Entrevisté al notable penalista y paladín de causas cívicas, Guillermo Olivera Díaz, sobre esta materia y obtuve más que elocuentes luces sobre el tema.

- Dijo Olivera: “En las querellas por difamación se pagan tasas astronómicas. Un periodista pobre injustamente condenado no las podrá pagar si quiere apelar el fallo inicuo. En consecuencia, queda condenado por no cumplir el pago de la tasa por apelación. Queda condenado por pobre.”

- Más aún: “En estas querellas el caso llega a la Corte Suprema. La tasa que hay que pagar para recurrir de la Sala Superior a la Sala Suprema es inalcanzable. Sólo la pagan los ricos”, agregó el especialista.

- Preguntado Olivera, ¿quién estableció estas tasas?, respondió: “La misma Corte Suprema. Lo que se recauda son ingresos propios del Poder Judicial y cada mes se reparte entre los jueces como bono de productividad que no fiscaliza nadie. Es decir son ¡tasas pagadas que se reparten los jueces con disfraz de bono como otro sueldo!”. ……………………………………………………….

Como soy periodista pobre en alguna oportunidad y noticiado de una tasa de casi S/ 5 mil soles, simplemente no la pagué (por real incapacidad crematística) y aún aguardo la justicia penal en uno de numeros casos-medallas con que he sido distinguido.

En Perú cualquier individuo o empresa que suponga difamado su nombre, accionar o prestigio, plantea un juicio penal (querella) y pide como reparación económica (demanda), la suma que se le antoja y le acorrala en medio de un intríngulis en el que hay que tener, más que paciencia, dinero a raudales para apelar. Si se carece del vil metal para pagar las abultadas tasas judiciales, despídase de cualquier aspiración justiciera, simplemente no la gozará ¡jamás! siendo que es un derecho que debiera garantizar el Estado a todo ciudadano.

Por quítame estas pajas o por un párrafo introductorio, el ciudadano más inofensivo está de repente querellado por estudios poderosos y el querellante honra con miles de dólares mensuales el servicio de abogados que interpretan la reivindicación, real o supuesta, que sufraga su cliente. Entonces le plantean juicio penal: no sólo el gerente general, también el jefe de seguridad, el personal de la empresa, la empresa y el resultado es que acumula, de un solo origen en sus derivaciones celulares, 3, 4, 5 ó más procesos. O sea, bajo carteles distintos y un tronco único, todos se van contra uno para amordazar su libertad de opinión y juicio con candados y reparaciones civiles millonarias.

¿Quién pone la aspiración con que debe honrarse el supuesto prestigio dañado por la difamación?: obvio que el querellante. Los juzgados admiten las querellas y no pocas veces, es decir siempre, sus desopilantes pretensiones. Sé de un ciudadano a quien han impuesto la tremebunda cifra de S/ 30 mil soles de castigo. No importa que el querellante sea un señor de segunda o tercera fila y que en otros casos más o menos de mayor importancia, las multas no hayan superado los S/ 2 ó S/ 3 mil soles. La habilidad de los abogados del querellante deviene en arma mortal contra los profesionales del querellado que rara vez está en capacidad de pagar ¡ni siquiera los pasajes!

Se lee la sentencia y le premian con una reparación civil desproporcionada, inalcanzable, estratosférica y preguntado por su parecer o conformidad, el pararrayos (digo, el ciudadano) musita: Apelo.

Y comienza otro calvario: hay que ceñirse a las proporciones que impone el monto requerido por el querellante. Conozco un caso en que el monto de la tasa a pagar, único requisito indispensable para interponer la apelación representa ¡3 sueldos mínimos vitales! y no desdeñemos el plazo ¡apenas 10 días! ¿Qué ocurre con quien no consigue el dinero y no paga la tasa? ¡Simplemente, por inacción, da por “consentida” la sentencia y tiene que hacerse cargo de la reparación. A los jueces no importa la desproporción, tampoco si el querellado tiene o carece de dinero o ingresos suficientes, impone el monto a su leal saber y entender y ¡sanseacabó! ¿Es posible descartar otra clase de influencias? No lo creo.

¿Cuántos hombres o mujeres, periodistas, pintores, artistas o escritores, críticos, terminaron con sus propiedades enajenadas, cuentas bloqueadas, proyectos de vida frustrados, por causa de estas antojadizas formas de hacer justicia en Perú? ¿cuántos hombres o mujeres del pueblo jamás podrán reivindicar ninguna justicia por la simple razón de ser personas sin recursos o dinero para pagar esas benditas tasas?

Este es un tema bastante común, hasta palurdo sobre el cual ninguno de los candidatos pone faros y una decidida luz potente con el propósito de corregir el entuerto. Se me informa que las tasas pagan servicios de administración de justicia. ¿Y entonces qué cubren los impuestos de millones de peruanos? ¿no debieran pagar los querellantes, y sobre todo empresas, esas tasas realmente fuera de cualquier concepto de igual reparto de la justicia? ¿debiéramos considerar, entonces, que la justicia tiene un valor en monedas y que quien más tiene, más consigue de ese bien? La conclusión lógica es imbatible: si no hay dinero, entonces la justicia es no sólo elusiva, sino que deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio.

Y si todo el sistema está armado para que sólo minorías exclusivas y pudientes consigan “justicia” entonces la evidente e incontrastable perversidad es una abominable tara sobre la cual ningún candidato mete la cuchara. ¿Todos tienen “deuda” con la administración de justicia tal como se la conoce o practica en Perú?

La batalla es por decir lo menos, monstruosamente desigual. Hay que recurrir, casi sin éxito, a la mendicidad aquí o acullá, Hacer de tripas corazón y arriesgarse con quienes, con ingratitud y rostro desencajado, hoy huyen del camino de la solidaridad, olvidando que éste distingue al hombre o mujer buenos del guarismo o de la servidumbre bien rentada. También existe ese filón maravilloso de personas que no necesitan la señal de alerta y concurren con maravillosa disposición a preguntar: ¿cuánto te falta? Y entonces la vida se hace más comprensible, deja de ser la unamuniana agonía para trocar en esperanza, en aliento para volar con ilusión, en energía y elan nutrientes del espíritu de persistir en el combate.

¡Justicia penal pagada absolutamente injusta!