El iniciado en octubre de 1960, no es el primero utilizado contra nuestra Isla, pues ya a finales del siglo XIX la población cubana se vio obligada a encarar las nefastas consecuencias del bloqueo decretado por Estados Unidos.

En 1898, tras el período de gobierno colonial de Valeriano Weyler Nicolau, la sufrida población de Cuba trataba de recuperarse de las escaseces ocasionadas por la genocida política de reconcentración dictada por el General español el 21 de octubre de1896, en vano intento por privar a las huestes mambisas de todo apoyo material.

Fue en abril de 1898, el último año de la guerra de los cubanos por su independencia de la metrópoli hispana, que el entonces presidente norteamericano William Mc Kingley decretó el bloqueo naval de La Habana, Cienfuegos, Cárdenas y otras ciudades.

A partir de ese momento, se recrudecieron las carencias materiales para toda la población y, especialmente, para la rural, hacinada en las ciudades por la cruel disposición weyleriana.

Fue así que muchas de las 200 mil muertes ocurridas entre la población civil de la mayor Isla del Caribe, ocasionadas por la reconcentración, se debieron también a la crudeza del cruel e inoportuno bloqueo estadounidense.

Pasados los años, tal medida fue empleada por Washington contra Vietnam al concluir, en 1975, la sangrienta guerra que le impusieron a ese noble y laborioso pueblo.

Similar receta la emplearon contra Iraq luego de la Operación Tormenta del Desierto, en 1991, cuando los cientos de tanques del General H. Norman Schwarzkopf llegaron hasta las puertas de Bagdad.

Con el pretexto de castigar y hacer caer a Sadam Hussein, dictaminaron el bloqueo que costó cientos de vidas a la población iraquí, principalmente entre ancianos y niños.

Luego de las justas medidas revolucionarias de nacionalización de las empresas norteamericanas en 1959 y 1960, la Casa Blanca dictaminó igual medida contra la ínsula, el 21 de octubre de ese último año.

Tal instrumento de acoso y crimen pervive, ampliado y perfeccionado por las leyes Torricelli, del 23 de octubre de 1992 y Helms Burton, del primero de marzo de 1996.

Esa ilegal y extraterritorial práctica mantiene vigencia a pesar de los unánimes reclamos en su contra de la comunidad internacional en el seno de las Naciones Unidas.

El genocida engendro, aplicado contra Cuba y en otras latitudes, responde a esta ecuación simple: privar a la población de alimentos y medicinas, cortar al Estado el acceso a financiamientos y dificultar al máximo posible el comercio.

En su apelación al hambre y a la falta de medicamentos, a los gobernantes norteamericanos poco les importa cuántos ciudadanos mueran.

En todo caso, en las mentes de los asesores presidenciales, tanques pensantes y otros diseñadores de política, los decesos serán etiquetados como “bajas colaterales”, “víctimas inevitables” y hasta “necesarias”.

En su criminal quehacer subversivo, el imperio sabe sacarle provecho a todo.

Los fallecidos servirán muy bien a la colosal maquinaria propagandística a su servicio, para presentar luego al gobierno enemigo como el victimario.

En los cálculos de los ocupantes de la Oficina Oval, todo es bien planeado y hasta el crimen de pretender matar por hambre, sumir en necesidades y desesperar, se justifica.

No importa cuántos mueran en otras tierras siempre que se logren los objetivos de destruir cualquier gobierno enemigo de Washington y en esa cuenta, para los círculos de poder norteamericanos, los pueblos poco importan.

Agencia Cubana de Noticias