Resultó sintomático que el ejecutor de los disparos, Abelardo Mendoza Leyva haya sido ajusticiado, en el acto mismo del asesinato eliminando de ese modo, al único que pudo haber informado acerca de los responsables intelectuales. De otro lado, de los peritajes realizados apareció que la víctima recibió cuatro disparos por delante y dos por la espalda. Nadie pudo responder de qué modo Mendoza Leyva pudo realizar tal proeza, pues, la conclusión fue que hubo dos ejecutores que actuaron simultáneamente, cumpliendo consignas macabras.

De otra parte, el asesinato se produjo tan pronto como Sánchez Cerro había declarado su apoyo a la recuperación de Leticia y a pocas horas de haber reunido a 30,000 soldados en el hipódromo de Santa Beatriz, antes de enviarlos al frente de batalla en el Oriente Peruano, el 30 de abril de 1933 y a poco de haber partido con destino al Amazonas, dos fuerzas navales para luchar contra las tropas colombianas.

Y como consecuencia de la ocupación de Leticia por los peruanos y la actitud de respaldo de Sánchez Cerro, indignado el presidente colombiano, Enrique Olaya Herrera lanzó una criminal amenaza contra el presidente peruano, en una reunión realizada en Bogotá, según lo sostiene el escritor colombiano: «En última instancia, supongo que uno de los dos caerá, yo o Sánchez Cerro».

Por su parte, Sánchez Cerro, había afirmado que la entrega de Leticia fue objeto de una transacción monetaria. La prensa de Lima repitió tal aseveración pero, el canciller colombiano Lozano Torrijos negó haber entregado suma alguna y defendió a Leguía diciendo de él que era un hombre vanidoso y que se sintió adulado cuando le advirtió que con la firma del tratado contribuiría con el ideal americanista. «Más de un diario peruano afirmó que Lozano pagó sumas de dinero por la firma del convenio. Según Luis Miguel Sánchez Cerro, sucesor de Leguía, el tratado costó siete millones de pesos...» Alberto Donadio, “La Guerra con el Perú” pag. 76 y 278, ed. 1995.

Esta versión no está aislada, pues, luego de la recuperación de Leticia, el presidente colombiano Olaya Herrera solicitó aceleradamente al congreso de su país, la autorización de un préstamo de 10 millones de pesos para la defensa de la ilegal posesión, invocándose la inminencia de una guerra contra el Perú. El préstamo fue aprobado por ley 12 de 1932. El propio autor colombiano reflexiona y asevera que en realidad nadie podía pensar que la resolución sería tan velozmente aprobada y suscrita por los colombianos. El préstamo carecía de objeto, por cuanto la realización de una guerra era improbable ya que, se hallaba en marcha el programado retorno de Leticia entre Benavides y el presidente Olaya. Ob. cit. pag.191. Donadio expresa que el acuerdo acerca de la administración de Leticia fue aceptado por el gobierno peruano bajo dos condiciones: utilizar el menor número de tropas y no divulgar que se trataba de tropas colombianas sino de peruanas a fin de no herir la susceptibilidad de los peruanos. Son importantes las elocuentes expresiones, por mucho tiempo escondidas, del embajador de los Estados Unidos de entonces, Fred Morris Dearing. «No puede uno evitar un sentimiento de gratitud hacia el pobre asesino de Sánchez Cerro, cuya bala acabó con la carrera de ese hombrecito perverso y mal aconsejado y condujo a la desintegración de su régimen represivo e intolerante»

Y a continuación el mismo autor expresa:

«Con la muerte de Sánchez Cerro se cumplía una predicción hecha en Bogotá por Olaya poco después de la invasión a Leticia» « En última instancia, supongo que uno de los dos caerá , yo o Sánchez Cerro», había pronosticado el presidente, refiriéndose a la impopularidad de la derrota en el Amazonas. En efecto uno de los dos cayó, y a Sánchez Cerro lo mató no sólo la bala asesina sino una guerra que nunca fue popular en su país salvo en Loreto» Donadio, ob. cit. Pag. 278, 286.

