El gobierno federal entrega más de 1 mil 200 millones de pesos a 100 agroindustrias y trasnacionales por almacenar la producción de maíz blanco de los campesinos mexicanos. Entre las 15 empresas que acaparan los recursos del erario, se encuentran la estadunidense Cargill y las mexicanas Minsa, Bachoco y Ganadería Integral Vizur, estas dos últimas son de personajes involucrados en la política del país.

Los recursos millonarios han sido pagados anualmente a estas compañías desde que, en 2001, Vicente Fox ordenó la liquidación de la Productora Nacional de Semillas (Pronase) –dedicada al almacenamiento y producción de semillas–, arguyendo la bancarrota de la paraestatal.

Desde 2005, Contralínea ha documentado la concesión de millones de pesos a estas compañías mediante subsidios por comercialización y fletes, así como la aprobación de proyectos tecnológicos para obtener estímulos fiscales.

Ahora, la asignación de recursos se justifica con el Subprograma de Apoyo a la Pignoración, término utilizado por las autoridades para “poner a disposición de las organizaciones de productores y de compradores un instrumento que permita retirar temporalmente del mercado los excedentes estacionales de frijol, trigo, maíz y sorgo”, según indican los objetivos del programa.

Es con este esquema que Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) –órgano descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– dotó de 1 mil 234 millones 234 mil 160 pesos a 100 empresas y organizaciones agropecuarias.

De los más de 1 mil 200 millones, el 85 por ciento fue acaparado por 15 compañías, es decir, unos 1 mil 52 millones 705 mil 939 pesos, revela el Concentrado y estatus de las empresas participantes, al 15 de octubre de 2009, elaborado por la Dirección de Pagos a la Comercialización de Aserca.

La asignación de recursos corresponde a la “pignoración” de maíz blanco cosechado en el ciclo otoño-invierno de 2006 y 2007, que se levantó sólo en dos entidades del país: Sinaloa y Sonora.

Programas para los grandes

El órgano descentralizado de la Sagarpa informa, a través de su página de internet: los “apoyos” tienen el “fin de equilibrar la oferta y demanda regional de los productos, induciendo con ello al alza del precio de estos productos en beneficio del ingreso del productor”.

La Focalización de los subsidios a los granos en México, investigación realizada por Cristina Stefen Riedeman, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I), asegura que las políticas neoliberales adaptadas al campo –desde el gobierno de Miguel de la Madrid– son “reflejo de la decisión oficial de abandonar su protección a la producción nacional de alimentos básicos”.

La académica, quien imparte la materia de sociología rural en la UAM-I, afirma que los programas creados a partir de esa administración, y hasta la actualidad, han sido insuficientes y erráticos, ya que no están orientados hacia el productor pequeño, sino hacia los grandes consumidores, “los cuáles sólo han respetado los precios cuando el gobierno les otorga subsidios que al menos les aseguren que pagarán un precio equivalente al que obtendrían por el producto en el mercado internacional”.

En su investigación, Stefen Riedeman expone que la Sagarpa ha fragmentado sus programas para descartar “beneficiarios y reducir cada vez más el universo que debe atender”, entre los que se destacan: comercialización, apoyo a la competitividad, cobertura de precios y pignoración, entre otros.

“Por supuesto, son muy escasos los productores que acceden a estas cuatro acciones, y usualmente se les encuentra de manera casi exclusiva entre los grandes productores de la agricultura comercial”, asevera la experta en sociología rural.

Los grandes

Luego de la crisis de la tortilla de 2006, cuando no se pudieron contener los precios del producto, Vicente Llamas, presidente de Prommaíz, denunció que los intermediarios acaparan más del 80 por ciento de contratos de la cosecha de maíz blanco de Sinaloa, “lo que podría encarecer aún más los costos para los industriales”.

Entre las empresas a las que hace referencia, se encuentran Minsa, Cargill y la Compañía Nacional Almacenadora, las mismas que aparecen en la información, cuya copia posee Contralínea.

