Ecuador, tierra de volcanes en erupción, de ríos incontrolables y llanuras extensas, paraíso de ilusiones y esperanzas, donde van germinando los sueños y anhelos de la nación, nacionalidades y los pueblos. Este rincón de la mitad del mundo vive un nuevo escenario, en el que los deseos de cambio se han convertido en flor de piel y la lucha por las transformaciones han dejado de ser una simple consigna para constituirse en una realidad cierta, en un objetivo palpable.

La nueva Constitución establecida en Montecristi ha permitido construir surcos para la edificación de un nuevo Ecuador, ha devuelto muchos de los derechos que los trabajadores y la juventud perdieron con las políticas neoliberales y ha reconocido el buen vivir para los ecuatorianos.

Entre los elementos positivos que contiene la Carta Magna se encuentra el reconocimiento del carácter plurinacional de nuestro país, garantiza muchos derechos fundamentales como es el libre acceso a la educación y el derecho a la comunicación, este último entendido no solo como el derecho de ser informado y la calidad de la misma, sino también y sobre todo el derecho que tenemos las personas de informar, opinar y establecer procesos de comunicación de distintas formas y en diferentes medios.

En función de este escenario, las viejas leyes -que respondían a un precepto constitucional distinto- han quedado caducas y rebasadas por las circunstancias históricas, es necesario impulsar nuevos estatutos legislativos que respondan a las nuevas circunstancias que se vive en la sociedad ecuatoriana y a los anhelos que tienen los pueblos que cohabitan en la república.

Junto al debate de la nueva Ley de Comunicación se ha establecido la necesidad de defender y construir una verdadera libertad de expresión, entendida ésta no como la defensa de la libertad de mercado y del monopolio que son impulsadas por los grandes medios de comunicación, sino como el derecho que tenemos los ecuatorianos de recibir y hacer comunicación.

Es así que los jóvenes comunicadores de la Universidad Politécnica Salesiana vemos la necesidad imperiosa de luchar por la construcción de una Ley de comunicación democrática, que universalice el derecho a la comunicación, así como democratizar el acceso a los medios y las tecnologías que hacen posible el ejercicio de este derecho.

Los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UPS creemos que los borradores de Ley presentados a la Asamblea Nacional, incluyendo el último documento que será discutido en los próximos días, tienen como talón de Aquiles la reducción de los procesos comunicacionales al simple accionar que desarrollan los medios de comunicación, por lo que los textos presentados son nada más y nada menos que propuestas de Ley de medios y no una Ley de comunicación.

El proyecto de Ley tiene elementos que son positivos, otros que deben ser criticados y muchos que deben ser profundizados. El proyecto de ley tiene como positivo el reconocimiento de los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios, elementos que no han sido considerados en anteriores leyes.

Son saludable las intenciones de impulsar un proceso de regular la programación de los medios de comunicación, pero el ente que va a realizar este trabajo, el Consejo Nacional de la Comunicación y de la Información, no debe tener el dominio del gobierno, más bien debe estar conformado por los representantes de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, de los trabajadores de la comunicación y de delegados de las facultades y escuelas de comunicación.

Con respecto de la profesionalización de los comunicadores se debe precisar algunos aspectos: creemos que los medios públicos y privados deben estar constituidos por comunicadores y profesionales en esta área, reconociendo el esfuerzo de los estudiantes por garantizar la profesión, pero entendemos que no se debería exigir la profesionalización en los medios de comunicación comunitarios, porque éstos nacen de las organizaciones populares y hacen comunicación en base del voluntariado de sus integrantes; creemos también que los medios de comunicación comunitarios deben elaborar productos de alta calidad, por lo que el Estado debe promover la capacitación de los integrantes de estos medios y que sus capacitadores sean los estudiantes y docentes de las facultades y escuelas de Comunicación Social.

La Ley debe garantizar el acceso universal y de bajo costo a las tecnologías de información y comunicación, con conectividad de banda ancha, entre otras formas, mediante la instalación de puntos de acceso público. Las empresas concesionarias deberían asumir los costos de instalación en proporción al número total de sus abonados. Las tarifas de este servicio serán establecidas con criterio de servicio social.

Se debe promover y desarrollar la investigación de los fenómenos y procesos de la comunicación, que permita impulsar la ciencia y la tecnología, pero que sobre todo ayude a romper la dependencia del país en estas áreas.

La Ley de Comunicación debe contemplar un mecanismo que permita que los medios de comunicación públicos cumplan con su razón de existencia y no se conviertan en voceros del gobierno.

Se debe promover la diversidad cultural y de identidades en los contenidos de los medios de comunicación, garantizando, al menos, el 50% de producción propia en radio y televisión abierta, que incluya informativos. Debe promoverse espacios para la producción nacional independiente, tomando en cuenta los diferentes idiomas del Ecuador

Se debe cumplir lo planteado en el informe de la Comisión de Control de Frecuencias, el que señala la reversión total de las frecuencias al Estado para luego impulsar un proceso de redistribución. Para ello la Ley debe contemplar la distribución de las frecuencias entre los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios de forma igualitaria, entregando el 33,3% del total de frecuencias a cada uno.

Es necesario que se recoja en la Ley las demandas que los pueblos exigen y no se trate de construir un estatuto jurídico abstrayéndose de la realidad que vive la sociedad ecuatoriana. La juventud estudiosa de la Salesiana debatió en talleres y foros la nueva Ley de comunicación, por lo que cree que lo establecido en párrafos anteriores puede efectivizar la democratización de la comunicación en sus distintas etapas.

Creemos que el debate de la ley de comunicación no puede quedar encerrada en los claustros de la Asamblea Nacional, sino que debe ser construida desde los sectores populares, por lo que los jóvenes hoy no pedimos, sino que exigimos ser escuchados y recogidas nuestra propuestas.

Quito, 10 de junio de 2010

Manifiesto aprobado en las asambleas de presidentes y representantes estudiantiles realizadas el día jueves 10 de junio de 2010 en la Universidad Politécnica Salesiana.

Eduardo Naranjo Presidente, Violeta Gálvez Vicepresidenta, Hugo Ayala Secretario, Soraya Guerrero