Desde la Constitución de 1984 y los convenios internacionales de ese año, ya se garantizaba la vigencia y respeto de los derechos humanos, sin embargo, durante la vida republicana del Ecuador y del mundo, muchas son las arbitrariedades que se han cometido y se continúan cometiendo a nombre de la seguridad nacional. Frente a esta vergonzosa evidencia, en mayo del 2007, mediante Decreto Ejecutivo, el gobierno de Rafael Correa crea la Comisión de la Verdad del Ecuador, como resultado de un proceso histórico impulsado por diversas organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares de éstas, que durante más de veinte años trabajaron con la misión de “investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos”, según el Art. el 1º del citado Decreto.

En enero del 2010, por iniciativa y apoyo de los bloques de asambleístas progresistas y de izquierda, se crea una ley para dar inmunidad a los miembros de dicha Comisión, por temor a las represalias en las investigaciones; sin embargo, luego de varios meses de trabajo, el informe presentado al Presidente de la República es incompleto, porque no se cumplió con los objetivos propuestos y además se está violentando la ley que les entrega inmunidad. Tampoco se menciona nada sobre los abusos en Dayuma y otros casos.

Claramente se evidencia el empeño de la investigación en el régimen socialcristiano, que según las víctimas y testigos fue una política sanguinaria aplicada por León Febres Cordero, obviando hechos trascendentes que marcaron la historia del país en gobiernos como el de Jamil Mahuad y en el presente régimen.

El informe “Sin verdad no hay justicia” elaborado por la Comisión de la Verdad, resume los hechos en 5 volúmenes y de él se desprende que “son 456 casos los investigados por abuso y violación a los derechos humanos ocurridos en el Ecuador entre 1984 y 2008, y el 51,1% corresponden al período presidencial de León Febres Cordero (1984-1988), donde se efectuaron 32 ejecuciones extrajudiciales, 12 atentados, 9 desapariciones forzadas, 214 privaciones ilegales de la libertad, 275 víctimas de tortura y 72 hechos de violencia sexual”.

En los gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén se registró el 8,5% de casos; los otros gobiernos alcanzan menos del 5% cada uno.

Se conoce que la Comisión debió revisar más de 3.000 folios que fueron desclasificados de los archivos de la Policía y Fuerzas Armadas sobre los operativos realizados, para indagar a los presuntos responsables y corroborar con las denuncias y demás pruebas; es así que se determinaron las 831 violaciones a los Derechos Humanos en Ecuador y 456 víctimas que constan en los 118 casos investigados.

Testimonio CG” es considerado como un delincuente, a pesar que hace 10 años que cambió su vida, en los archivos consta con más de 15 detenciones, fue víctima de las torturas y demás abusos de la Policía. Ese maltrato, dice, “crea en uno más violencia, rechazo a la sociedad, a la ley o a quienla ejecuta, y se vuelca en odio, en resentimiento social y por eso se cometen más errores”.

Este sobreviviente dice que en el Centro de Investigación Criminal de Pichincha (CICP), en el sector de La Marín, en Quito, en el último piso de un edificio, los agentes realizaban las “investigaciones” que no eran verbales, sino con base en torturas. Él soportó que le colocaran fundas de gas en la cabeza, le esposen, y luego le metan de cabeza en el retrete luego de que los agentes orinaban allí; también le colgaron de los pulgares, amarrado con los cordones de los zapatos, para enseguida golpearlo con palos en el cuerpo, finalmente, agonizante, lo arrojaban como basura en las celdas del subsuelo, donde convivían los detenidos con ratas. En el mismo lugar debían hacer sus necesidades biológicas, todo era oscuro, húmedo y fétido.

En uno de sus apresamientos coincidió en el lugar con los hermanos Restrepo. “Como a todo el que entraba allí, se les investigó”, dice CG. “En aquella ocasión, quien estuvo a cargo fue el agente Pineda, que también me ‘investigó’ a mí; luego se escuchaba sobre el asunto: la desaparición de los muchachos. Les trataron como a delincuentes; y no solamente los desaparecieron a ellos, sino a otras personas también”.

Muchos fallecieron en ese tipo de investigación, porque a los policías “se les iba la mano”. Fueran culpables o no, todos perdían los derechos, nadie se salvaba.

“Partiendo del principio de que sin verdad no hay justicia, si lo del informe es una verdad a medias, entonces no habrá justicia”:

Luis Villacís.

uis Villacís, director Nacional del Movimiento Popular Democrático (MPD), considera que el informe de la Comisión de la Verdad es un documento importante, porque desenmascara al Estado capitalista represor y violador de los derechos humanos en el mundo, y en el Ecuador en particular. Estado que no respeta el derecho a la vida, pese a que consta en la Constitución. El Estado capitalista impone su política económica, social, cultural por la fuerza, y para ello utiliza a la Policía, a los militares y, a través de ellos, aplica la represión.

“Como MPD -señala el dirigente- se apoyó la conformación de la Comisión de la Verdad, así como la creación de la ley para otorgarles inmunidad a todos sus miembros, y, de acuerdo al articulado de esa ley, también debían realizar la investigación a la violación de los derechos humanos en todos los períodos, inclusive el crimen cometido contra los compañeros Jaime Hurtado Gonzales, Pablo Tapia y Wellington Borja; sin embargo, esto no consta en el informe.