Stefen Riedeman explica que esto se debe a que el Estado “jamás pretendió fortalecer la economía campesina con subidos a la producción, sino a la agricultura comercial; más aún, el Estado espera que los ejidatarios emigren a Estados Unidos y contribuyan a sostener la economía nacional con remesas que envían a sus familias”.

El Concentrado y estatus de las empresas participantes, al 15 de octubre de 2009 arroja que los tres principales beneficiarios del esquema subsidiario son: Compañía Nacional Almacenadora, con 347 millones 239 mil 159 pesos; Ganadería Integral Monarca, 228 millones 773 mil 377 pesos, y Minsa, 122 millones 921 mil 190 pesos.

Le siguen Suministros de Maíz del Mayab, con 67 millones 552 mil 748 pesos; Cargill de México, 62 millones 915 mil 52 pesos, y Comercializadora Columbia, 48 millones 304 mil 345 pesos.

Exfuncionarios de la Sagarpa, que conocieron el tema, aseguran que aunque las grandes empresas han pretextado sólo ser intermediarios entre los campesinos y el mercado por el programa de comercialización, el de pignoración es un “subsidio” que se queda en sus “arcas”, ya que no hay infraestructura estatal que permita almacenar el maíz. Esto, después de la liquidación de la Pronase.

Ejemplo de ello es Laura Tamayo, encargada de Asuntos Corporativos de Cargill, quien ha argumentado la “intermediación” para justificar los subsidios que entrega el gobierno federal a la trasnacional (Contralínea 81).

“A mí, Aserca me da dinero para reducir los costos de operación. Es un subsidio para que yo pueda pagarle más dinero al productor. Al final del día, no es para Cargill. Yo me quedo con mi ganancia económica normal de un negocio”, argumenta.

Otra de las privilegiadas de estos beneficios es Bachoco, propiedad de la familia del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castello. Esta empresa obtuvo a finales del año pasado 39 millones 885 mil 20 pesos.

También está la compañía Ganadería Integral Vizur, propiedad del excandidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Sinaloa y exedil de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón. La almacenadora sinaloense recibió, el año pasado, 25 millones 956 mil 453 pesos, y es la novena más favorecida.

Entregas desiguales

Contrario a las observaciones de la investigadora y el presidente de Prommaíz, el presidente del Consejo Promotor y Regulador de la Cadena Maíz-Tortilla (Protortilla), Guillermo Campos, dice que los recursos no son entregados por “beneficio”, sino por la capacidad de almacenamiento que tiene cada empresa.

En consecuencia, asegura el representante de Protortilla, las grandes empresas y trasnacionales son las que más apoyos tienen por la infraestructura que los avala. Descarta que existan privilegios, pues todo depende de “cuánto puedan comprar las compañías. En el caso de los pequeños productores, lo recomendable es que se organicen entre ellos y administren para tener un mejor nivel de adquisiciones”.

Sin embargo, los mismos informes oficiales muestran que los “apoyos” no son asignados por su capacidad de compra. Muestra de ello es la empresa Ganadería Integral Monarca, que en el concentrado de volumen se encuentra en el lugar 13, con la adquisición de 57 mil 193 toneladas de maíz blanco; en tanto que, en la entrega de beneficios, ocupa la segunda posición, con más de 228 millones de pesos.

Otra de las que no empata el tonelaje y la captación de recursos públicos es Suministros de Maíz del Mayab, que, colocada en el cuarto lugar de los más beneficiados, obtuvo 67 millones 552 mil 748 pesos. No obstante, su registro en el concentrado de volumen ocupa dos posiciones arriba.

Comercializadora Columbia es la sexta más beneficiada, pues recibe 48 millones 304 mil 345 pesos. En tanto que el volumen obtenido del excedente de maíz blanco la coloca en el octavo lugar, con 98 mil 806 toneladas del grano.

Cristina Stefen Riedeman, académica de la UAM-I, destaca: “Se está ante un subsidio discriminado y focalizado que deja fuera a millones de ejidatarios. Además, por lo general funciona como un mecanismo de control social”.

Érika Ramírez