A lo largo y ancho del planeta, a nombre del desarrollo se ha dado un incremento exagerado de la explotación de los recursos naturales; la contaminación generada por los países industrializados ha trastornado
el clima a nivel planetario, provocando desastres naturales. Estos daños
irreversibles son considerados como delitos ambientales y no han sido juzgados ni tienen sanción debido a la falta de voluntad política de los estados desarrollados, quienes no cumplen ni hacen cumplir los convenios internacionales, el tratado de Kioto y las leyes locales.

Según el derecho internacional, los estados tienen la obligación de garantizar que las actividades dentro de su jurisdicción y control respeten el medio ambiente de otros estados y áreas fuera del control nacional.

Lamentablemente, muchos de los tratados internacionales sobre medio ambiente carecen de mecanismos para hacer cumplir las obligaciones morales y jurídicas de los estados; es así que la Corte Internacional de la Justicia, que es un brazo judicial de las Naciones Unidas, con jurisdicción universal, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), no contienen mecanismos para juzgar o sancionar a los países que no cumplen con sus compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o sancionar moral, política y jurídicamente a los responsables de los desastres ambientales, porque simple y sencillamente, como se dijo, no tienen la voluntad política de hacerlo, pues se encuentran presididos por delegados de las potencias contaminantes como son los países del G20.

Se conoce que en 1993 la Corte Internacional de Justicia ha constituido una Sala de Asuntos Ambientales, compuesta por 7 de los 15 Magistrados de la Corte. El uso de la Sala exige el acuerdo de ambas partes y la Corte Internacional de Justicia puede designar asesores y científicos expertos para ayudar en las cuestiones científicas relacionadas con el medio ambiente. La sala no ha sido aún utilizada.

La creación del Tribunal Internacional de Justicia Climática, TIJC, no es un tema reciente, esta iniciativa fue planteada a fines de la década de los 80
en la cumbre de Roma, pero en la actualidad toma más fuerza debido a la crisis ambiental que atraviesa el planeta y por la conciencia de los pueblos en mejorar la calidad de vida, en conseguir sanciones a las naciones así como a las empresas responsables de los daños ambientales. La creación del TIJC es una demanda de los pueblos, que requiere de un organismo totalmente independiente de la ONU y no ser su apéndice, que juzgue con libertad y no con miedo, o por compromiso, con juristas probos y atentos a los intereses y bienestar de las naciones en desarrollo.

Para el cumplimiento de este objetivo es preciso la firmeza de los estados que se han mostrado irreverentes frente al imperialismo, pero más que la prédica serequiere de la práctica, porque si bien es cierto los mandatarios latinoamericanos como Evo Morales de Bolivia, Raúl Castro de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua, Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela, apoyaron abiertamente las resoluciones de la CMCC que se realizó en Cochabamba, Bolivia, aún continúan con el apoyo abierto a los mega proyectos como la Iniciativa para la Integración de la infraestructura Regional Sud Americana (IIIRSA), en el caso del Ecuador continúa la ejecución de la perversa Ley de Minas, de la explotación minera a cielo abierto y a gran escala en el Sur Oriente, y la criminal y exagerada explotación petrolera, maderera y los proyectos hidroeléctricos.

De acuerdo a su experiencia como fiscal ambiental de Argentina, Antonio
Gustavo Gómez dice que no es necesario cambiar las legislaciones de los
países latinoamericanos, porque las leyes son buenas; el problema se genera en la aplicación de éstas, ya que se las aplica en la mayoría de casos de acuerdo a los intereses de las compañías, y que sólo con la decisión de los estados se puede crear en poco tiempo el Tribunal de Justicia Climática. El jurista recordó que hace varios años, gracias a su fallo, se pudo expulsar y sancionar económicamente a una transnacional en Argentina, lo cual es un precedente para las compañías extranjeras.

Sin ser jurista, la opinión de Francisca Rodríguez, dirigente de Vía Campesina de Chile, es similar: “Debemos generar alianzas con todos los sectores, impulsar el referéndum a nivel mundial e instalar un Tribunal de Justicia Climática, porque no se trata solamente de castigo o multar a las compañías, ya que luego siguen contaminando, en un juego que se sigue dando con la complicidad de los gobiernos; entonces, desde ese punto de vista, nosotros buscamos soluciones más efectivas para que la voz de los pueblos sea escuchada”.

Amparo Sigcha