Para Luis Villacís, “al no retomar o investigar los casos públicos, y muchos otros, el gobierno y la Comisión evidencian que no han hecho un trabajo multilateral, ni han logrado desenmascarar casos que fueron cometidos en el gobierno de Jamil Mahuad, donde realmente se dieron hechos vergonzosos para la dignidad humana. También se evidencia la injerencia del gobierno en la Comisión de la Verdad, pues es quien la financió; porque si no se tratan casos como el de Dayuma, el caso Hurtado, el de Saúl Cañar y de otros que no se señalan, ello obedece a que el gobierno está comprometido con la política norteamericana, que es de donde viene toda esta llamada doctrina de la seguridad nacional y el control a las organizaciones o individuos que se oponen al proyecto norteamericano. Queda claro que hasta en este tipo de expresiones somos un país dependiente”.

Señala también que “si era condición para la comisión la presentación de la denuncia, siendo éste un caso emblemático, de carácter público, diríamos que también se hizo la denuncia a través de la propia ley, y ellos tenían la obligación de cumplir con ella, porque si no tampoco tenían inmunidad, porque la inmunidad era una norma condicionante, en tanto y en cuanto se investiguen todos los hechos violatorios a los derechos humanos, y al derecho de la vida, de manera principal y en particular el crimen cometido sobre el compañero Jaime Hurtado Gonzáles”.

Para el dirigente emepedista, “el gobierno de Rafael Correa es demagógico. Este informe no es tomado como un instrumento para rectificar, sino para desviar la atención del pueblo; entonces ¿de qué reparación moral e histórica de las víctimas se habla?, ¿qué verdad va a permitir que se implante una auténtica justicia en el Ecuador y que no vuelvan a instalarse grupos represivos, si en el caso del profesor Bosco Wisuma, que fue asesinado, se pretende indicar que fue el propio pueblo shuar quien cometió el crimen, lo mismo que se señaló en la época de Mahuad, donde se dijo que fueron los propios sectores vinculados a la izquierda los que estarían involucrados a ese asesinato?”

Añade Villacís: “se habla de defender los derechos humanos, y por otro lado se inicia una campaña agresiva de racismo, de xenofobia, lo que es violatorio a los derechos humanos, lo que caería en el delito de odio hacia el movimiento indígena por parte del Presidente de la República. En este gobierno, algunas de las dependencias de la Policía así como de las Fuerzas Armadas están dirigidas por miembros que, según el informe de la Comisión de la Verdad, están implicados en la violación a los derechos humanos y a la vida en otros regímenes; también consta que en este período (Enero- 2007 a Dic. 2008) existen 9 casos, 17 víctimas, 6 ejecuciones extrajudiciales, 4 atentados a la vida, 7 torturas, 4 violaciones sexuales y 3 detenciones arbitrarias; sin contar con los casos mencionados de políticos y poblaciones violentados en 1999, y Dayuma en el 2009, y los casos de abuso de poder con dirigentes populares e indígenas en lo que va del 2010, corroborando la tesis de los dirigentes de izquierda de que la impunidad, la injusticia y el doble discurso continúan con la Revolución Ciudadana”.

“ Un delito no corrige otro delito, no se puede confundir la violencia con la justicia” Elsie Monge.

Por qué no hubo una investigación profunda sobre el período en el que gobernó el ex presidente Jamil Mahuad, sobre todo en casos de dirigentes sociales, como se hizo en los otros casos que constan en el informe?

No podíamos investigar todo, por ser un período demasiado amplio, entonces decidimos investigar las violaciones a los derechos humanos, a la vida y a la integridad, pero no la violación a los derechos sindicales. El mandato constitucional era investigar desde 1984 al 88 y otros periodos, posteriormente se resolvió resumirlos de 1984 al 2008.

En 1999 existieron casos como el de Jaime Hurtado y Saúl Cañar, ¿por qué no se los menciona en el informe?

Fueron 456 casos los que acudieron a la Comisión y son los que se investigaron, si no acudieron a la Comisión por X o Y razón, no fueron investigados.

La Ley que entrega inmunidad a la Comisión de la Verdad, en su Artículo 7, claramente especifica que la Comisión investigará el caso del ex diputado Jaime Hurtado Gonzáles, ¿por qué no consta?

Ese artículo no estaba en el proyecto inicial, se lo insertó a último momento, pero para investigar ese caso debían acercarse a la Comisión.

¿Entonces la ley no se cumplió?

No revisamos enseguida el texto aprobado en la Asamblea, y pensamos que era igual al que originalmente se presentó. Pero los interesados debían acercarse, además, luego de la muerte de Jaime Hurtado se formó una Comisión que viene funcionando 10 años.

Pero usted (Elsie Monge) ¿no fue parte de la Comisión de Investigación en el caso Hurtado?

Sí, pero fui solo unos dos años.

El que usted haya sido miembro de esa Comisión,que conociera de cerca el caso, y que constara en la Ley aprobada por la Asamblea, ¿no era suficiente para que la Comisión de la Verdad lo tome en cuenta?

No es automático, en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) tenemos desde el 81 cualquier cantidad de casos que conocemos, y si no se presentaron no se investigaron.

¿Por qué no se trató el caso de Dayuma?

Solo llegaron unas personas de Pindo, de la parroquia Dayuma; tiene relación, pero no es el caso de Dayuma. Lo que ocurrió en la protesta, que fue a mediados del 2007 se trató en la Comisión, porque ellos sí se acercaron, el resto no.

¿Se evidenció abuso de poder en el régimen de Rafael Correa?

Lo particular del periodo del 84 al 88 es que en ese tiempo se formó un aparato represivo muy fuerte y centralizado, que hasta ahora no se desmantela; en realidad esto no ha ocurrido en ningún país, por más que cambien los gobiernos.