Red Voltaire

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Libia

| Nueva York (EE.UU.)
+
JPEG - 84.5 KB

Se abre la sesión a las 10.45 horas

El Presidente (habla en inglés): De conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo, invito al representante de Libia, a participar en esta sesión.
De conformidad con el artículo 39 del reglamento provisional del Consejo, invito al Sr. Ian Martin, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, a participar en esta sesión.
De conformidad con el artículo 39 del reglamento provisional del Consejo, invito a la Sra. Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a participar en esta sesión.
El Consejo de Seguridad comenzará ahora el examen del tema que figura en el orden del día.
Tiene la palabra el Sr. Martin.

Sr. Martin (habla en inglés): Cuando intervine por última vez en una reunión del Consejo hace un mes (véase S/PV.6698), señalé que el estado de ánimo del pueblo de Libia estaba cambiando poco a poco y que cada vez se exigía un mejor desempeño institucional que cumpliera las expectativas populares, así como responsabilidad y transparencia en los asuntos públicos; y que a medida que se acercaban las elecciones, la sociedad civil controlaba y criticaba más enérgicamente la actuación del Consejo Nacional de Transición y el Gobierno. Las críticas al gobierno provisional de Libia van en aumento, y durante los últimos días se han expresado de formas que no corresponden a un espíritu democrático sano, incluida la violencia física, y que han ocasionado la dimisión del Vicepresidente del Consejo Nacional de Transición.
Mientras tanto, las dificultades para lograr una reconciliación han quedado bien patentes de la forma más dura con el estallido de la violencia en Bani Walid. La semana pasada, el Presidente Abdul Jalil me comentaba los problemas que se ha ido encontrando el Consejo Nacional de Transición a la hora de nombrar nuevos líderes para los consejos locales de Bani Walid y Sirte que fueran ampliamente aceptados por los habitantes de las dos ciudades. En el caso de Bani Walid, un comité del Consejo Nacional de Transición había celebrado reuniones con todos los interesados con el fin de encontrar una solución. Tras la visita de mi delegado a las dos ciudades los días 3 y 4 de enero, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) hizo un llamamiento para que se prestara más atención, y que se hicieran más esfuerzos de reconciliación, a fin de acelerar su pleno retorno a la normalidad, y eso es lo que hemos perseguido en nuestros contactos con las autoridades.
Lamentablemente, dado el ambiente tenso existente en la zona, un incidente relacionado con la seguridad originó enfrentamientos entre los miembros de la población local y las brigadas revolucionarias apostadas en la ciudad, en los cuales perdieron la vida varias personas. Se informó erróneamente que las fuerzas pro Al-Qadhafi estaban retomando el control de la ciudad. El Gobierno respondió enviando unidades del ejército nacional, y en estos momentos está reuniéndose con todas las partes interesadas para contener la situación y abordar los problemas políticos y de seguridad subyacentes en Bani Walid.
Cada uno de estos sucesos pone de manifiesto, de formas muy diferentes, los problemas relacionados con el período de transición mientras las autoridades interinas sigan sin tener la plena legitimidad de los órganos electos, tanto en los planos nacional como local. Las protestas de Benghazi empezaron como parte de un movimiento para “corregir el camino de la revolución” y parecen haberse originado a raíz de unos comentarios ampliamente divulgados a principios de diciembre, realizados en el debate sobre la reconciliación nacional, sobre una posible amnistía para los combatientes o miembros del régimen de Al-Qadhafi. Las protestas adquirieron cada vez más importancia hasta convertirse en una plataforma crítica de la actuación del Consejo Nacional de Transición. Los manifestantes exigían una mayor transparencia y responsabilidad, así como que se atendieran las necesidades de los heridos de guerra. También se ha pedido que se prohíba participar a los defensores del anterior régimen en el proceso político y que se les aparte de todas las instituciones del estado, así como que se vuelvan a nombrar consejos locales a partir de unas elecciones municipales. La frustración del pueblo en relación con los errores que se percibe que está cometiendo el Gobierno es cada vez mayor.
Cuando la plena legitimidad solo se puede establecer por medio de elecciones, se debe aceptar cierta legitimidad provisoria para establecer el marco de las primeras elecciones, lo cual es una de las responsabilidades claves del Consejo Nacional de Transición. El Gobierno interino se estableció apenas a finales de noviembre, después de unos meses durante los cuales hubo un vacío casi total de gobernabilidad. La transparencia, la comunicación y la consulta son sin duda elementos importantes para fomentar la confianza en las autoridades provisionales.
Sin embargo, los problemas no solo tienen que ver con el liderazgo de Libia. Los nuevos medios de comunicación aún están muy lejos de ser un canal fiable para transmitir información precisa al público, y la sociedad civil apenas empieza a organizarse en formas que faciliten las consultas. Puede que se haya derribado al antiguo régimen, pero la dura realidad es que el pueblo libio tiene que seguir viviendo con su arraigada herencia: instituciones estatales débiles, a veces ausentes, junto con la larga ausencia de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que hacen la transición en el país más difícil. Todo ello complicado aún más por lo que fue una distorsión sistemática del tejido sociopolítico del país.
Los que tratamos con el gobierno provisional nos encontramos con ministros comprometidos y capaces que luchan por resolver grandes problemas con poca ayuda en un contexto de inexperiencia institucional y una desmesurada burocracia de dudosa competencia y lealtad. Pero el pueblo lo único que percibe es un retraso en la prestación de financiación y de servicios. El acuerdo del comité de sanciones de dejar de cotizar en los mercados bursátiles a petición del Banco Central y del Banco Exterior ha allanado el camino para superar la crisis de liquidez, pero esto apenas está empezando a hacerse notar en las instituciones nacionales y locales, y más aún, en la población en general.