Hechos inmediatos a la asunción de Benavides otorgan nuevos elementos de juicio, pues, casi simultáneamente al asesinato se disolvió a las tropas organizadas que desfilaron en el hipódromo de Lima y se evitó la defensa del suelo patrio, se dio una contraorden para que inmediatamente regresaran al Callao las flotas de la Marina que se encontraba en Belem Do Pará, rumbo a Iquitos. En la página 99 de su citado libro «La Bitácora de mi Vida», el vicealmirante Pedro Gálvez Velarde expresa:

«Después de unos meses en Belem, sin haber recibido un solo sueldo y habiéndose arreglado ya el problema con Colombia, el comandante Mercado recibió una orden para zarpar a Leticia, con el fin de hacer entrega de ese puerto a una Comisión Internacional, de acuerdo con el tratado de paz» Con esa orden, como lo dejamos escrito en página anterior, el jefe de la Fuerza, comandante Héctor Mercado, respondió al comando en Lima que la misión de la Fuerza era para defender a la patria y no para entregarla”.

Benavides invitó a su amigo diplomacia Alfonso López Pumarejo, candidato presidencial colombiano y fue él quien representando a su gobierno logró se convenciera al congreso peruano para que el conflicto fuese resuelto en «paz». Y el 26 de mayo de 1933 se informó que Leticia pasará a ser administrada por una comisión internacional de la llamada Sociedad de Naciones que suponía la evacuación de las fuerzas peruanas y su sustitución por fuerzas colombianas. Si se quiere encontrar la lógica de los acontecimientos en ese atentado, es imposible prescindir de los hechos objetivos inocultables siguientes:

1.- La firme decisión de Sánchez Cerro de apoyar la recuperación de Leticia, incluyendo la voluntad de ir a la guerra, si fuere necesario, para lo que envió flotas de la marina con destino a Iquitos y reunió a 30 mil soldados aquella tarde fatal, del 30 de abril de 1933 en el hipódromo de Santa Beatriz, antes de enviarlos a Loreto.

2.- La increíble facilidad del asesino, Abelardo Mendoza Leyva para acercarse hasta la carroza del presidente y dispararle ocho tiros.

3.- El peritaje balístico inobjetable, de 8 de mayo de 1933, de Pedro A. Gálvez Mata, Alberto Lainez Lozada, Florencio Salazar G. y Luis Grados, que estableció la existencia de hasta ocho impactos: cinco en la capota del auto y tres en el respaldo del asiento del presidente, que no admite la posibilidad del asesino de dispararle simultáneamente por delante y por la espalda. Y de acuerdo con la dirección de los disparos, dispararon, por lo menos cuatro personas.

4.- La amenaza pública del presidente colombiano Enrique Olaya Herrera, manifestando su odio a Sánchez Cerro, a punto de exclamar públicamente, que a última instancia tendría que caer uno de los dos, o él o Sánchez Cerro.

5.- El ajusticiamiento en el acto, del asesino de Abelardo Mendoza Leyva, con la evidente intención de eliminar su valioso testimonio, que hubiera servido para conocer al autor intelectual del magnicidio, del que Mendoza fue tan sólo un pobre sicario.

6.- La precipitada elección de Benavides y su inmediata asunción a la silla presidencial a las pocas horas del asesinato y antes del plazo constitucional y el haber sido elegido hallándose impedido de ser candidato por encontrarse en servicio activo.

7.- La apresurada devolución de la provincia de Leticia a Colombia, del 25 de mayo de 1933, a 25 días del asesinato.

La traición y la entrega de Leticia.

Son insoslayables los tres episodios vergonzosos de entreguismo y traición: la antipatriótica entrega de Leticia a Colombia por el tirano Augusto B. Leguía, en 1922 y 1928; la recuperación de esa provincia peruana por la Junta Patriótica de Loreto en 1932, y finalmente, el desconocimiento de esa gesta y su devolución por parte de Benavides después del asesinato de Sánchez Cerro.

