JPEG - 33.9 KB

Agradezco esta oportunidad de informar al Consejo de Seguridad sobre la situación en Libia y de hablar de los hechos ocurridos a raíz de la aprobación de la resolución 1973 (2011).

En la cumbre de París convocada el 19 de marzo por el Presidente Sarkozy, la comunidad internacional pidió una cesación del fuego inmediata y convino en adoptar las medidas necesarias, con arreglo a la resolución 1973 (2011), para detener la brutal campaña de violencia del régimen libio contra su propio pueblo.

En la resolución 1973 (2011) también se reafirmaba la soberanía y la integridad territorial de Libia y se excluía explícitamente toda clase de ocupación extranjera de territorio libio.

Esas cuestiones predominaron en las conversaciones que mantuve en mis viajes recientes. Las autoridades de Egipto y Túnez estaban profundamente preocupadas por los ciudadanos de sus países que siguen en Libia y por la gran carga que supone atender a los refugiados en sus fronteras, así como por la complicada tarea de reintegrar a ciudadanos que habían abandonado el país.

En todas mis reuniones, tanto públicas como privadas, procuré en particular recalcar que las medidas previstas en la resolución 1973 (2011) obedecían a un objetivo primordial, a saber, salvar la vida de los civiles inocentes.

La comunidad internacional ha actuado de consuno para evitar una crisis que podría llegar a ser de gran escala. Espero que la comunidad internacional continúe actuando con toda diligencia para evitar víctimas civiles y daños colaterales.

Por último, recalqué cuán importante es que la comunidad internacional hable con una sola voz para aplicar la resolución 1973 (2011) y hacer frente a la situación humanitaria. Túnez y Egipto, que son los países más afectados por la crisis de los refugiados, merecen nuestro elogio.

Permítaseme ofrecer a los miembros información actualizada sobre la aplicación de las resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011). Como saben los miembros, los ataques militares comenzaron el 19 de marzo por las fuerzas de los Estados Unidos y europeas, con el objetivo de imponer de manera efectiva una zona de exclusión de vuelos en el país. Esa campaña continúa. Las autoridades libias han afirmado en reiteradas ocasiones que han instituido una cesación del fuego, incluida una llamada telefónica que me hizo el Primer Ministro de Libia el 19 de marzo. No vemos pruebas de que así sea. Por el contrario, persisten intensas batallas en las ciudades de Ajdabiya, Misratah y Zitan o en sus alrededores, entre otras. En resumen, no hay pruebas de que las autoridades libias hayan adoptado medidas para cumplir con las obligaciones contraídas con arreglo a las resoluciones 1970 (2011) ó 1973 (2011).

Desde el principio, las Naciones Unida han realizado intensas gestiones diplomáticas. Me he mantenido en estrecho contacto con todas las partes, incluidas las autoridades libias. He pedido con insistencia que se ponga fin de inmediato a la violencia y que se proporcione acceso humanitario irrestricto. En este contexto, quisiera señalar que la asistencia humanitaria está exenta del régimen de sanciones.

El 13 de marzo mi Enviado Especial a Libia, Sr. Abdel-Elah Al-Khatib, visitó Trípoli, acompañado del Coordinador de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Junto con sus equipos, celebraron amplias consultas con el Ministro de Relaciones Exteriores de Libia y otros altos funcionarios. Mi Enviado puso de manifiesto, de manera clara e inequívoca, la posición de la comunidad internacional. Hay que poner fin a los ataques contra los civiles; los responsables de crímenes contra su pueblo tendrán que rendir cuentas; hay que garantizar el acceso humanitario en condiciones de seguridad; y deben aplicarse plenamente las resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011).

El Enviado Especial recalcó que redundaba en interés de Libia poner fin a las hostilidades y cambiar la dinámica de la crisis. Si Libia no actuaba para cumplir la resolución 1973 (2011), señaló el Enviado, el Consejo de Seguridad podría estar dispuesto a adoptar medidas adicionales. El Ministro de Relaciones Exteriores de Libia respondió afirmando que el Gobierno se había visto obligado a actuar de esa manera frente a posibles amenazas de Al-Qaida y terroristas islámicos. Dijo también al Enviado Especial que las autoridades libias habían ofrecido una amnistía a los rebeldes que depusieran las armas. Insistió además en que debían establecerse mecanismos para que las fuerzas rebeldes también tuvieran que cumplir el alto al fuego.

El 21 de marzo, mi Enviado Especial se reunió con los líderes de la oposición armada libia, incluido el Presidente del Consejo Nacional de Transición de Libia, en Tobruk. Reiteraron su llamamiento en favor de la cesación del fuego y del levantamiento del sitio impuesto por las fuerzas del Gobierno libio contra algunas ciudades que estaban en manos de los rebeldes. Expresaron también su profunda preocupación por los sufrimientos ocasionados al pueblo libio y exigieron que se pusiera fin al uso de tanques y armas pesadas contra los civiles. Solicitaron además que enviáramos rápidamente una misión de evaluación humanitaria a todas las partes del país.

Ayer tuve una reunión oficiosa con el Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Sr. Jean Ping, en la que debatimos extensamente la manera en que las Naciones Unidas y la Unión Africana pueden trabajar de consuno para resolver la situación en Libia. Mañana, mi Enviado Especial viajará a Addis Abeba para asistir a una reunión convocada por la Unión Africana. Participarán tanto representantes del Gobierno libio como de la oposición, así como representantes de los Estados Miembros y las organizaciones regionales pertinentes. Su objetivo es lograr la cesación del fuego y una solución política.