La combinación de unos tiempos ajustados, la inexperiencia en la elaboración de una ley electoral, las deficiencias en la comunicación y la falta de mecanismos adecuados para las consultas han coartado el proceso de redacción del proyecto de ley electoral. El Consejo Nacional de Transición y la mayoría de las partes interesadas mantienen su determinación de respetar el compromiso de la Declaración Constitucional de elegir un congreso nacional antes de finales de junio, lo cual ha dejado un estrecho margen de tiempo para las consultas en el marco legislativo, que debe conllevar algunas decisiones políticas difíciles e inevitablemente polémicas.
Dentro del plazo de tiempo disponible, el comité electoral del Consejo Nacional de Transición hizo grandes esfuerzos por involucrar al pueblo, publicando el proyecto de ley y convocando a una serie de consultas públicas, o participando en ellas. También favoreció la estrecha cooperación con el equipo electoral de la UNSMIL, adoptando muchas de sus recomendaciones técnicas y respondiendo a las inquietudes expresadas en las consultas públicas. Por consiguiente, creemos que tanto la principal ley electoral como la ley de administración electoral paralela, que establece una alta comisión electoral nacional compuesta por 17 miembros, ha mejorado la claridad y la coherencia. La UNSMIL ha expresado su preocupación con respecto a las restricciones en los criterios de elegibilidad para los votantes, así como para los candidatos, y acoge con beneplácito algunos avances realizados a fin de aumentar el carácter inclusivo de esos criterios.
No obstante, las críticas de que las consultas públicas fueron inadecuadas se ven reforzadas por el hecho de que la propuesta de distribución del país en distritos electorales y la asignación de escaños no se han publicado y todavía son objeto de discusión en el seno del Consejo Nacional de Transición. Las distintas agrupaciones políticas están preocupadas porque la ley no menciona los derechos y responsabilidades de los partidos políticos. Una cuestión que inquieta especialmente a la UNSMIL y ciertamente al Secretario General es el rechazo por parte del Consejo Nacional de Transición en pleno de la propuesta del comité electoral que hubiera asegurado la presencia de un 10% de mujeres como mínimo en el Congreso Nacional, una propuesta que algunos grupos de mujeres y representantes de la sociedad civil rechazaron por insuficiente, mientras que según el comité electoral no parece que hubiera un apoyo general de la opinión pública a ningún tipo de cuota.
El Consejo Nacional de Transición ha aprobado la ley de administración electoral y ha nombrado la Alta Comisión Electoral Nacional. Asimismo, tenía previsto anunciar la principal ley electoral el 22 de enero. Sin embargo, ante las protestas en Benghazi, el Consejo Nacional de Transición decidió prolongar las consultas y estudiar ulteriores enmiendas hasta el 29 de enero. Los expertos electorales de la UNSMIL siguen colaborando con el equipo del Consejo Nacional de Transición y están iniciando conversaciones con el Presidente de la Alta Comisión Electoral Nacional con respecto al apoyo de las Naciones Unidas durante la futura etapa operacional. Confiamos especialmente en que la prolongación del período permita reconsiderar la conveniencia de introducir medidas especiales para promover la representación de las mujeres.
Tal como he destacado en todas mis exposiciones informativas anteriores en el Consejo, la seguridad sigue siendo un importante motivo de preocupación. Los acontecimientos acaecidos sobre el terreno este último mes ponen en evidencia los riesgos asociados tanto al exceso de armas que todavía hay en las calles como a la existencia de diversas brigadas armadas en el país sin líneas claras de mando y control. En la capital, los enfrentamientos a principios de enero entre brigadas rivales de Misrata y Trípoli provocaron varios muertos y heridos; otros enfrentamientos armados que se produjeron más tarde en ese mismo mes entre brigadas en Gheryan y Al-Asabah y a principios de esta semana en Bani Walid obligaron a realizar una intervención de alto nivel para poner fin a los enfrentamientos. Aunque las autoridades han logrado contener con éxito esos y otros incidentes menores que se siguen produciendo periódicamente en todo el país, existe la permanente posibilidad de que estallidos de violencia similares aumenten en envergadura y alcance.
Los dirigentes del Gobierno provisional consideran como su mayor prioridad asentar la autoridad del Estado y resolver la cuestión del futuro de los miembros de las brigadas. El éxito de cualquier proceso de integración dependerá de la capacidad de las autoridades para mantener consultas con las partes interesadas pertinentes a fin de alcanzar un consenso sobre la manera de proceder, lo que incluye un acuerdo sobre los procesos de integración o reintegración de los excombatientes, estableciendo al mismo tiempo mecanismos viables para hacer frente con eficacia a los retos en materia de seguridad, incluidos aquellos relacionados con las próximas elecciones. Tal como nos ha demostrado la experiencia en otros lugares, no se puede tratar dicho proceso como si fuera puramente técnico, sino que requiere un marco político para asegurar su viabilidad.
En medio de cierta confusión inicial, un comité interministerial ha iniciado un proceso para crear un registro de excombatientes, cuya primera fase correrá a cargo de consejos locales en todo el país. La información recogida será luego procesada de manera centralizada, tras lo cual se referirá a los inscritos a los Ministerios del Interior, de Defensa o de Trabajo, de acuerdo con sus preferencias. La UNSMIL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo están manteniendo conversaciones con los ministerios y organismos pertinentes sobre sus necesidades de asistencia técnica.