La firma del tratado a favor de Colombia por el tirano Augusto B. Leguía hizo nacer en Loreto sentimientos de justificado repudio e indignación y la actitud colectiva de recuperar el suelo peruano. La transferencia de esa provincia no fue ni siquiera el resultado de alguna guerra perdida, sino de acuerdos subalternos entre el presidente colombiano Enrique Olaya Herrera y el dictador peruano, con la mediación del departamento de Estado norteamericano, interesado en compensarle al país vecino la pérdida de Panamá.

La decisión de recuperarla fue tomada por la Junta Patriótica de Loreto, creada en Iquitos, el 27 de agosto de 1932 e integrada por los ingenieros D. Oscar Ordóñez de H., Luis Arana Zumaeta; doctores Ignacio Morey Peña, Pedro del Águila Hidalgo, Guillermo Ponce de León y Manuel I. Morey; teniente coronel Isauro Calderón; capitán de corbeta, Hernán Tudela y Lavalle entre otros. El acuerdo contó con el apoyo del ejército, la marina, la aviación y la policía, de esa región. La fecha para la incursión, señalada para el 15 de septiembre fue adelantada para el primer día, a fin de despistar al adversario que ya estaba enterado del plan.

Producido el victorioso acontecimiento, después de una inteligente emboscada, los peruanos irrumpieron en el local de la municipalidad de Leticia y en otras dependencias, detuvieron a sus ocupantes, policías y civiles. Moradores y autoridades huyeron después de capitular. Fue izada la bandera peruana y se dio cuenta del hecho al gobierno de Sánchez Cerro, quien luego de algunas dudas iniciales resolvió respaldar las acciones y consolidar la recuperación de la provincia cautiva. Las instituciones navales del Perú, en Lima y por orden del gobierno, organizaron dos fuerzas para la expedición hacia Iquitos: una, bajo el título de Fuerza Avanzada del Atlántico (FAVA), constituida por el BAP «Grau» y los submarinos R-1 y R-4, y la segunda, Fuerza Naval del Pacífico constituida por el BAP «Bolognesi» y los submarinos R-2 y R-3. Relata el almirante de la Armada Peruana, Pedro Gálvez Velarde, que la acción fue apoyada por el pueblo, el ejército, la marina, la aviación y la policía. Que el gobierno de Sánchez Cerro respaldó la gesta iniciando la preparación del país para la guerra, luego de enterarse de un mensaje publicado en el diario “La Región" de Iquitos. Almirante Pedro Gálvez Velarde, «La Bitácora de mi vida», edición, noviembre de 1997, pag. 93.

La Fuerza Avanzada del Atlántico, al mando del capitán de navío, Héctor Mercado, jefe de estado mayor, el capitán de Fragata Enrique Monge, zarparon en el BAP «Grau» a las órdenes del capitán de navío, Víctor Escudero, en abril de 1933, entre ellos se hallaba el teniente 2º, Pedro Gálvez Velarde. El gobierno de Sánchez Cerro preparaba así al país para la guerra contra Colombia y reunió a unos 30,000 soldados, en el hipódromo de Santa Beatriz, y cuando estuvieron en Belem-Pará, listos para ingresar al Amazonas, el comandante Héctor Mercado recibió la orden de zarpar a Leticia pero, para hacer entrega de ese puerto a una Comisión Internacional, de acuerdo con el tratado de paz que firmó Benavides, días después del alevoso asesinato de Sánchez Cerro. Es digna de mención la respuesta del jefe de la misión, comandante Mercado:

“Misión de esta fuerza al salir del Callao ha sido para defender los sagrados intereses de la patria y no para hacer entrega de nuestro territorio a ninguna comisión internacional. Firmado: Héctor Mercado”. Ob. cit. pag. 93 a 100.