Hasta altas horas de la noche del lunes, ni el presidente Ollanta Humala, jefe del Ejecutivo; ni el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, de oficio; tampoco el presidente del Congreso, Daniel Abugattás Majluf, se habían pronunciado sobre el delicadísimo capítulo que involucra al 2do. vicepresidente y legislador Omar Chehade. Contrasta la grandilocuencia alegre en otros casos y el silencio sepulcral en éste.

Desaprovechó el jefe de Estado, Humala, su participación en la cita inaugural de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Los reflejos políticos, la defensa de su gobierno, la idoneidad de la voluntad popular que le encargó una frontal lucha contra la corrupción demandaban que aquél dijera lo que todos quieren escuchar: mano firme y distancia absoluta y raigal contra quienes han pretendido o promueven el tráfico de influencias y la suciedad como norma de comportamiento en la cosa pública.

De oficio, el Fiscal de la Nación, Peláez, tiene potestad para eso, debió haber actuado conforme a conciencia y a la ley. Ha escrito el notable penalista Guillermo Olivera Díaz en su artículo de ayer lunes 17, Omar Chehade y su delito que amerita desafuero inmediato http://www.voltairenet.org/Omar-Che... lo siguiente:

“Las evidencias están a la vista. De Oficio, el Ministerio Público debe abrir una Investigación Preliminar, irse al Restaurante Brujas de Cachiche, incautar las filmaciones, interrogar a los circunstantes de esa noche de tráfico de influencias, recibir la declaración de los generales de la policía en cuestión y por supuesto del imputado de marras. Acto seguido, formular la correspondiente denuncia constitucional ante el Congreso de la República, al cual compete el procedimiento de Antejuicio.

Cuando el Congreso declare, finalmente, que ha lugar a formación de causa penal, el cuestionado congresista-vicepresidente debe ser DESTITUIDO “de su función” congresal e INHABILITADO “para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años”. Así lo manda el Art. 100° de la Constitución Política.

En este supuesto la Fiscalía está obligada a denunciarlo penalmente y el Vocal Supremo Instructor abrir el proceso penal respectivo con mandato de DETENCIÓN. Ergo, a la cárcel común.”

Las preguntas pertinentes son de ineluctable trascendencia:

¿Qué espera el presidente Humala para actuar con mano firme y ejemplarizadora?

¿Qué, hay que seguir soplándole su deber al Fiscal de la Nación?

¿Carece de reflejos de toda clase e índole el presidente del Congreso, Daniel Abugattás?

Pero no omitamos señalar el silencio del principal protagonista de este asunto que, a no dudarlo, constituye una prueba para el novísimo gobierno: ¿qué puede decirnos con tantas horas de silencio culposo el señor 2do vicepresidente y legislador, Omar Chehade? A él, penalista, no se le escapa el cuadro completo que grafica el ilícito del que formaría parte. Mientras más pasa el tiempo y su mudez persevera, mayor será la convicción que hay sobre su responsabilidad.

Cuando la administración pasada, la del señor Alan García Pérez, hoy desmentido por el ex presidente regional del Callao, Alex Kouri, por sus afirmaciones medrosas ante un tribunal judicial ayer por la mañana, Perú tuvo la ocasión de ver cómo manadas de turiferarios y ganapanes declaraban en masa tontería tras tontería. Casi siempre consiguieron echar toneladas de concreto mediático sobre los escándalos, pero actuaban. La administración del señor Humala no tiene cuatro meses de ejercicio y patina dando bandazos por una aguda escasez de tino político, asesoría doctrinaria y orfandad en el manejo del tiempo político. El júbilo de un triunfo popular, dista apenas milímetros, de la decepción desesperanzada.

Repitamos con González Prada:

¡Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

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