Con respecto a la policía, el Ministerio del Interior enfrenta el doble desafío de integrar a los excombatientes y fortalecer y reformar al mismo tiempo la fuerza de policía heredada, así como su capacitación y administración. A petición del Ministro, la UNSMIL está incrementando su apoyo en materia de asesoramiento directo dentro del Ministerio, y también está apoyando su coordinación general de la asistencia internacional. Varios Estados Miembros han ofrecido capacitación y otro tipo de asistencia, y algunos de ellos han firmado acuerdos bilaterales para prestar apoyo a la fuerza de policía en varias zonas. La asistencia de la UNSMIL incluye el apoyo al Ministerio en la elaboración de una estrategia de capacitación y de planes de estudio para diversos cursos, incluida la seguridad en las elecciones.
De acuerdo con el mandato encomendado a la UNSMIL en virtud de la resolución 2022 (2011), ahora cuento con el apoyo de un asesor especial sobre las amenazas y los desafíos que plantean las armas y el material conexo en Libia. Una de sus responsabilidades es el mantenimiento de la coordinación de los esfuerzos destinados a determinar y eventualmente controlar los sistemas portátiles de defensa antiaérea y otros restos explosivos de guerra, la gestión de los arsenales de municiones y las actividades relativas a las minas. La UNSMIL ha reforzado su equipo con la incorporación de un experto en sistemas portátiles de defensa antiaérea, a fin de apoyar las actuales actividades de levantamiento de mapas, y de un asesor en el establecimiento de registros de armas.
La misión conjunta en diciembre de las Naciones Unidas y la Unión Africana en varios países del Sahel confirmó anteriores evaluaciones en el sentido de que aún hay pocas pruebas del contrabando de sistemas portátiles de defensa antiaérea fuera de Libia en cantidades significativas. Eso refuerza la necesidad de concentrarse en las medidas de control de las armas dentro de Libia. A ese respecto, la UNSMIL ha empezado a copatrocinar con el Ministerio de Defensa un subgrupo operacional sobre los sistemas portátiles de defensa antiaérea, que coordina las actuales actividades bilaterales de determinación y levantamiento de mapas. Mientras que hasta la fecha se han visitado 123 emplazamientos donde se almacenan armas y se han localizado unos 5.000 sistemas y componentes portátiles de defensa antiaérea, acceder a muchos de los arsenales de las brigadas sigue constituyendo un desafío.
Varios donantes se han ofrecido a prestar su apoyo para llevar a cabo iniciativas contra las minas terrestres y los restos explosivos de guerra en el período transcurrido desde la última vez que informé al Consejo y les agradezco esa generosa respuesta. Ahora contamos con 28 equipos de remoción de minas y 30 equipos de educación sobre los peligros, los cuales trabajan en todo el país. No obstante, se registran nuevos señalamientos de minas y contaminación de explosivos casi a diario. La capacidad actual sobre el terreno sigue siendo insuficiente para satisfacer la creciente demanda y, al menos a corto plazo, sigue siendo necesario un mayor apoyo financiero externo para tratar eficazmente esta cuestión hasta que se pueda disponer de fondos libios.
También se ha continuado avanzando en la inspección y verificación de material químico, especialmente de aquel material previamente no declarado localizado tras el fin del régimen anterior e indicado por las nuevas autoridades libias en su declaración del 28 de noviembre. Del 17 al 19 de enero, inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas visitaron los emplazamientos y verificaron las armas químicas declaradas, que consisten en agentes de mostaza de azufre que no se habían cargado en municiones. Libia debe presentar ahora a dicha Organización un plan y un calendario para la destrucción del material declarado antes del final del mes de abril. Varios Estados Miembros han mostrado su respaldo a ese empeño. Con respecto al material nuclear, la posible venta y traslado de los 6.400 barriles de material nuclear almacenado en Sabha sigue revistiendo la máxima prioridad.
Las inquietudes de los vecinos de Libia con respecto a la proliferación de las armas se reflejan en la propia preocupación de Libia de que los antiguos partidarios de Al-Qadhafi se puedan estar reagrupando y entrenando en países vecinos a fin de desestabilizar algunas zonas de Libia. Eso, junto con un incremento de la inmigración ilegal y del tráfico de droga en sus fronteras meridionales, ha hecho que la seguridad y la gestión de las fronteras se conviertan en una prioridad absoluta para el Gobierno provisional. A tal fin, la UNSMIL ha convocado ahora dos reuniones de coordinación con altos representantes de los Ministerios de Defensa, del Interior, de Finanzas y de Relaciones Exteriores y con asociados bilaterales pertinentes, a fin de determinar las necesidades prioritarias de Libia en esta esfera y facilitar propuestas de asistencia. La UNSMIL mantiene una estrecha coordinación con la Unión Europea, que enviará su equipo de evaluación de la gestión de las fronteras en febrero. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones están participando en un subgrupo sobre inmigración ilegal y están prestando apoyo a las autoridades libias con respecto a la actual afluencia de refugiados sirios a través de la frontera con Egipto.
En todas esas cuestiones, resulta indispensable intensificar el diálogo con los vecinos de Libia sobre las amenazas procedentes de un régimen poroso en ambos lados de las fronteras de Libia y dicho diálogo ha sido promovido en las primeras visitas del Ministro de Relaciones Exteriores de Libia a Níger, Malí y el Chad. El Presidente Jean Ping me contó, durante su reciente visita a Trípoli, que había mantenido fructíferas conversaciones con el Gobierno y que había acogido con beneplácito la intención del Primer Ministro El-keib de presidir la delegación de Libia en la Cumbre de la Unión Africana a finales de esta semana.
El Consejo está a punto de oír la declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, por lo que limitaré mis propias observaciones con respecto a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Lamento informar de que solo se han logrado magros avances en la situación de los detenidos desde que informé por última vez al Consejo, y que el sistema de justicia sigue enfrentando importantes desafíos en su funcionamiento. Hasta la fecha, el Ministerio de Justicia ha podido gestionar seis transferencias de centros de detención de las brigadas al Ministerio, dos desde mi última exposición informativa. El proceso de transferir esos centros se ve obstaculizado por muchos factores, como la falta de policía judicial suficiente que asuma las funciones básicas de administración penitenciaria. La UNSMIL sigue presionando al Gobierno para que agilice esas transferencias, de manera que se pueda iniciar un examen exhaustivo de los casos de los detenidos que culmine ya sea en su puesta en libertad ya sea en la presentación formal de cargos de conformidad con las normas jurídicas. El gran volumen de casos de detención está poniendo a prueba la capacidad actual del Ministerio y está generando frustración, lo cual desembocó hace dos semanas en altercados en un centro en el que los presos protestaron por el hecho de que se los continuara reteniendo sin que se siguiera el procedimiento reglamentario.
