La Corte Suprema de Estados Unidos deberá pronunciarse sobre el carácter constitucional o no de la «Ley Antiterrorista y de Aplicación Efectiva de la Pena de Muerte de 1996» (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996).

Dicho texto, introducido por el presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, fue adoptado en reacción al atentado de Oklahoma City y posteriormente firmado con todo entusiasmo por el entonces presidente Bill Clinton.

Una de sus disposiciones había sido muy criticada ya que preveía limitar a sólo uno los posibles pedidos de liberación («recurso de habeas corpus») a favor de cualquier sospechoso acusado de terrorismo. En su fallo sobre el caso Felker versus Turpin (1997), la Corte Suprema estadounidense estimó que esa limitación no viola el artículo 1 sección 9 párrafo 2 de la Constitución de los Estados Unidos. No se trata, en efecto, propiamente hablando, de una extensión de la detención temporal, aunque, después del rechazo del primer recurso, nada impide que la detención temporal se convierta en ilimitada.

Otra disposición de esa ley quedaba aún por comentar. Esta prohíbe el aporte consciente de cualquier tipo de ayuda–exceptuando una asistencia médica o un servicio religioso— a una organización terrorista extranjera. Respondiendo a quejas de las sucesivas administraciones estadounidenses —las de Clinton, Bush y Obama—, los tribunales consideran desde hace unos 12 años que dicha disposición es aplicable a una asociación que ha impartido consejos jurídicos al PKK y a los Tigres Tamules, aunque dichos consejos tenían como objetivo la búsqueda de una solución pacífica a los conflictos kurdo y tamul llevando las causas de ambas comunidades al seno de la ONU. En su fallo sobre el caso Holder versus Humanitarian Law Project, dictado el 21 de junio de 2010, la Corte indicó:
- Que los términos de la ley son lo suficientemente precisos como para que el demandante no albergue dudas sobre lo que se le prohíbe;
- Que dicha prohibición no viola su derecho de expresión, ya que nada impide al demandante expresar su apoyo a las causas que defienden los terroristas;
- Que dicha prohibición tampoco viola su derecho de asociación ya que no le prohíbe reunirse con terroristas y debatir con ellos.

Como siempre, la Corte Suprema estadounidense se basa en una visión puritana del hombre. Los puritanos prohíben que se preste ayuda al pecador en dificultades hasta que este no haya renunciado al pecado de forma explícita. De esa misma manera, la Corte Suprema estadounidense prohíbe toda forma de ayuda a los terroristas mientras no renuncien a la lucha armada ya que, según esa Corte, quien los ayude en el plano jurídico, pedagógico, cultural, social o cualquier otro, les permite así conservar sus energías para hacer el Mal.

Cabe señalar además que, a la luz del derecho estadounidense, una organización terrorista no es una organización que ha sido objeto de algún tipo de condena por haber cometido determinados hechos criminales, sino cualquier grupo que el Departamento de Estado designe como terrorista en base a criterios políticos.

Por consiguiente, los tribunales estadounidenses pueden sancionar como «terrorista» cualquier tipo de acción. Así sucede, por ejemplo, en el caso de la ayuda alimentaria de la ONU a la población de la franja de Gaza ya que dicha ayuda se distribuye a través de los dirigentes locales electos por la población, y dichos dirigentes son miembros del movimiento Hamas.

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