Contrariamente a lo que la “revolución ciudadana” proclama, la crisis institucional en el país continúa vigente. La Asamblea Nacional secuestrada por el Ejecutivo, sin poder fiscalizador, y con las mismas viejas prácticas de la partidocracia: compra de conciencias, demagogia y divorcio con los sectores populares. La justicia mañatada a los intereses del poder económico y del gobierno, que persigue y judicializa la lucha popular, que encarcela a dirigentes sociales y que pone tarifa a sus fallos.

El Presidente de la República poco a poco deja de ser el gobernante de gran respaldo popular y pasa a ser el repudiado demagogo de pasadas y oscuras épocas. Esto se ha podido ver en acontecimientos como el de La Concordia, Portoviejo, La Cocha, etc., así como en Quito, donde miles de padres de familia mendigan un cupo en los colegios para sus hijos.

En las tiendas la escasez del azúcar continúa, y la inflación, propia de períodos previos a la iniciación del año escolar, no perdona a los bolsillos de los trabajadores que han visto desvalorarse cada vez más sus salarios.

Como en las peores épocas, donde la democracia era solo un papel roto, Rafael Correa impone leyes para disponer discrecionalmente de los recursos naturales del país, como el petróleo, en asocio con las transnacionales.

Los perjuicios que tienen las reformas a la Ley de Hidrocarburos que acaban de ser publicadas en el Registro Oficial provocarán, entre otras cosas:

- Que a través de la delegación de la exploración y la explotación del petróleo y el gas a las empresas privadas se avance a la privatización de nuestro principal recurso natural.

- Que en los próximos 10 años perdamos la suma de 225.000 millones de dólares por la entrega de 3.600 millones de barriles de petróleo a las transnacionales.

- Que sin licitación se entreguen los campos petroleros que tienen reservas probadas a las empresas estatales PDVSA (Venezuela), ENAP (Chile), PETROBRAS (Brasil). Campos que actualmente los explota PETROECUADOR, y que son conocidos como las joyas de la corona. Esto deja abierta la puerta para “una traición a la patria y una estupidez económica”, como lo denunció el mismo Correa antes de ser presidente, cuando durante el gobierno de Lucio Gutiérrez se pretendía entregar los campos maduros -Shushufindi, Lago Agrio, Sacha, Auca- a empresas extranjeras.

- Que con las reformas el Estado tenga una participación apenas del 25% de la explotación petrolera, mientras que los contratistas tengan una participación del 75%. Esto es violatorio a la Constitución. Hay que sumarle además que existe una disminución del 44,4% que actualmente pagan las empresas por impuesto a la renta, a solamente el 25%. No contento con esto, elimina el pago de regalías petroleras.

¿Qué se llama esto sino entreguismo? ¿No es esta la historia de la larga y oscura noche a la que la “revolución ciudadana” dice haber derrotado?

Y ahora se plantea también la amenaza de la muerte cruzada: un chantaje desesperado de Correa para unificar, por la vía de la coerción, a su bloque. Aunque de producirse, Correa se convertiría, al menos por tres meses, en dictador, puesto que gobernaría por decretos ejecutivos, sin Congreso, tiempo en cual también aceleraría el paso para inscribir a su partido, Alianza País, para participar en elecciones. Además, ya ha dicho que lo que va de este período presidencial, no cuenta para una posible reelección suya, es decir, está pensando en un negocio redondo… tal como ha razonado siempre la oligarquía al frente del Estado capitalista.