El estallido de conflictos locales pone de manifiesto que es apremiante adoptar y aplicar un marco nacional para la justicia de transición y la reconciliación. A tal efecto, el Consejo Nacional de Transición ha aprobado una ley sobre justicia de transición, pero hasta ahora no la ha hecho pública, a la espera de que se sigan desarrollando las instituciones judiciales y jurídicas necesarias para aplicar sus disposiciones. En ese sentido, la UNSMIL, en colaboración con el Ministerio de Justicia, así como con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, organizó, del 23 al 25 de enero, una conferencia para hablar del progreso en materia de justicia de transición con interlocutores del Gobierno nacional y miembros de la sociedad civil. El Primer Ministro dio apertura a la conferencia y recalcó la importancia de la justicia de transición para el progreso en Libia.
En cuanto a los esfuerzos de Libia para ubicar e identificar a los desaparecidos, el Gobierno decidió incorporar esa responsabilidad al Ministerio de Asistencia a los Familiares de los Mártires y los Desaparecidos, y disolver la comisión que se había creado en octubre pasado. La UNSMIL sigue decidida a apoyar esos esfuerzos en el marco por el que opte el Gobierno, y ha pedido que esa transferencia al Ministerio no impida que el proceso de búsqueda e identificación de los desaparecidos sea neutral e independiente y se lleve a cabo de conformidad con las normas internacionales. El Primer Ministro y otros funcionarios gubernamentales nos han asegurado que el Gobierno seguirá rigiéndose por esos principios.
Un paso positivo para fomentar la protección de los derechos humanos en Libia fue la creación en diciembre por parte del Consejo Nacional de Transición del Consejo Nacional para las Libertades Públicas y los Derechos Humanos. Actualmente, el Consejo, integrado por 11 miembros que son defensores de los derechos humanos, entre ellos mujeres y jóvenes, está en consultas con funcionarios gubernamentales, la sociedad civil y la comunidad internacional mientras se prepara para su puesta en marcha. La UNSMIL le proporcionará asistencia técnica en atención a su solicitud.
Mi Adjunto, como Coordinador Humanitario, y el Organismo Libio de Socorro Humanitario siguen en conversaciones con representantes de la comunidad de Tawergha desplazada a Benghazi y representantes del consejo local para hablar de maneras de atender las actuales necesidades humanitarias, así como de las posibilidades de promover una solución duradera a esta cuestión. Aproximadamente la mitad de los desplazados internos que quedan en el país son de Tawergha, que, como se informó anteriormente, siguen sin poder regresar a su ciudad de origen.
Los días 30 y 31 de enero, representantes de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial participarán junto con ministros, funcionarios y miembros de la sociedad civil de Libia en un seminario destinado a poner la asistencia de la comunidad internacional en sintonía con las prioridades urgentes del Gobierno. El Gobierno ha decidido que hay que centrarse en siete prioridades gubernamentales que no sean el sector de la seguridad, a saber, la sociedad civil y los medios de comunicación, las elecciones, la administración pública, la gestión de las finanzas públicas, la prestación de servicios sociales, las comunicaciones estratégicas y la justicia de transición. Esperamos que en el seminario se determine si el Gobierno desea proceder con la evaluación de las necesidades en esas esferas y se decida su futuro marco de coordinación de la asistencia internacional.
Después de que el Gobierno determinara sus prioridades, y después de que los ministerios se esforzaran por fijar sus objetivos y metas para el plan de transición nacional, las Naciones Unidas han estado ayudando a la Oficina del Viceprimer Ministro y al Ministerio de Planificación en cuanto a la coordinación dentro del Gobierno y respecto de la asistencia internacional. Ello ha incluido reuniones entre miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país y ministerios para vincular a los organismos con sus respectivos homólogos, de manera que las actividades de las Naciones Unidas en materia de recuperación y desarrollo se ajusten a sus prioridades.
Me complace en sumo grado informar a los miembros del Consejo de que, el 10 de enero, el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Sr. Ashur Saad Bin Khayyal, y yo firmamos el acuerdo sobre el estatuto de la Misión. La firma del acuerdo tan poco tiempo después de que se creara la Misión, a mitad de septiembre, y se formara el Gobierno provisional, a finales de noviembre, refleja la excelente relación que ya se ha establecido. Mientras tanto, hemos consultado a las autoridades libias sobre el papel de la UNSMIL más allá de su actual mandato, y estamos finalizando el proceso de planificación de la misión integrada, que quedará reflejado en las recomendaciones del Secretario General en el informe que ha de presentarse al Consejo para finales de febrero.
Creo que no cuesta entender el contexto de dificultades que afrontan las autoridades provisionales de Libia y que se han manifestado en los últimos días. Sin lugar a dudas, hace falta una gestión política decidida por parte de los dirigentes de la transición, que deben contar con el espacio necesario para ocuparse de sus prioridades internas, en lugar de los intereses a más largo plazo de los agentes externos. La UNSMIL sigue centrada en apoyarlos en esos desafíos fundamentales, y eso quedará recogido en las propuestas que espero tratar con el Consejo sobre la base de las recomendaciones del Secretario General en marzo.

