Pacto mafioso perpetra otro asalto al país y consuma desahucio moral del Estado

Ley 29703: aberración contra el Perú

por Luis Alberto Salgado; [email protected]

14-6-2011

El 5 de junio triunfó la decencia en el Perú. Una etapa de armonía y justicia se inicia.

Pero si a alguien le quedaban dudas respecto del pacto infame entre el régimen de García y la organización delictiva fujimorista, pues ellas han sido despejadas con la aberrante legislación aprobada en el Congreso y promulgada muy rápidamente por quien será presidente hasta el 28 de julio próximo. Esto, mientras la ley de consulta previa a los pueblos, en cumplimiento del Convenio 169, sigue archivada.

La ley 29703 es la confesión más clara ante el país de la conciencia de culpa de quienes la han promovido, aprobado y promulgado.

Mediante la modificación alevosa del código penal, introducida y llevada al pleno por la comisión presidida por el abogado de Alberto Fujimori, Rolando Souza, se legaliza cualquier coima, por multimillonaria que fuera, si no se puede probar que hay daño económico para el Estado. Pues si hubiera duda o dificultad para establecer dicho perjuicio a la nación, a criterio del juez, esta duda tendría que favorecer al reo o al acusado y éste deberá ser absuelto. Además, se introduce un factor de confusión respecto de la inhabilitación por 10 años para quienes delincan. Este es uno de los últimos legados putrefactos que le dejan al próximo gobierno quienes han hecho de la política un vil negociado pues la corrupción ha sido potenciada legalmente en los estertores de un gobierno que deshonró, una y cien veces, su palabra empeñada en el 2006.

Acciones como ésta son las que hacen del poder legislativo, -que debe ser la expresión más cabal de la voluntad popular en toda democracia desarrollada- la institución más desprestigiada en el Perú. Pero son los estertores de un régimen que busca impunidad y que está desahuciado moral y éticamente, como el de Alan García en complicidad con el fujimorismo.

Paradójicamente, el inicial proyecto modificatorio del código penal salió del poder judicial para fortalecer la lucha contra la corrupción incrementando las penas y sancionando con mayor drasticidad a las personas corruptas que desde el Estado utilizan el poder político para favorecer fraudulentamente a particulares y que compartan ganancias y beneficios mediante arreglos debajo de la mesa. Pero en el poder legislativo se trastocó todo, presurosamente el ejecutivo la promulgó en el término de la distancia, y esto es lo que tenemos ahora.

No existe en el mundo, que se sepa, legislación parecida o similar. Todo lo contrario, en las sociedades más evolucionadas se sabe que una clave fundamental del desarrollo y de la convivencia civilizada es optimizar los mecanismos de transparencia y sanción en la gestión gubernamental. Pero con este cambio el Perú desciende vergonzosamente a los niveles más bajos entre los países más corruptos del planeta, y esta situación sólo tiene explicación en la desesperación o urgencia de algunos por cubrirse las espaldas o intento de blindarse, todo lo que puedan, frente a las graves denuncias actuales, o las que vendrán cuando haya cambiado el poder político al nivel más alto del Estado. Es la confirmación de los ilícitos cometidos contra la nación.

Así, en vez de aprobar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción como respuesta a un clamor de los pueblos del Perú, que se expresó mayoritariamente el último 5 de junio, los poderes ejecutivo y legislativo se coluden perversamente para consumar este último atentado contra el país, contra la sociedad, contra el tesoro público y contra la dignidad de los peruanos.

Deben agotarse todos los mecanismos legales para controlar el grave daño hecho a la república: la derogatoria cuanto antes de esa miseria legislativa y/o la declaratoria de inconstitucionalidad a fin que sea expulsada dicha modificatoria malsana del sistema legal peruano.

Un nuevo poder ejecutivo con procuradurías anticorrupción fortalecidas y comprometido con la construcción de un Estado de Derechos Humanos, sin corrupción, se instalará el 28 de julio, pero, en cuanto a la administración de justicia, serán los jueces y fiscales probos, quienes deberán interpretar y aplicar la ley y la constitución vigente en consonancia con los intereses del país sin consagrar la impunidad a corruptos y delincuentes. Adicionalmente, la prensa verdaderamente libre y sana, no comprometida con los grupos corruptos que hoy controlan el Estado ni con sus cómplices, deberá jugar un rol verdaderamente fiscalizador a fin de alertar a la ciudadanía sobre los diferentes casos y denuncias que deberán ser materia de investigación exhaustiva, procesamiento y sanción ejemplar.