Autor: Opinión Sección: Opinión 17 JULIO 2011

El principal argumento de estas “ciudades rurales” es que contribuyen a eliminar la pobreza porque abaten la dispersión de las poblaciones campesinas: mediante estos proyectos se pretende reunir en una gran comunidad a los habitantes disgregados en pequeñas comunidades de apenas unas cuantas familias. Esta agrupación permitiría supuestamente llevar agua corriente, luz eléctrica, teléfono, pavimentación, colegios y clínicas a estas personas. Y no sólo eso. También se presenta a estos proyectos como “autosustentables”.

Sin embargo, no hay claridad sobre lo que el término autosustentable significa en el contexto de la lucha contra la pobreza. Carlos González, politólogo del Colegio de México, en su ensayo Es el desarrollo sustentable, estúpido, da justo en el clavo sobre la opacidad de este tema: un error común en las políticas públicas es utilizar el adjetivo “sustentable” como sinónimo de “ecológico”.

“La sustentabilidad no se reduce a los factores ambientales –indica–. La sustentabilidad de un desarrollo depende, por ejemplo, de la capacidad de identificar las tendencias y el potencial del desarrollo económico de la sociedad en cuestión, pero también de establecer políticas laborales y de mercado que logren una equitativa distribución de la riqueza. Sin estabilidad social, el desarrollo no es sustentable. El crecimiento económico, el incremento en la inversión, incluso el aumento en los índices de empleo, no garantizan la estabilidad y paz social necesaria para un desarrollo progresivo y sustentable si al tamaño de una economía se le oponen altos índices de desigualdad […]. De lo contrario, veremos una progresiva proliferación de discursos populistas en los que –atinadamente en el peor de los casos y sin fundamento en muchos otros– se acusa el enriquecimiento de unos cuantos a costa de otros y se fortalecen esquemas económicos y de bienestar social proteccionistas, conservadores e ineficientes.”

Ahora bien, desde una óptica de derechos humanos es necesario agregar una consideración más al concepto de sustentabilidad y esta es la necesidad de respetar e incluir los derechos sociales y los derechos de los pueblos en los proyectos de desarrollo. De entre estos, además del derecho a la vida digna, el de ser consultados y el de que se respeten sus usos y costumbres. Si un proyecto de desarrollo sustentable, como el caso de las “ciudades rurales”, no considera estos derechos, se le estará condenando al fracaso en su ya mencionado objetivo primordial: el desarrollo humano.

Respetar los derechos de los pueblos –considerado como un conjunto de personas en un espacio cultural-social-político-geográfico determinado, sean o no pueblos indígenas, sean o no culturalmente homogéneos, sean o no constitucionalmente autónomos–, significa respetar su idiosincrasia, sus formas de vida; significa reconocer que pueden, y suelen, tener una cosmología propia y un entendimiento de la vida diferente al nuestro o al de quienes deciden las políticas públicas. La sustentabilidad debe basarse en el profundo reconocimiento de la multiculturalidad de los pueblos, en su respeto y en la voluntad de entenderlos.

Ya basta de querer salvar al campesino, al indígena, de sí mismo. No se puede seguir diciendo que lo que se decide por ellos aunque no estén de acuerdo “es por su bien, que ya entenderán”. Ya basta de obligar a quien tiene una concepción diferente de la vida a homologar su existencia como mano de obra barata. Y basta, también, de confundir la humildad con la pobreza. Los proyectos “sustentables”, como las ciudades rurales y otros, definitivamente no resolverán problema alguno mientras las voces de aquellos a quienes se destinan no sean incluidas, escuchadas y atendidas.

Mientras la sabiduría milenaria de quienes habitan en el campo sea despreciada y calificada de ignorancia; mientras no se construya en conjunto con todas las voces un proyecto a largo plazo, y mientras se sigan edificando por imposición frágiles estructuras listas sólo para la foto, sólo se estarán cambiando unos problemas por otros.

*Área de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC

Fuente: Contralínea 242 / 17 de julio de 2011