El Presidente (habla en inglés): Doy las gracias al Sr. Martin por su exposición informativa. Tiene ahora la palabra la Sra. Pillay.

Sra. Pillay (habla en inglés): Doy las gracias al Consejo por haberme invitado a informarle sobre la evolución de la situación de los derechos humanos en Libia. Celebro la atención que el Consejo sigue dedicando a la situación de ese país, que es frágil.
Con valentía y resiliencia, el pueblo libio ha salido de 42 años de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En las semanas que siguieron a la declaración de liberación, el desafío que tenía ante sí era crear las condiciones necesarias para lograr la estabilidad y la seguridad a largo plazo y velar por el respeto del estado de derecho y los derechos humanos. En ese sentido, es esencial desarrollar y aplicar políticas de justicia de transición inclusivas, transparentes y enfocadas a las víctimas.
Es muy importante que las autoridades provisionales hayan expresado reiteradamente su compromiso con los derechos humanos y hayan adoptado medidas positivas. En noviembre de 2011, el Primer Ministro interino, Sr. Abdurrahim El-keib, dijo a los medios de comunicación que su Gobierno “construiría una nación en la que se respeten los derechos humanos y no se acepte el abuso de los derechos humanos”. Señaló que necesitan tiempo para llevar esa idea a la práctica. Tal como el Sr. Martin ha señalado, en diciembre se creó el Consejo Nacional para las Libertades Públicas y los Derechos Humanos.
Además, las autoridades han empezado la ardua tarea de emprender una reforma jurídica y la aprobación de legislación nueva. En ese sentido, es importante la aprobación de una ley sobre justicia de transición, que todavía tiene que hacerse pública, sobre la cual la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aportó observaciones detalladas a través del personal de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL). Felicito a las autoridades libias por la urgencia con la que se están ocupando de las cuestiones apremiantes mediante el fortalecimiento del marco jurídico. Antes de promulgar nuevas leyes, hay que proceder con cautela para asegurarse de que estén en consonancia con las normas internacionales sobre los derechos humanos y de que se celebren consultas amplias sobre sus disposiciones con todos los agentes e interesados pertinentes.
Por otro lado, la situación en materia de derechos humanos sigue siendo preocupante y la comunidad internacional debe seguirla con más atención y proporcionar una asistencia sostenida en ese sentido. Sin lugar a dudas, quedan por delante enormes desafíos. El Gobierno interino sigue sin ejercer un control efectivo sobre las brigadas revolucionarias, lo cual tiene repercusiones en varias esferas en materia de derechos humanos. El armamento ligero y pesado que está en manos de esas brigadas supone una amenaza para la seguridad pública y la protección de los derechos humanos de la población.
Una esfera conexa que me preocupa sumamente son las condiciones de detención y el trato dispensado a las personas retenidas por diversas brigadas revolucionarias. Entre marzo y diciembre de 2011, el Comité Internacional de la Cruz Roja visitó a más de 8.500 detenidos en aproximadamente 60 centros de detención. La mayoría de los detenidos están acusados de ser leales a Al-Qadhafi y entre ellos hay un gran número de ciudadanos de países del África subsahariana. La falta de supervisión por parte de las autoridades centrales genera condiciones propicias a la tortura y el maltrato. Mi personal ha recibido informes alarmantes en el sentido de que esto está ocurriendo en los lugares de detención que ha visitado.
Por tanto, es urgente que todos los centros de detención sean controlados por el Ministerio de Justicia y la Oficina del Fiscal General. Además, debería establecerse de inmediato una estructura y un proceso para el examen judicial de los detenidos, de modo que los presos que hayan sido detenidos sin fundamento jurídico puedan ser liberados, mientras los demás reciben un juicio justo.
El Gobierno provisional se ha esforzado en cierta medida por resolver el vacío jurídico existente. Por ejemplo, el 29 de noviembre de 2011, el Ministro del Interior dictó una decisión en la que estipulaba cuáles eran las autoridades que tenían jurisdicción para arrestar, detener e investigar. Además, en diciembre, el Ministro de Justicia informó de que la policía judicial había asumido el control de seis centros de detención. Sin embargo, los detenidos permanecen retenidos en circunstancias inaceptables al margen de todo marco jurídico o de la protección del Estado.
La situación de las personas sujetas al desplazamiento interno forzoso e involuntario también sigue siendo motivo de preocupación. De acuerdo con las estimaciones de las Naciones Unidas, en enero, el 60% de los libios han podido regresar a sus hogares en las ciudades de Bani Walid y Sirte después del fin de los enfrentamientos. No obstante, varios otros grupos no pueden regresar a sus hogares por temor a las represalias. Por ejemplo, unos 35.000 residentes de Tawergha, que han sido acusados por los residentes de la cercana ciudad de Misrata de haber participado en delitos graves, viven en campamentos o en otros lugares de alojamiento en todo el país. Muchos de ellos han sido detenidos por las brigadas revolucionarias, y muchos han informado de que han sido sometidos a torturas.
No debemos olvidar la situación de la mujer en Libia. A pesar de que en años anteriores se registraron algunos logros en favor de los derechos de la mujer, en la ley y en la práctica, persisten la desigualdad y la discriminación en muchos aspectos de la vida de la mujer. Existen distintas opiniones en la sociedad libia sobre la condición jurídica y social de la mujer y su papel en la sociedad. Teniendo en cuenta la reciente decisión del Consejo Nacional de Transición de que no estipule un porcentaje mínimo para la representación de las mujeres en el Congreso Nacional, quisiera recalcar que facilitar una participación más activa de las mujeres en la vida pública será un paso hacia delante esencial para garantizar que la revolución proporcione logros significativos para las mujeres y las niñas de todo el país.
Además de abordar las preocupaciones actuales con relación a los derechos humanos, los libios enfrentan el enorme desafío de ocuparse de los abusos que se cometieron en el pasado. Entre ellos cabe citar las violaciones cometidas durante el régimen anterior, así como las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto, como se documenta en el primer informe de la comisión internacional de investigación sobre Libia, establecida por mandato del Consejo de Derechos Humanos (véase A/HRC/17/44).