En la resolución 1973 (2011) se exige que las autoridades libias cumplan con sus obligaciones con arreglo al derecho internacional. El Coordinador de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y su equipo sólo han tenido acceso limitado. Seguimos teniendo graves preocupaciones, no obstante, por la protección de los civiles, las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y el acceso de las poblaciones civiles a los productos y los servicios básicos en las zonas actualmente bajo sitio.

Más de 335.658 personas han abandonado Libia desde el comienzo de la crisis. Unas 9.000 personas se han quedado atascadas a lo largo de las fronteras de Libia con Túnez y Egipto. El 21 de marzo, la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados prestaron asistencia para la evacuación de más de 60.000 personas que abandonaban Libia. En el llamamiento regional urgente para la crisis libia se solicitó una suma de 160,3 millones de dólares, de la cual se ha financiado el 63%. También hay planes de contingencia para hacer frente a posibles nuevas oleadas de inmigrantes y refugiados que pueden llegar a un total de 200.000 a 250.000 personas.

Entretanto, el Programa Mundial de Alimentos ha recibido informes según los cuales los precios de los alimentos en Libia están aumentando rápidamente; por ejemplo, el precio de la harina se ha duplicado en las últimas semanas. Las Naciones Unidas y las autoridades libias siguen muy distanciadas en sus análisis respectivos del alcance y de la magnitud de la situación humanitaria. No se ha llegado a un acuerdo sobre la manera en que se llevaría a cabo la misión interinstitucional para la evaluación de las necesidades. Quisiera recordar a todas las partes que actualmente participan en las hostilidades en Libia sus obligaciones con arreglo al derecho internacional humanitario de permitir y facilitar el acceso seguro, rápido y sin trabas de las organizaciones humanitarias a las poblaciones necesitadas.

La misión de mi Enviado Especial fue demasiado breve para llegar a conclusiones definitivas sobre la situación de derechos humanos, pero constató muchos indicios preocupantes, incluidas las amenazas y la incitación contra la oposición armada. Las amenazas del Coronel Al-Gadhafi se difundieron reiteradamente en la televisión nacional. Se sigue arrestando a periodistas. Reporteros extranjeros en Trípoli dijeron a la misión de las Naciones Unidas que hay miedo generalizado entre la población, un estricto control por parte de los servicios de seguridad y casos de arresto y desapariciones.

Teniendo en cuenta estas conclusiones, el Enviado Especial informó al Gobierno libio de la intención del Consejo de Derechos Humanos de crear una comisión internacional independiente para investigar todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos en Libia, identificar a los responsables, formular recomendaciones e informar al Consejo de Derechos Humanos. El Enviado Especial solicitó oficialmente la cooperación del Gobierno de Libia con la comisión de investigación, y la respuesta fue positiva, aunque no se discutieron medidas concretas.

En la resolución 1973 (2011) se pide a los Estados Miembros que notifiquen a mi oficina de inmediato las medidas que adopten o tienen intención de adoptar para proteger a los civiles, establecer la zona de exclusión de vuelo y facilitar las operaciones humanitarias y los vuelos de evacuación. En la resolución se estipula que yo informe al Consejo en un plazo de siete días y posteriormente cada mes sobre la aplicación de la resolución, incluyendo cualquier información sobre las violaciones de la prohibición de vuelos. Hoy les estoy presentando mi primer informe.

Hasta ahora, el Reino Unido, Francia, los Estados Unidos, Dinamarca, el Canadá, Italia, Qatar, Bélgica, Noruega, España y los Emiratos Árabes Unidos han enviado cartas de notificación, que han sido distribuidas a todos los miembros del Consejo, de conformidad con las disposiciones de la resolución 1973 (2011). También hemos recibido la notificación de la OTAN de su decisión de iniciar una operación de la alianza en apoyo del embargo de armas impuesto contra Libia de conformidad con las resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011).

Espero que se me mantenga informado de las nuevas medidas que adopten los Gobiernos de los miembros del Consejo, incluido el mecanismo previsto en el párrafo 8 de la resolución. Asimismo, designaré una entidad de coordinación dentro de la Secretaría. De manera similar, esperamos con interés recibir un concepto de las operaciones de los Estados Miembros, como se estipula en el párrafo 11 de la resolución.

En la resolución 1973 (2011) se pide, además, que establezca un grupo de expertos encargado de ayudar al Comité sobre Libia a supervisar la aplicación de las sanciones. La Secretaría está examinando su lista de expertos en materia de sanciones para determinar los candidatos adecuados. Ya nos hemos puesto en contacto con algunos de ellos. Se espera que los que se designen para formar parte del Grupo sean competentes en los ámbitos de las armas, la financiación, el transporte —tanto aéreo como marítimo— las aduanas y el control de las fronteras.

Habida cuenta de la crítica situación que impera sobre el terreno, es indispensable que sigamos actuando con celeridad y decisión. En la resolución se asigna una gran responsabilidad al sistema de las Naciones Unidas. Aseguro al Consejo que trabajaremos en estrecha colaboración con los Estados Miembros y las organizaciones regionales para coordinar una respuesta común, eficaz y oportuna.