por Guillermo Olivera Díaz; [email protected]

20-10-2011

Cuando fui juez penal titular de Lima, hubo un Presidente de Tribunal Correccional, Virgilio Landázuri Carrillo, que me hizo llamar a su despacho para “jalarme las orejas” e implícitamente recomendarme y de mala manera un asunto penal que se ventilaba en mi juzgado contra Alejandro Belmont Anderson, padre de un conocido personaje de la televisión capitalina. Por tal afrenta lo quejé al día siguiente, 14-01-1976, por escrito.

Relaté el incidente en mi libro El Proceso Penal Peruano, Lima, 1986, página 133, con el elocuente título El affaire Landázuri. Pueden consultarlo en alguna biblioteca.

35 años después sigo sorprendido, con ojos exoftálmicos, que 3 generales en actividad de la policía peruana, RAUL SALAZAR SALAZAR, actual Director General, ABEL GAMARRA MALPARTIDA y EDUARDO ARTETA IZARNOTEGUI, hayan acudido reverentes a una cena nocturna en Las Brujas de Cachiche a tratar dizque temas de “inteligencia” y “seguridad” con el congresista y 2° Vicepresidente de la República, Omar Chehade Moya, convocados por no sé quién, no sé cómo, ¿por prebendas futuras?, ante la infeliz presencia de 2 sujetos desconocidos: Miguel Chehade y Miguel León Barandiarán, totalmente ajenos al Gobierno. Al General Gamarra incluso lo trajeron desde Tumbes.

El solo hecho que Omar Chehade haya afirmado, sin poder negar, que en tal convite se trató asuntos de inteligencia y seguridad del Estado, en un restaurante, durante la noche anómica, al ruido de la estridente música y empinando el codo, ante la circunstancial presencia de 2 sujetos sin oficio conocido, uno su hermano y el otro amigo suyo, quienes no conocían a tales Generales, aunque no los haya convocado para concertar el desalojo a la fuerza de los actuales poseedores de la azucarera ANDAHUASI, ello constituye un conjunto de indicios concurrentes fuertes de su negado ilícito de Tráfico de Influencias con otro de Cohecho o Corrupción por coima escondida.

Resulta que el cuestionado Chehade, aunque congresista y vicepresidente, carece de competencia constitucional y legal alguna para convocar a 3 generales de la Policía; nadie en el reparto de funciones del Estado le ha encomendado examinar los asuntos de inteligencia y seguridad con nocturnidad, saboreando los platos de una cena; tampoco los genuflexos generales eran expertos en inteligencia; menos tenían entre manos un proyecto de norma legal que a ello apuntara; los 2 personajes desconocidos, que no conocían a tales oficiales, no tenían por qué ser testigos de asuntos tan delicados, etc.

Estos Generales de la Policía Nacional, los 3, por solo su genuflexión de ir a donde no deben, han violado los Arts. 166° y 168° de la Constitución Política, las leyes y los reglamentos que determinan la organización, las funciones, especialidades y que a su vez norman la disciplina entre ellos y el resto de oficiales y subalternos.

Deben ser procesados penalmente junto con Chehade y pasados al retiro sobre la marcha, con específica expresión de causa. Degradarlos quizá sea un exceso.

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