No debemos olvidar que el pueblo libio se rebeló para derrocar a un gobernante tiránico, cuyo régimen cometió violaciones atroces de derechos humanos contra su pueblo. La tortura, las matanzas ilegales y las desapariciones forzadas eran prácticas generalizadas. Las familias de los desaparecidos, incluidos más de 1.200 prisioneros que presuntamente murieron en la matanza cometida en la cárcel de Abu Salim en 1996, siguen esperando que se revele la verdad y que se haga justicia. Los actos que sencillamente suponían el ejercicio de la libertad de expresión y asociación a menudo daban lugar a la pena de muerte, incluso después de haberse celebrado juicios injustos ante el Tribunal del Pueblo y, posteriormente, ante el Tribunal de Seguridad del Estado.
Encomio el compromiso expresado por las autoridades libias con relación a los procesos y los mecanismos de la justicia de transición, lo cual permitiría a Libia hacer frente a estos abusos. Estamos dispuestos a prestar asistencia en ese sentido. Esos procesos deberían llevar a las reformas legislativas e institucionales, incluso en el sector de la seguridad, que se necesitan para garantizar que haya justicia y rendición de cuentas, se indemnice a las víctimas y se les dé garantías de que no se repetirán estas situaciones, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Además, el derecho internacional estipula el enjuiciamiento de las personas que pueden ser penalmente responsables de delitos internacionales.
Además, está pendiente la cuestión relacionada con las posibles muertes de civiles a causa de las operaciones de la OTAN. Actualmente, la comisión investiga estas acusaciones. Las conclusiones a que llegue serán importantes para esclarecer hasta qué punto las fuerzas de la OTAN adoptaron todas las medidas viables para proteger a los civiles en todas sus operaciones militares. La información de que se dispone hasta ahora indica que la OTAN procuró reducir al mínimo el número de víctimas civiles, pero en los casos en que los civiles hayan resultado muertos o heridos, la Alianza deberá divulgar la información de que disponga sobre todos estos casos y adoptar medidas correctivas.
Las investigaciones que realiza actualmente la comisión tienen por objeto también profundizar las conclusiones iniciales sobre la cuestión relativa a la violencia sexual, en particular, para determinar si los casos estaban vinculados a la incitación por parte del mando de cualquiera de las partes y en qué medida. Pido a todas las partes, incluida la OTAN, que cooperen plenamente con la comisión de investigación en la fase actual y última de sus investigaciones sobre estas y otras cuestiones.
En esta fase de las investigaciones de la comisión los miembros de la Secretaría y los miembros de la comisión se encuentran actualmente en Libia para llevar a cabo la última de las tres misiones. El 9 de marzo, los miembros de la comisión analizarán las conclusiones de su informe final con los miembros del Consejo de Derechos Humanos.
Tras la publicación de este segundo informe, debería centrarse la atención en la aplicación de todas las recomendaciones formuladas por la comisión. Con el apoyo de mi Oficina, la Sección de Derechos Humanos de la UNSMIL, establecida por mandato del Consejo, desempeñará un papel importante en este sentido.
Además del apoyo que la Secretaría ha prestado a la comisión, en octubre, envié dos funcionarios de categoría superior de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Trípoli, Benghazi y Misrata en una misión de una semana para evaluar las necesidades y prestar asistencia para establecer las prioridades del componente de derechos humanos en la UNSMIL. En sus deliberaciones con los representantes del Gobierno y los nuevos agentes de la sociedad civil, se prestó especial atención a las cuestiones relacionadas con la justicia de transición, la detención, los derechos de la mujer, las minorías, los migrantes, el racismo y la xenofobia. Con el establecimiento de la Sección de Derechos Humanos en el seno de la UNSMIL, dirigida por mi representante, envié a funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con carácter temporal para estimular la capacidad. He iniciado una consultoría para fortalecer la capacidad de la sociedad civil en la vigilancia y la defensa de la protección de los derechos humanos.
Para concluir, permítaseme hacer hincapié en los aspectos siguientes. En primer lugar, deben adoptarse medidas urgentes para poner fin a los abusos actuales, en particular los que tienen lugar durante la detención.
En segundo lugar, celebro la atención prioritaria que las autoridades prestan a los procesos y los mecanismos de la justicia de transición, y las aliento a que pronto hagan realidad su compromiso con la justicia de transición. Estos procesos y mecanismos deben abordar tanto los abusos que cometió el régimen anterior como los que cometieron todos los agentes durante el conflicto, y deben establecerse tras una consulta nacional informada.
En tercer lugar, en las tareas esenciales de los próximos meses y semanas, las autoridades deberían utilizar a los activistas y las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres y jóvenes, como recurso clave para encarar una serie de retos sociales y políticos. Las consultas exhaustivas con los grupos de la sociedad civil serán fundamentales para idear soluciones duraderas de los problemas de hoy.
Por último, quisiera reiterar el compromiso de mi Oficina de seguir respaldando al pueblo libio a fin de que pueda concretar sus derechos. Al trabajar de consuno, la UNSMIL, la Sección de Derechos Humanos y la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos están dispuestas a responder a las solicitudes de asistencia técnica, por ejemplo, en el ámbito de la reforma jurídica e institucional; ayudar en los procesos de consulta; fomentar las capacidades, incluidas las de las instituciones estatales clave, como las instituciones policiales, judiciales y penitenciarias; y seguir de cerca los hechos relacionados con los derechos humanos e informar al respecto.
En última instancia, la tarea del pueblo libio es forjar su propio futuro sobre una base firme de respeto del estado de derecho y de las normas internacionales relativas a los derechos humanos.

