Los acontecimientos de los meses recientes en las líneas divisorias a lo largo del Río Suchiate y en los estados mexicanos limítrofes con Centroamérica colocan al gobierno de México en un difícil desiderátum: no obstante su condición de país expulsor de unos quinientos mil indocumentados cada año hacia los Estados Unidos, se ve obligado a representar el papel de supuesta potencia receptora del éxodo centroamericano que a riesgo de la vida emprenden el tránsito hacia la Unión Americana.

La administración del presidente Felipe Calderón enfrenta así una paradoja política, social y económica: los cientos de miles de aspirantes a encontrar trabajo en la Unión Americana –el respeto de cuyos derechos de pronto se ve obligado a demandar—buscan el camino del norte por las mismas razones que impelen a los centroamericanos a dejar sus países: la miseria, la falta de oportunidades de empleo digno y las condiciones de profunda injusticia social.

Frente a Estados Unidos, el gobierno de México sostiene un discurso con el que simula exigir a las instancias norteamericanas un trato respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, en la realidad nada ocurre frente a las violaciones a esos derechos, la última de las cuales de entre miles que se cometen en la Unión Americana, es la muerte de un joven menor de edad asesinado a balazos por miembros de la patrulla fronteriza del lado mexicano cuando intentaba saltar la barda contra inmigrante en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En las recientes reacciones de gobiernos centroamericanos que se desataron por la desaparición de cuarenta indocumentados en territorio mexicano, el de Honduras consigna que en el año 2010 unos cien mil de sus connacionales han abandonado su país y han intentado cruzar por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos; por lo menos unos seis mil de ellos han muerto o han sido secuestrados en México. El gobierno de Guatemala estima por su parte que unos treinta y cinco mil ciudadanos de ese país cruzaron el año pasado la línea divisoria del río Suchiate y que buena parte de ellos han sido objeto de secuestros, extorsiones, vejaciones o han sido asesinados en territorio mexicano.

El incremento de los atentados contra inmigrantes centroamericanos y de otros países –africanos inclusive—, o la difusión que de esos casos se ha dado en los últimos meses, han producido una serie de señalamientos respecto a la forma en que los aspirantes a encontrar trabajo en Estados Unidos son tratados en México, ya sea por parte de secuestradores, de los llamados ―polleros‖, o incluso de autoridades mexicanas de migración, que los detienen y en el mejor de los casos los repatrían a sus países.

La situación de los migrantes centroamericanos es muy similar a la que padecen los mexicanos en los intentos de cruzar la frontera del norte y adentrarse en la unión Americana en busca de trabajo.

Demandante desde el gobierno de George Bush de un acuerdo migratorio o de leyes internas que protejan los derechos de los indocumentados, el gobierno mexicano ha perdido la esperanza de lograr esos propósitos en la administración de Barak Obama, en la que se han intensificado las medidas para vigilar y criminalizar el tránsito de los llamados braceros que llegan por su frontera sur.

La contradicción a la que se enfrenta el gobierno de Felipe Calderón radica en las obligadas protestas por el maltrato a los mexicanos en Estados Unidos, mientras que medidas tanto o más drásticas aplica contra los migrantes provenientes de Centroamérica. Recientemente se hicieron modificaciones a la Ley General de Población con las cuales, como en algunos estados de la Unión Americana, se criminaliza la presencia de indocumentados, con todas las consecuencias que ello trae en su persecución y detención en cárceles migratorias mexicanas y su deportación.

Aunque en las últimas semanas, especialmente durante las negociaciones diplomáticas y el intercambio de declaraciones con gobiernos centroamericanos el gobierno de México ha afirmado que hace y hará todo lo posible por proteger los derechos de los indocumentados que se internan en su territorio, es evidente que esa protección, de darse, implicaría facilidades a los indocumentados para transitar hacia la frontera con Estados Unidos, lo cual sería contrario a los compromisos establecidos con el gobierno norteamericano para detener el flujo de migrantes, cualquiera que sea su nacionalidad o su procedencia.

El gobierno de México se ve así en el dilema de ofrecer –aunque no lo cumpla—seguridad y protección a los migrantes centroamericanos, en tanto que está obligado a expulsar de su territorio a los migrantes para cumplir con el compromiso establecido con Estados Unidos. Y así hace de cualquier forma.

Difícil tesitura que se cree resolver con las protestas, sólo de dicho, de respetar los derechos de los migrantes, sin que de hecho se tomen las medidas necesarias para evitar el trato inhumano que padecen en territorio mexicano.

(*)Periodista mexicano