Modo escandaloso y delictivo de vender inmuebles en San Borja

por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com

1-10-2011

Los sanborjinos, y también otros, debemos tener mucho cuidado cuando nos pretenden vender departamentos de estreno algunas empresas constructoras que tienen edificios en las importantes avenidas del distrito, como San Borja Norte (cuadras 7 a 11).

Resulta que tales inmuebles carecen de documentación que acredite la propiedad del que vende,
los representantes legales se esconden y existen hipotecas millonarias en favor de conocidos bancos,
que están garantizando todos los departamentos del edificio y sus montos ascienden a millones de dólares prestados para su construcción.

Por ende, las unidades inmobiliarias que se pretenden vender son prácticamente ajenas,
o sea, están gravadas por el total de su valor; deben al banco el préstamo hipotecario.

Con tales gravámenes que el ladino vendedor esconde a través de ingenuas secretarias o jefas de ventas,
el que confiadamente compra un departamento pagará dos veces, es decir, el doble:
el inflado precio, usualmente de más de 100,000 dólares, y otro monto igual por la escondida hipoteca.

¡Terminará pagando 200 mil dólares por un inmueble que vale la mitad!. Ergo, mucho ojito a esta audacia delictiva de empresas constructoras.

Reseña de un caso personal: Convocado por un vistoso aviso publicitario a todo color y apostado
en el frontis, acudí a un flamante edificio que todavía no ha entregado ni siquiera un departamento a nadie.

Solícitos me mostraron con el floro respectivo el N° 401, de solo 127 m2, cuyo precio es 170,000 dólares.
Porque me interesaba comprarlo nos cursamos varios emails con la llamada Jefa de Ventas, pedí de entrada la información documental, no aceptaron mi regateo del precio, me insistieron que el monto no era negociable, hasta que por fin, después de varios mensajes electrónicos y conversaciones personales, terminé aceptando expresamente lo pedido, ya que acababa de vender mi casa que adquirí hacen 28 años.

Cuando les solicité que me entregaran la ya requerida información documental de los representantes de la
empresa vendedora y de sus títulos de propiedad, nunca me contestaron nada. Ahora sé que el Gerente General de la inmobiliaria es un joven personaje de nacionalidad mexicana, residente fuera del Perú.

Los llamé por teléfono, al segundo número de celular que la misma Jefa me brindó (el teléfono fijo ya no contestaba), y en vez de responderme de sus títulos que escamoteaban, me pidieron que deposite el elevado precio solicitado en una cuenta bancaria y que después pasara a firmar la Minuta de Compra Venta. ¿Con quién, si me explicaron que no tenía nada que hablar con los dueños?

Como no soy bobo o pelmazo, ni proyecto de eso, no he accedido a semejante modo irregular,
porque de allí a la estafa consumada (la tentativa acabada ya se dio) media un solo milímetro.

En mi calidad de abogado y basándome en que la compra venta es un contrato consensual, pues se perfecciona con el consentimiento que manifiestan ambas partes, les cursaré una carta notarial exigiendo que se fije día y hora para el pago del precio en cheques de gerencia, la firma normal de los documentos con los representantes debidamente identificados y la entrega de la posesión del inmueble ya transferido, todo ante Notario Público y no tras bambalinas.

Si ello resulta infructuoso me quedará la vía judicial, en lo penal y civil. Menos mal que la empresa vendedora tiene dos dúplex embargables en el mismo edificio.

¿Cuántos han depositado el precio en la famosa cuenta bancaria y cuántas minutas se han firmado por el apetecido departamento 401?

La respuesta no podría adivinarla o intuirla como zahorí. Empero, es fácilmente comprobable por policías, fiscales y jueces del área penal. Cada empoce tiene fecha cierta y las Minutas suscritas también.

Ojalá el Fiscal Provincial Penal de Turno tome cartas en el asunto; de oficio o a su propia iniciativa, pues este artículo muchas webs y blogs lo subirán o colgarán por su ínsita trascendencia.

Que también el Congreso de la República, el Ejecutivo que preside Ollanta Humala y la Municipalidad de San Borja fiscalicen estas operaciones inmobiliarias de corte delictivo.