El Presidente (habla en inglés): Doy las gracias a la Sra. Pillay por su exposición informativa.
Tiene ahora la palabra el representante de Libia.

Sr. Shalgham (Libia) (habla en árabe): Sr. Presidente: Deseo darle las gracias por la convocación de esta sesión para que podamos seguir la evolución de la situación en Libia. Quisiera dar la bienvenida al Sr. Ian Martin y darle las gracias por los esfuerzos que ha desplegado en Libia. Puedo decir que ha sido capaz de crear una relación sólida con las partes interesadas. Cada vez que visito Libia me reúno y hablo con él. Considero que su enfoque producirá resultados óptimos. Quisiera igualmente dar las gracias a la Sra. Pillay por su presencia en este Salón y por sus esfuerzos por evaluar la situación en Libia.
Todos los miembros del Consejo son conscientes de lo que sucedió en Libia. Hemos tenido una guerra atroz, en la que se cometieron actos que van en contra de la naturaleza de la sociedad libia y de nuestros preceptos y cultura árabes e islámicos. Bajo las órdenes de Muammar Al-Qadhafi se realizaron masacres y violaciones. En una familia, el padre, el abuelo y la hija fueron violados por orden de Al-Qadhafi. En Zuwara niñas de entre 14 y 15 años fueron violadas, y sus cuerpos desnudos y ensangrentados fueron arrojados a las calles. Fue una verdadera tragedia.
La situación no es brillante. Existen complicaciones y problemas. Hay un gobierno provisional y un Consejo de Transición Nacional. Hay poder sin legitimidad y legitimidad sin poder. Existen jóvenes armados que necesitan estructura y liderazgo. Existen centros de detención que no conocemos y que no están sujetos al control del Estado. No aceptamos y condenamos el uso de esos centros de detención. Sin embargo, el punto clave es que no aceptaremos errores, ni vamos a tratar de ocultarlos. Se han cometido errores y ha habido transgresiones y complicaciones, pero no los aprobamos o aceptamos. Realizaremos cambios.
Hay una ley electoral, sobre la que el Sr. Abdel Jalil indicó que se habían hecho 14.000 comentarios. Yo mismo tengo algunos comentarios, que he compartido con el Sr. Jalil. La cuestión de la exclusión ha sido completamente rechazada. Hemos dicho solamente que aquellos cuyas manos se han manchado con sangre libia y los que han robado el dinero de los libios tendrán que enfrentarse a la justicia. Como Embajador y Ministro bajo Al-Qadhafi, seré el primero en someterme a cualquier proceso judicial de esa índole.
Tenemos una ley de justicia interina, que aún no está plenamente vigente. Hay aproximadamente 8.000 presos detenidos en Trípoli. Hemos hablado con nuestros hermanos allí y han dicho que todas las personas que no cometieron ningún delito ni participaron en las masacres pueden obtener sus pasaportes sin demora, pero que deben ser vigiladas.
El 17 de febrero se inició la revolución con el fin de proteger las leyes y los derechos humanos. En Benghazi, la revolución fue provocada por la masacre ocurrida en la prisión de Abu Salim. Fue una revolución a favor de la justicia y los derechos humanos. La Sra. Pillay y el Sr. Martin no hicieron distinción entre los tuaregs de cerca de Misrata y los de Argelia; muy a menudo los dos grupos se confunden. Los tuaregs son ciudadanos libios que no fueron afectados, pero Al-Qadhafi se puso en contacto con los tuaregs de Malí y Níger para que le sirvieran. Pedimos que estos regresaran a sus hogares. Sin embargo, los tuaregs de Libia son personas respetadas y permanecerán en sus hogares de Libia. Los tuaregs, cuyos orígenes son del África negra, permanecieron cerca de Misrata después de la abolición de la esclavitud. No fueron objeto de ataques porque fueran negros, sino porque apoyaron a Al-Qadhafi y participaron en violaciones y otros delitos en Misrata. Traté de lograr la reconciliación, pero nos faltó tiempo. Hemos pedido a los líderes religiosos que intervengan a fin de lograr la reconciliación en Benghazi y Trípoli, y esperamos encontrar una solución en un futuro próximo.
En cuanto a los asuntos administrativos de Libia, personalmente considero que hemos estado un poco fuera de lugar. El país no se dividió en gobernaciones o incluso en estados, lo que crea complicaciones en lo que atañe a la organización de las elecciones. Existe cierta confusión al respecto. Anteayer hablé con el Sr. Martin y le señalé que era posible para él y su equipo investigar sobre los temas y preparativos administrativos en Libia.
No se debe olvidar a los combatientes armados. Son los que iniciaron la revolución. Son los que han hecho el sacrificio. O bien creamos un consejo consultivo para ellos, o algunos de ellos pueden convertirse en miembros del Consejo Nacional de Transición. Algunos son doctores, profesores universitarios y abogados. No podemos excluirlos o marginarlos. Eso sería impensable. No podemos controlar a Libia con un solo grupo de personas que han vivido fuera de nuestro país durante más de 30 años y que no están familiarizados con él. A nuestros hermanos de Libia les hemos dicho lo mismo con toda franqueza.
En cuanto a la reconciliación, es un tema sumamente importante. Siguiendo los ejemplos de Sudáfrica o del Reino de Marruecos, los líderes religiosos, los ancianos y los expertos pueden asumir el papel de la reconciliación. La reconciliación es muy importante. Debemos rechazar cualquier política de exclusión en ese proceso.
Volviendo a la cuestión de las mujeres, las estadísticas muestran que las mujeres representan más del 53% de la población de Libia. Anteriormente se hizo referencia al índice de un 10% de la participación política de las mujeres. Creo que se han eliminado esas cuotas. En la Unión Africana disponemos de una decisión basada en el género que incrementa considerablemente la cuota de la participación política y legislativa de las mujeres hasta llegar al 50%. Por consiguiente, hemos eliminado ese 10% de la cuota.
Si deseamos crear una sociedad moderna no podemos excluir a la mujer de esa sociedad, no podemos subestimar su papel. Tal cosa no está contemplada en la ley islámica. El Islam no excluye o discrimina a la mujer. Será imposible alcanzar el progreso mediante la discriminación. Necesitamos al menos un 30% de representación de la mujer, pero si negamos el papel de la mujer, entonces no habrá desarrollo. En Egipto, en Libia, en Túnez, las mujeres dicen que no votarán por alguien que no escucha su voz. En realidad voto y voz son una misma palabra en árabe: “saut”. De manera que tenemos que prestar atención a esta cuestión de la mujer, y debemos hacerlo con audacia y sin timidez.
El progreso y la libertad no pueden partir de posiciones retrógradas. Después de la Segunda Guerra Mundial en Europa se produjo un movimiento religioso. Después de lo que había sucedido las personas buscaron la religión y sus valores. Eso es algo positivo. Lo que estamos viendo aquí son los principios esenciales del Islam: la tolerancia, la coexistencia, el perdón. El Islam no significa esclavitud, no significa el empleo de la mutilación o el apedreamiento como castigo. Abogamos por los valores y las enseñanzas del Islam. El Corán estipula la tolerancia, el perdón, el amor por la familia y los huérfanos y el castigo a quienes cometen asesinatos o privan a otros de la vida o de su prosperidad. Esos son los valores que necesitamos, no la retórica de la venganza.
