La bala disparada por un arma de fuego, el trascurrir inexorable del tiempo, o la avenida de aguas de una montaña, presentan para el hombre las mismas características de irreversibilidad y destrucción. Por ello el tráfico ilegal de armas en el mundo no es sino un método para ocasionar la muerte o discapacidad física permanente a otros humanos, a cambio de dinero.

Y la década de los noventa en Suramérica fue pródiga en la aparición de una nueva modalidad de esa acción criminal, constituida por “cárteles políticos” asociados entre sí para el tráfico ilegal de armas.

Estos valiéndose del mandato soberano otorgado por los pueblos y las atribuciones del poder, se dedicaron a esa actividad ilegal para el enriquecimiento ilícito a costa de la muerte e inhabilitación de ciudadanos del mundo.

Para algunos analistas, este nefasto período de la historia de Suramérica (1990-2000) supera con creces a la cavernaria etapa de ejecución del “Plan Cóndor” dirigido por los EE.UU. en la década de los setenta, por su semejanza con el delito común.

Así en 1999 en el Perú, el ex presidente Alberto Fujimori –en funciones a esa fecha- conspirando con su asesor político Vladimiro Montesinos y otros funcionarios políticos más, decidieron enriquecerse con el tráfico ilegal de 10,000 fusiles AK-47 importados furtivamente de Jordania, pero no exactamente con fines de defensa nacional.

Estas armas fueron desplazadas subrepticiamente a Colombia y entregadas a las fuerzas insurgentes de las “FARC”, para ser utilizadas en la matanza de colombianos pertenecientes a las fuerzas del orden del Estado colombiano.

El tráfico detectado por la CIA que intervenía –como hasta ahora- en el “Plan Colombia”, generó el enojo del gobierno de los EE.UU. –por peligrar su mercado de drogas-, aceleró la caída del gobierno Fujimori y produjo la carcelería que en el Perú purgan los involucrados por tal delito –así los cargos que se les imputen sean otros-.

Empero el gobierno de Colombia dio lectura correcta al “impasse” internacional y entendió -como la sorprendida población del Perú-, que sencillamente se trató de la acción delincuencial de dos hampones de cuello y corbata que burlándose de las leyes y del mandato soberano del Perú, se asociaron para delinquir y enriquecerse ilícitamente desde el Estado, pero agraviando con sus actos a otros Estados.

Sin embargo Fujimori y Montesinos no fueron los genuinos creadores de este “modelo”. Ellos copiaron su accionar de los “cárteles políticos” que en 1995 operaron desde los más altos niveles de los gobiernos de Chile y Argentina, en connivencia con la jefatura de la organización criminal –la CIA de los EE.UU.-.

En dicha modalidad estos “cárteles” traficaron armas ilícitamente con destino a áreas en las que los EE.UU. desarrollaban “conflictos de mediana intensidad”, tanto en Europa –Croacia- y en el colmo a Suramérica –Ecuador-.

Es así que en 1995 dos grandes “operaciones” de tráfico planeadas por el gobierno de los EE.UU. –Bill Clinton- en colaboración con los presidentes de Chile –Eduardo Frei- y Argentina –Carlos Menem-, fueron la causal de muerte y discapacidad física de decenas de peruanos, que en ese año defendían a su país en la línea fronteriza del norte.

El pertrecho de armas ilícitamente traficadas con el fin de incrementar la capacidad bélica de Ecuador en el conflicto armado que sostenía con el Perú, fueron detectadas en la ciudad de Buenos Aires por la inteligencia peruana y pusieron al descubierto a los colaboradores suramericanos de la conexión criminal -políticos de alto nivel-.

Las investigaciones efectuadas por el gobierno del Perú en relación al tráfico de los tres “cárteles” mencionados –EE.UU., Chile y Argentina- concluyeron que para el gobierno de los EE.UU., ello se constituyó en un “acto más” de sus políticas imperiales.

En el caso de los gobiernos suramericanos, éstos fueron actos de corrupción utilizando el poder, para un modo rápido de enriquecimiento ilícito, y por otro lado, obtener los halagos de la potencia por la sumisión política a la organización criminal –la CIA-.

El enfoque político-diplomático dado con posterioridad a 1995 por los gobiernos de los países donde actuaron los “carteles políticos”, tuvo también tres diferentes perspectivas.

A pesar de las pruebas exhibidas por el Perú, los EE.UU. mostraron desentendimiento total con el caso y los implicados de ese país, optando por respuestas incoherentes.

En el caso de Chile y Argentina, el caso ha tenido dos diferentes ribetes.

Por el lado argentino el ex presidente Néstor Kirchner al asumir su mandato en el 2001 dispuso la apertura de una causa judicial contra esa mafia, en las únicas cortes de justicia que dispone su país -corruptas y aún copadas por los EE.UU.-.

Adicionalmente a ello, en el año 2010 la presidenta argentina Cristina Fernández realizó una visita especial al Perú con el fin de presentar las excusas correspondientes a nombre del pueblo argentino.

En ellas la presidenta hizo un deslinde sobre las acciones de Menem y su gavilla, estableciendo firmemente que éstas “no son políticas del Estado argentino” y que lo del tráfico de armas fue “un acto delincuencial valiéndose del Estado”.

Sin embargo la sentencia del 14 de Setiembre último dictada por la “justicia argentina” -aliada de la organización-, terminó otorgando impunidad legal a los responsables del tráfico, el ex mandatario Carlos Menem, el ex ministro de defensa Oscar Camilión y el fallecido ex canciller Guido Di Tella -así como a la gavilla criminal cómplice de éstos-, por lo que el hecho fija una tarea pendiente para el Perú.

La actitud de los gobiernos de Chile ha sido diferente a los de Argentina, desde el 2005 en que se abrió una investigación judicial para “hallar” a los responsables, adoptando la encubridora posición de defender esos delitos cual “acto de Estado ligado a la defensa”.
La “farsa jurídica” urdida en ese país, concluyó en el 2010 con la impunidad para los principales responsables del tráfico -ni siquiera incluidos en la causa judicial-, el ex mandatario Eduardo Frei, el ex Ministro de Defensa Edmundo Pérez, y el ex Canciller Miguel Insulza -actual Secretario General de la OEA-, por lo que Perú tiene otra tarea.
El delito fue el mismo del cártel argentino de tráfico de armas efectuado en 1995 con rumbo a los mismos lugares –Croacia y Ecuador-.

Con ambas sentencias se colige que el plazo otorgado por el Perú a ambos gobiernos suramericanos para determinar la responsabilidad de sus connacionales, ha culminado.
Ahora las acciones conciernen a la Cancillería del Perú, en representación de decenas de fallecidos y discapacitados físicos creados por el accionar de esos mercaderes de la muerte.

Sin embargo se plantean las siguientes interrogantes: ¿ acaso existe alguna diferencia entre el tráfico ilegal de armas de Fujimori con los realizados por Menem y Frei?, ¿ es acaso diferente la solícita complicidad de Vladimiro Montesinos con la de Miguel Insulza para cometer el mismo delito? ¿ es que tal vez existe un trafico ilegal de armas “bueno” y otro “malo”?

Creemos firmemente que la integración regional suramericana comienza por la confianza y ello implica el retiro de las máscaras de hipocresía que aún encubren oprobiosos delitos de lesa humanidad

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