En Bani Walid, por ejemplo, ocurrieron varios incidentes. Por supuesto, todo sucedió en un entorno en el que se enfrentaron partidarios y enemigos de Qadhafi. Algunos miembros de mi delegación son de Bani Walid, y, efectivamente, después de 42 años de vivir en una sociedad cerrada y de represión y derramamiento de sangre, tuvieron lugar ciertos incidentes internos.
En términos generales, hay un aspecto positivo: la gran libertad que se respira hoy en Libia gracias a la nueva apertura y al proceso de debate. La democracia hace posible gestionar y manejar las diferencias de opinión. Las dictaduras imponen los acuerdos. Esto de gestionar las diferencias es algo nuevo para nosotros. Desde su mismo comienzo, Libia jamás había tenido partidos políticos ni sindicatos. No los tuvo, incluso, bajo el Rey. Solamente, y por el espacio de un año, tuvimos partidos políticos cuando Libia era un protectorado británico. Las cosas toman tiempo. Por supuesto, tenemos problemas. Sin embargo, la libertad, la democracia y la apertura están en pleno florecimiento y el pueblo libio tiene ansias de progreso.
Somos una nación de solo 7 millones de habitantes. Disponemos de importantes recursos, incluso humanos. Más de 20.000 libios han estudiado en universidades de los Estados Unidos. Más del 90% de las mujeres libias han recibido educación, al igual que el 95% de los hombres. También contamos con importantes recursos naturales en todos los niveles.
En cuanto a las víctimas de la OTAN, hubo cuatro incidentes. En Brega, la OTAN bombardeó tanques revolucionarios. El comandante de las fuerzas me dijo que los revolucionarios habían llevado a cabo una maniobra no programada y que por ello habían sido víctimas del bombardeo. Después de otro grave incidente, Al-Qadhafi dijo que la OTAN había bombardeado a civiles, pero envió sus tropas a lugares como escuelas y hospitales donde había civiles. Hubo otro incidente, por el cual la OTAN se disculpó. En cuanto al incidente restante, ocurrió que uno de esos responsables había almacenado armas en una casa de familia, y supuestamente el lugar fue bombardeado por la OTAN. Sin embargo, hemos recibido información de que fue el propio Al-Qadhafi quien bombardeó la casa. Este incidente se está investigando.
Tengo una información que deseo compartir con los miembros. Se registraron 1.800 llamadas telefónicas entre Al-Qadhafi y el Sr. Al-Mahmoudi, que era el Primer Ministro en ese momento, y el Sr. Al-Mahmoudi pidió al Jefe del Hospital Al Khadra que depositara los cadáveres de las víctimas de Al-Qadhafi en los lugares que había bombardeado la OTAN. El Jefe del hospital respondió que las familias de las víctimas se negaban a permitir tal cosa. Hubo una conversación entre un padre y su hijo, en la que el padre decía que su hijo había sido herido por la OTAN, mientras por detrás se escucha la voz de la madre diciendo que eso era una mentira, y que su hijo había muerto en un accidente automovilístico. Repito, hubo 1.800 conversaciones, que transcribiremos y de cuya transcripción enviaremos una copia al Consejo. Hay personas que dicen que se habían abierto tumbas que luego quedaron vacías porque no había más cuerpos para colocar en ellas.
El 25 de febrero dije que, si la OTAN no intervenía, para marzo Benghazi se convertiría en la mayor fosa común del mundo. Al-Qadhafi había enviado una columna militar de 60 kilómetros de largo para destruir Benghazi. Espero que las acusaciones contra la OTAN no se utilicen como excusa para proteger a otros tiranos. Espero que eso no ocurra.
Todos sabemos de historia. Todos sabemos cómo Polonia y Francia fueron liberadas de los nazis, y cómo Kuwait se libró de Saddam Hussein. Uno de los médicos que estaban muy cerca de Muammar Al-Qadhafi me dijo que la OTAN fue tan precisa que si deseaban cortar una oreja, podían hacerlo dejando el resto del cuerpo intacto.
En cuanto a la lista de nombres, el Centro Palestino de Derechos Humanos, la Asociación Árabe de Derechos Humanos y el Grupo de Derecho Internacional Público vinieron a vernos en Libia. Les abrimos las puertas de cárceles y hospitales y comenzaron las investigaciones, incluidas las actividades de la OTAN.
Hace dos horas, recibí un mensaje de Trípoli sobre las víctimas civiles de la OTAN. Ya hemos creado una comisión para recopilar información del Consejo Nacional de Transición, el Ministerio de Asuntos Exteriores, los Ministerios de Defensa, Justicia e Interior y el Consejo de Derechos Humanos, tal y como ha indicado la Sra. Pillay, con el fin de recaudar información de los lugares que fueron objetivo de la OTAN.
En segundo lugar, se celebrarán consultas con el Embajador Dirk Brengelmann, el Ayudante del Secretario General de la OTAN, que se encuentra en estos momentos en Libia y ha iniciado hoy las conversaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores.
La nueva Libia está dispuesta a colaborar con cualquier órgano de investigación internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Tenemos la intención de crear un mecanismo para indemnizar a las víctimas con apoyo financiero y moral en cuanto hayamos obtenido los resultados de las investigaciones, los cuales saldrán todos publicados.
Uno de mis ayudantes me mostró una orden de quemarme a mí y a todos los miembros de mi familia en mi pueblo. Uno de mis sobrinos fue hallado muerto. Uno de mis primos fue asesinado; otro vio cómo abatían a tiros a todos los miembros de su familia. De no haber sido por la protección de los revolucionarios del norte y de la OTAN, habrían matado a toda mi tribu. En Benghazi habrían muerto más de 500.000 personas. En el espacio de una hora, las fuerzas de Al-Qadhafi mataron a 95 personas en Benghazi. Dos aviones MiG bombardearon Benghazi, y eso no fue obra de las fuerzas de la OTAN. En un mes, Misrata, Brega, Ajdabiya, Zawiya, Fashloom y otras ciudades fueron destruidas. Se profanaron y saquearon algunas tumbas. Y no fue la OTAN quien lo hizo.
Con respecto a la retórica sobre los cristianos y los cruzados de las fuerzas de la OTAN, debo señalar que había gente de Qatar, Jorda

Red Voltaire

Voltaire, edición Internacional

Artículo bajo licencia Creative Commons

La Red Voltaire autoriza la reproducción de sus artículos a condición de que se cite la fuente y de que no sean modificados ni utilizados con fines comerciales (licencia CC BY-NC-ND).

Ayude a la Red Voltaire

Usted consulta nuestro sitio porque la calidad de sus artículos le ayuda a comprender los acontecimientos internacionales. Necesitamos su contribución personal para poder continuar nuestro trabajo.
Ayúdenos con su donación.

¿Cómo participar en la Red Voltaire?

La Red Voltaire se compone de voluntarios que no reciben remuneración.
- Si usted es traductor de nivel profesional, puede participar en la traducción de nuestros artículos.